San José
Ciudadanos indignados con la administración pública, el Gobierno y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) solicitaron hoy la aprobación de proyectos de ley que proponen limitar privilegios salariales en el sector público y abrir a la libre competencia el monopolio para la distribución de combustibles.
Así clamó un grupo de unos 500 manifestantes la mañana de este sábado recorrieron las calles de San José externando su molestia contra privilegios salariales de Recope, en una nueva edición de la marcha denominada "Ya no más Recope".
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La manifestación atrajo a toda clase de asistentes, niños y 'superhéroes', marcharon hombro a hombro por San José. (Adrián Soto)
Los organizadores de la protesta prometieron entregar este lunes una carta a los legisladores en la Asamblea Legislativa donde demandan la aprobación de un proyecto de ley para romper el monopolio de Recope importando y distribuyendo hidrcarburos. La iniciativa la había presentado en marzo Otto Guevara, diputado del partido Movimiento Libertario.
Del mismo modo, Mauricio Sánchez, responsable de la página Ya no más Recope, añadió que la carta solicita apoyo de los legisladores para presionar al Tribunal Supremo de Elecciones en el trámite de una solicitud de referendo justamente para abrir el monopolio de Recope.
En abril, Sánchez y otros ciudadanos habían presentado al Tribunal esa solicitud de convocar a referendo y consultar a los costarricenses en ese sentido.
"Estamos alzando nuestra voz para decirle al Tribunal Supremo de Elecciones que dé su visto bueno al proyecto de referendo que les presentamos, queremos que empiece a reunir firmas y así encaminar esta consulta", señaló Sánchez al concluir la marcha que se prolongó unas dos horas a partir de las 9:50 a.m.
El grupo también plantea en el documento apoyo para otra propuesta de ley; una de la diputada Sandra Pizsk de Liberación Nacional, la cual plantea revisar y modificar salarios, pensiones y distintas remuneraciones a funcionarios públicos.
Ese iniciativa se tramita bajo el número de expediente 19.506 e incluye tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Instituciones Autónomas y Municipalidades así como personal de sus órganos auxiliares y desconcentrados. Se exceptúan únicamente las Instituciones que laboran en condiciones de competencia.
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Detalle de la manifestación de esta mañana a su paso por Avenida Segunda poco después de pasar el Parque La Merced. (Adrián Soto)
"Les pedimos a los diputados que apoyen también cualquier iniciativa que elimine de las tarifas rubros destinados al pago de beneficios o privilegios para sectores específicos debido a convenciones colectivas que resulten abusivas o desproporcionadas", comentó Allan Riviera, ingeniero en sistemas y uno de los organizadores de la manifestación.
La caminata de indignados se convocó desde las páginas en Facebook "Ya No Más Recope", "Ticos Unidos" y "No a los abusos y privilegios de los sindicatos costarricenses" partió poco antes de las 10 a. m. del Parque Metropolitano La Sabana y luego se detuvo frenet al Parque Central.
"No tenemos porqué pagar convenciones colectivas y cosas que el pueblo no debe asumir", afirmó Patricia Segovia, una de las cientos de ciudadanas presentes en la marcha.
"Ya estoy harto de tantos abusos por parte del Gobierno. A mis 25 años pienso que es necesario y justo que hagamos un cambio, no podemos seguir así: simplemente desperdiciando fondos públicos", lanzó a su vez Magdiel Campos, otro de las personas en la manifestación.
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Los ciudadanos marcharon dos horas por el centro de San José a partir de las 9:40 a.m. (Adrián Soto)
La marcha se realiza apenas pocos días después de que magistrados de la Sala Constitucional declararan con lugar un recurso de amparo interpuesto por empleados de Recope quienes reclamaron que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) les había excluido de forma ilegal rubros de su convención colectiva de un ajuste tarifario.
LEA: Recope puede cargar costos de su convención colectiva a tarifas de combustible
Los magistrados informaron el 13 de junio anterior que Aresep deberá trasladar a las tarifas ¢5.000 millones inicialmente excluidos por la Autoridad quien juzgó que tales rubros no eran parte del servicio público de vender combustible.
Entre los gastos excluidos estaban el fondo de ahorro, préstamos para vivienda, recreación y garantía, así como los gastos ligados a la administración de ese fondo, servicio de restaurantes, útiles y materiales para recepciones, becas para hijos de los trabajadores entre otros. También quedaron por fuera rubros relacionados con los servicios de salud.