Este viernes empezó a regir un alza nacional de 3%, en promedio, que afecta a 2.189 pasajes de autobús (62% de 3.563 pasajes en total). El resto de tarifas (1.374, 38%) quedó excluido por incumplimiento de requisitos de los transportistas.
En los casos en los que corresponde, el aumento ya se traduce para los usuarios en montos de entre ¢5 y ¢260 y se distribuyen de la siguiente manera:
1.400 tarifas subieron entre ¢5 y ¢20; 547 aumentaron entre ¢25 y ¢50. Otros 135 pasajes se encarecieron entre ¢55 y ¢100 y los mayores incrementos se concentran en 94 pasajes con subidas de ¢105 a ¢260.
La decisión de la Autoridad se publicó este jueves en el Alcance N°. 172 del diario oficial La Gaceta y corresponde al ajuste del segundo semestre del 2018. En ese enlace se detallan únicamente las rutas con aumentos.
Este segundo incremento anual lo realiza la Aresep de oficio al actualizar los costos operativos de quienes atienden las 584 rutas que operan en el país, siempre y cuando estén al día con sus obligaciones. Las empresas que atienden las rutas suman actualmente 365.
El alza se debe a la aplicación de la metodología extraordinaria, en vigencia desde 2012, por la cual la Aresep traslada cada semestre a los usuarios de autobús variaciones como aumentos salariales y el costo de insumos como llantas, lubricantes y combustibles.
En este caso, el alza responde, casi en su totalidad, al aumento en los últimos seis meses del precio del diésel. En el ajuste del semestre anterior se actualizaron otros rubros como monto del seguro obligatorio y conceptos relacionados, impuesto a la propiedad de los autobuses, seguro voluntario para las coberturas de responsabilidad civil (coberturas A y C) y la revisión técnica vehicular; entre otras.
Los pasajes que no fueron actualizados conservarán su valor al menos otro mes o incluso más. Esto se debe que los prestadores del servicio excluidos del ajuste aún disponen de un mes de tiempo para actualizar sus requisitos de operación y aspirar al cambio tarifario.
Esa falta de requisitos puede ser por una o varias razones, como falta de pago de cargas sociales, o de impuestos de ley o que no entregaron sus estados financieros a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).