Diego Bosque. 25 junio
El muelle de Moín fue por muchos años la principal terminal portuaria del país. Con la entrada en operación del megapuerto de APM Terminals, Moín pasó a segundo plano y ahora se encarga de carga y descarga de mercancías que viajan fuera de contendores como materiales de construcción, granos o algunas frutas. Fotografía: Alonso Tenorio
El muelle de Moín fue por muchos años la principal terminal portuaria del país. Con la entrada en operación del megapuerto de APM Terminals, Moín pasó a segundo plano y ahora se encarga de carga y descarga de mercancías que viajan fuera de contendores como materiales de construcción, granos o algunas frutas. Fotografía: Alonso Tenorio

Conseguir un préstamo de ¢4.500 millones es el plan de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para paliar los apuros financieros provocados por el embargo de sus cuentas bancarias.

Esos fondos serían utilizados para pagar prestaciones y continuar con el proceso de reducción de la planilla que urge en la búsqueda de equilibrar finanzas y buscar un nuevo modelo de negocio.

Desde mayo, el juez de Trabajo de Limón ordenó el embargo de cuentas de la entidad a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), que intenta asegurar unos ¢5.400 millones, suma que reclama en un proceso judicial pendiente de resolución.

La imposibilidad de acceder a esos recursos mantiene en riesgo la operación de los muelles públicos en Limón, congeló el pago de ¢650 millones en prestaciones a 37 exfuncionarios y paralizó el proceso de reducción de planilla.

Desde 2019, Japdeva empezó el proceso para disminuir el número de trabajadores hasta llegar a las 569 personas de hoy, aunque la meta final es llegar a 300.

“Parte de lo que estamos gestionando o averiguando es endeudar a Japdeva, solicitar un traslado de dinero que nos permita cancelar las prestaciones de las personas, eso lo hacemos sabiendo que los dineros los vamos a obtener de la ley 9.764 (Ley de Transformación de Japdeva), pero en este momento están embargados”, dijo Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la institución.

Según datos de Japdeva, en mayo de 2020 los gastos mensuales de la entidad eran de ¢1.450 millones y los ingresos apenas llegaron a ¢716 millones. Hasta ese mes, el gasto en salarios era de ¢700 millones, la cifra incluye el pago de cargas sociales.

Centeno explicó que el embargo solicitado por el Sindicato ya provocó un daño irreparable en la entidad, pues alteró el plan para reducir las brechas entre ingresos y egresos.

“Conseguir un crédito por ¢4.500 millones es la opción que tenemos en estos momentos, pero el daño ya está hecho, porque ya nos erosionaron montones los recursos que teníamos para otros fines y los tuvimos que usar para planilla y gasto corriente, por eso digo que el daño ya está hecho.

“Aunque nos descongelaran las cuentas hoy, ya a nuestras finanzas les hicieron un daño. La opción para poder pagarle a la gente que, en este momento quedó literalmente sin protección, es que quiten el embargo sobre la cuenta que tiene el dinero de las prestaciones, pero eso no repara la erosión financiera provocada en los últimos dos meses”, aseveró.

La jerarca manifestó que tiene en consideración medidas “más drásticas”, sin adelantar cuáles.

Para Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, Centeno toma una posición de “víctima” y no le habla con claridad a los empleados de la entidad.

“Ella tiene un doble discurso, le miente a los empleados al decir que no queremos levantar el embargo, nosotros le hemos dicho que levantamos el embargo, pero que pongamos como garantía los dineros que provienen del canon que paga APM Terminals por la operación del megapuerto, pero no acepta eso”, comentó el sindicalista.

Japdeva; sin embargo, lo que ofreció como garantía fue un terreno de su propiedad, pues de acuerdo con el contrato de concesión del megapuerto, el porcentaje de ganancias que APM Terminals le entrega como canon deben dedicarse a proyectos de generación de empleo y mejoras para la provincia.

A mayo, ese fondo tenía ¢2.650 millones.

¿Por qué el embargo?

En el 2013, el Sindicato demandó a Japdeva por el supuesto incumplimiento en los porcentajes que debía aportar como patrono al Fondo de Capital y Ahorro.

La Junta alegó que no cumplió con el porcentaje porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprobó un aumento de tarifas en el puerto para ese fin.

Inicialmente Japdeva perdió el proceso judicial por lo que planteó un recurso de casación ante la Sala II, donde está pendiente de resolución.

Según las estimaciones de Sintrajap, Japdeva les adeuda más de ¢5.000 millones, los cuales se acumularon entre 2002 y 2012 por el incumplimiento de aportes patronales.