La ausencia de una estrategia crediticia dificulta a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) recuperar unos ¢12.000 millones que había prestado a diciembre de 2018, para financiar proyectos productivos, becas universitarias, programas de salud y obras de infraestructura, entre otros.
De ese monto, ¢4.200 millones se encuentran en cobro judicial por el impago de los beneficiarios, mientras que otros préstamos por ¢2.300 millones presentan atraso.
Así lo determinó un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), que desde 2013 ordenó a Judesur crear e implementar una política crediticia, con el propósito de reducir la morosidad en su cartera de préstamos.
“Judesur no dispone de una estrategia para la selección y priorización de los créditos considerando el entorno y necesidades de la zona sur, ya que los recursos se asignan por solicitud y no de manera planificada”, señaló Jessica Víquez, gerente de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría.
Según el informe, por ejemplo, el atraso en el pago de préstamos que financiaron proyectos de desarrollo productivo aumentó un 133% en 2018.
Edwin Duarte, presidente de la Junta de Desarrollo, afirmó que la institución dejó de otorgar créditos en el 2016 debido a los problemas de cobro que tenían, y que ahora se encuentran con procesos judiciales para la recuperación de los dineros.
“En cuanto a la cartera de cobros, nosotros hemos insistido, sesión tras sesión, en sacar todo a cobro judicial. Intervinimos el Departamento de Cobro en 2016 y 2017 tras un informe de auditoría de la Contraloría que nos advirtió de los problemas”, señaló Duarte.
Una de las iniciativas financiadas por Judesur fue el matadero, ubicado en Ciudad Neily. Ese proyecto buscaba apoyar la diversificación de las actividades productivas de la región sur. Sin embargo, los inversionistas lo abandonaron, el plan fracasó y la Junta tuvo que recuperar el activo, mientras continúa el proceso de cobro judicial.
Según explicó Duarte, solo para ese proyecto asignaron cerca de ¢2.000 millones.
El director ejecutivo de la Junta, Federico Fallas, agregó que el aumento en la mora de la cartera de préstamos obedece a la depresión económica que enfrenta esa región, además de otros factores como enfermedades en plantaciones de palma y café.
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“Hay estudiantes que financian su carrera universitaria con Judesur, con tasas muy cómodas, pero que al finalizar su carrera no obtienen un trabajo por la situación, y si no se pueden contratar ¿cómo van a pagar a Judesur sus créditos? y Judesur tiene de por medio una situación de desarrollo, no es una simple entidad financiera. No se gana nada quitándole la garantía de la casa a uno de esos estudiantes”, señaló Fallas.
Según Fallas, recientemente aprobaron un reglamento que pone al día la estrategia demandada por la Contraloría y ahora sigue su trámite en el Gobierno para la publicación del decreto ejecutivo que lo pondría en funcionamiento.
En febrero de este año, Judesur retomó los financiamientos a estudiantes universitarios, pero se mantiene suspendido el apoyo financiero a otro tipo de iniciativas.
La entidad semiautónoma ofrece financiamientos reembolsables y no reembolsables para proyectos que busquen el desarrollo socioeconómico de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus.
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En 2014, durante la administración de Luis Guillermo Solís, el Gobierno intervino Judesur y destituyó a sus directivos luego de que detectaran supuestas contrataciones de familiares, pagos indebidos de dietas y hasta condonación especial de deudas por parte de los entonces funcionarios.
La intervención a la Junta Directiva de Judesur terminó en 2016, cuando se nombraron a los nuevos directivos de la entidad.