Juan Diego Córdoba, Irene Vizcaíno.   3 octubre
El contrato de concesión obliga a Japdeva a invertir los recursos del canon del megapuerto en el desarrollo económico de Limón. Fotografía: Alonso Tenorio

La entrada y salida de contenedores de carga en el megapuerto de Moín ha generado en los últimos 11 meses ¢5.500 millones ($9,5 millones) que, por ley, deben ser invertidos en obras de desarrollo social y económico de Limón.

Sin embargo, ni un solo colón ha sido destinado a ese fin porque el dinero se acumula cada mes en las cuentas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entidad responsable de administrar y distribuir el canon que paga la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Esos fondos corresponden al 7,5% de los ingresos netos mensuales que percibe el megapuerto y que debe transferir a la entidad portuaria, como lo establece el contrato de concesión de 33 años dado a la empresa holandesa APM Terminals.

Mientras tanto, los limonenses demandan inversiones públicas que muevan su economía con el fin de atacar la pobreza que afecta al 27% de la población (en el país, es del 21%) y el desempleo que afecta al 12% de sus habitantes.

Los recursos generados por la TCM entre noviembre y setiembre no solo están en desuso, sino que ni siquiera han sido puestos en un fideicomiso, como se comprometió Japdeva desde junio del 2016, cuando anunció en un comunicado de prensa que la intención es “financiar, gestionar y ejecutar proyectos estratégicos que promuevan la competitividad, la innovación y la generación de empleo”.

Tampoco se conoce el plan de proyectos a financiar con el canon del megapuerto, aunque sobre la mesa hay muchas propuestas poco aterrizadas.

Inclusive, los jerarcas de Gobierno involucrados en la situación de Limón no saben responder en qué iniciativas se va a aprovechar el canon.

En una entrevista en Diálogos de La Nación, el 1.° de agosto anterior, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, aseguró que “hay un par de proyectos postulados” aunque no precisó cuáles.

“Ciertamente yo no estaría preocupada porque haya proyectos en qué invertir que puedan impactar Limón, porque de esos hay muchos. Lo importante es que pasen por el filtro técnico para que impacten a la mayor cantidad de la población y que generen cambios estructurales (...) hay algunos que tienen que ver con productividad, infraestructura, empleo...", señaló Centeno.

En Casa Presidencial tampoco tienen claro el uso que se le va a dar a los recursos, a pesar de que el vicepresidente Marvin Rodríguez dirige el foro denominado Mesa Caribe, creado para buscar respuestas y planes para Limón.

“Evidentemente en Mesa Caribe –declaró Rodríguez– tenemos un plan de acción que da el derrotero de las cosas que debemos hacer en la provincia, pero ciertamente todo lo que tiene que ver con el canon y el fideicomiso está bajo la responsabilidad de Japdeva, de manera que sería imprudente ponerme a dar apreciaciones, puesto que la responsable directa es la presidenta ejecutiva de Japdeva”.

Rodríguez agregó que esa labor continuará en manos de Japdeva y en Casa Presidencial no pretenden atribuirse o delegar esas funciones a otra institución pública, pese a que la entidad portuaria enfrenta un complejo proceso de reestructuración para liquidar a hasta el 80% del personal, al mismo tiempo que trabaja en la contratación del fideicomiso, todo bajo una crisis financiera.

Lo único claro es que el canon no se puede utilizar para resolver esa crisis ni pagar prestaciones.

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Los diputados limonenses denuncian que tanto la Japdeva como el Gobierno han tenido poca transparencia en la administración de esos recursos. Uno de ellos es Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN).

“Han mantenido una especie de secretismo inconveniente. Deben poner sobre la mesa en qué se está pensando invertir esos recursos, porque definitivamente no aceptaremos que sea para otra cosa que para darle impulso al desarrollo de la vertiente Atlántica”, señaló.

Un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), en junio, advirtió sobre el desorden y la falta de planificación con la que Japdeva maneja los fondos públicos para programas de desarrollo, que años anteriores generaba las operaciones del muelle público.

El canon representará $1.000 millones para inversiones en Limón en los próximos 29 años.

Japdeva, como operador de los puertos de Limón antes de la entrada de APM, también debía destinar para de sus ingresos al desarrollo social y económico de los caribeños, pero, el dinero cada vez fue menos porque se lo comían los salarios y sobresueldos de los 1.500 trabajadores que llegó a tener la entidad.

En el 2013, giró ¢3.662 millones para obras, 6% menos que un año antes. Y el monto cayó a ¢10 millones en el 2017.

Los ingresos transferidos por el megapuerto deben invertirse únicamente en los cantones del Caribe. Fotografía: Alonso Tenorio.
Administraciones dejaron pasar nueve años sin fijar rumbo

La incertidumbre reina en torno al canon del megapuerto, a pesar de que se tenía conocimiento del ingreso de los recursos desde que se firmó el contrato de concesión del megapuerto, en 2011.

Desde entonces pasaron los gobiernos de Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018), sin que ninguna de las dos administraciones dejaran preparado ni el mecanismo bancario para administrar los fondos ni proyectos con estudios de factibilidad para invertir los recursos.

En todo este tiempo la entidad portuaria tampoco realizó los estudios técnicos para definir de cuáles trabajadores debe prescindir en su proceso de reestructuración.

Allan Hidalgo, Ann Mckinley, Greivin Villegas y Andrea Centeno han liderado la entidad portuaria después de la firma del contrato de concesión.

En algunas de las administraciones incluso hubo retrocesos.

Por ejemplo, durante la gestión de Mckinley se gastaron los ¢15.000 millones que la administración de Hidalgo dejó para liquidar trabajadores. Esos fondos se destinaron a dos grúas pórticas de $16 millones que hoy están en desuso en los desolados patios de la entidad portuaria.

Luego de un año y cinco meses del gobierno de Carlos Alvarado, sigue sin haber fideicomiso ni proyectos definidos.

Incluso, en marzo anterior, la Contraloría General de la República autorizó a Japdeva contratar la entidad bancaria para el fideicomiso mediante un procedimiento concurso de excepción; pero en seis meses no pasó nada.

“El proceso de definición de la institución (banco) va avanzado. Ya se elaboraron los criterios o términos de referencia e incluso hubo una audiencia precartelaria para recibir comentarios”, señaló Centeno.