Juan Diego Córdoba.   5 octubre
22/8/2019. San José. Recorrido por el centro de San José. Foto Jeffrey Zamora

Ante cierres de negocios, recortes de personal o despidos con responsabilidad patronal, el Instituto Nacional de Seguros (INS) tuvo que hacer efectivas 100.705 pólizas de desempleo en los últimos tres años.

Por un máximo de once meses, esta cobertura paga las cuotas del préstamo de la persona despedida hasta que encuentre una nueva oportunidad, lo que le permite enfrentar el problema con cierta calma.

De acuerdo con datos de la institución, el número de solicitudes para activar las coberturas por desempleo para 2018 aumentó un 7,5% en comparación con 2017, cuando se pasó de cubrir las cuotas de 35.436 créditos a 38.081 operaciones.

En el presente año, entre enero y agosto, la cifra ya alcanza 27.188 coberturas efectivas, de un total de 224.709 protegidos con seguro de desempleo.

En esos últimos tres años, el Instituto tuvo que desembolsar poco más de ¢23.000 millones para pagar las cuotas de los créditos de asegurados que fueron despedidos.

Según el presidente ejecutivo del INS, Elian Villegas, en los últimos años han percibido un incremento de la siniestralidad, es decir, un aumento en la cantidad de coberturas que tienen que activar por despidos de sus asegurados.

“Si aumenta el desempleo lo normal sería que aumente la siniestralidad y que por tanto baje la rentabilidad (del negocio de pólizas de desempleo) e incluso pueda generar una pérdida”, afirmó el jerarca.

Al segundo trimestre del 2019, la tasa de desempleo era del 11,9% de la fuerza laboral costarricense, es decir, 294.000 personas sin trabajo. En 2017 la tasa apenas llegaba al 7,8%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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Villegas explicó que estas coberturas únicamente se pueden obtener cuando se solicita un préstamo ante alguna entidad bancaria.

“Estas no son pólizas que se le vendan a las personas que van y las solicitan al INS, sino que son pólizas que manejan las entidades financieras que se las venden directamente a las personas que toman un crédito hipotecario o prendario y lo que viene es a proteger a las personas que se queden sin trabajo involuntariamente”, afirmó el jerarca del INS.

El monto que los beneficiarios pagan por una cobertura de desempleo varía según la empresa de seguros que la ofrece, inclusive la entidad bancaria o el tipo de crédito, entre otras variables de riesgo, por lo que no es un monto o porcentaje igual para todos los solicitantes.

Empero, a manera de ejemplo, el Instituto dio un caso real en el que una persona paga un seguro de ¢7.838 mensuales por un crédito de ¢26 millones; sin embargo ese monto puede cambiar según el solicitante o beneficiario.

Posibles estafas

Aprovechándose de las cifras de desempleo que enfrenta nuestro país, el Instituto Nacional de Seguros (INS) también ha detectado personas que cometen posibles estafas con el seguro de desempleo.

El presidente ejecutivo de la institución reveló que estudian casos en donde personas se escudan en el desempleo para dejar de pagar sus obligaciones crediticias.

“Podría ser que algunas personas estén utilizando esta póliza para darse un año sabático en el pago de sus créditos hipotecarios o prendarios”, afirmó Villegas.

Artículo 220 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y con treinta a cien días multa, el que, con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada (...)”

Según explicó el jerarca, el Instituto deja de cubrir el monto de la cuota del crédito cuando el asegurado aparece registrado como trabajador en alguno de los patronos registrados ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, hay personas que estarían buscando formas para evitar aparecer en los registros y continuar beneficiándose de la póliza al margen de la ley.

“Algunas personas consiguen trabajo y le dicen a sus patronos que no los reporten ante la CCSS, entonces si sus patronos no los reportan, nosotros como INS no podemos suspender el pago a la entidad financiera, sino que seguimos haciendo el pago”, señaló Villegas.

Según el INS, tanto el trabajador como el patrono estarían incurriendo en fraude de seguro, un delito que se pena con hasta tres años de prisión, según el Código Penal.