Por: Joselyne Ugarte Q.   21 agosto
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En los últimos 17 años, al menos 9 sacerdotes de distintas partes del país, fueron separados luego de denuncias por abusos sexuales. Otros ocho están bajo investigación en la actualidad.

Rafael Sandí, canciller de la Curia Metropolitana, explicó que en la arquidiócesis de San José, que congrega también a las parroquias de Heredia (110 en total), desde el 2001 atendieron 10 denuncias; seis ya fueron resueltas con el decreto de expulsión del estado clerical, otras cuatro están en investigación.

La Nación hizo la consulta en otras diócesis del país, de estas se obtuvo respuesta de seis, solo de una no fue posible.

En el caso de Alajuela, durante ese periodo han sido separados tres religiosos, precisó el vicario episcopal Sixto Varela. Dos de ellos fueron elevados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, encargada de hacer estas investigaciones.

Ese órgano separó al sacerdote Enrique Delgado, quien además fue condenado a 12 años de prisión (pero solo descontó cinco) por abusos sexuales contra menores de edad.

En el otro caso mencionado, al implicado se le prohibió celebrar sacramentos de forma pública, pero no fue expulsado del estado clerical.

En este momento, la diócesis alajuelense recolecta pruebas y testimonios por otra denuncia reciente. Se trata de un adulto de 35 años, quien habría sufrido abusos cuando tenía siete. Sus papás fueron quienes interpusieron la queja contra el cura.

En Cartago, según José Francisco Arias, canciller de la diócesis, desde el 2005 y hasta la fecha han sido cuatro los clérigos investigados.

Un expediente ya concluyó con la separación del sacerdote. Los otros dos están en fase de recolección de testimonios, mientras que el último ya está en el Vaticano.

Hasta que no se resuelvan, ninguno de los sacerdotes puede ejerccer.

Fabián Campos, canciller de la diócesis de San Isidro de El General, indicó que allí solamente tienen registrado un caso que se habría dado luego del 2011 y que también terminó con la separación del religioso implicado.

En la diócesis de Ciudad Quesada, Abraham Abarca aseguró que no hay registros de denuncias de este tipo, al menos del 2001 a la fecha.

Finalmente, en Limón, se abrió una investigación que resultó con la absolutoria del implicado y en Puntarenas no ha habido casos reportados desde el 2001.

No fue posible conocer la información de las diócesis de Tilarán.

Nuevas acusaciones

Uno de los casos que estaría pendientes de resolver en la arquidiócesis de San José, el cual trascendió el lunes por la noche, es del sacerdote Mauricio Víquez Lizano.

El cura fue denunciado en mayo pasado por tres hombres quienes afirman haber sido víctimas de abusos cuando tenían entre 13 y 16 años. Las presuntas víctimas tienen ahora entre 33 y 35 años, y según su denuncia, los actos se habrían dado en dos iglesias distintas donde estuvo Víquez.

Contra Víquez se dictó la suspensión como medida cautelar, informó la Curia.

El canciller explicó que desde que recibieron las quejas se dedicaron a recolectar las pruebas necesarias para, este martes, elevar el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano.

Entre la prueba aportada están los testimonios de los presuntos ofendidos y testigos.

“Cuando se tiene noticia de un delito se desarrolla este proceso. Entonces lo primero es recopilar la prueba, que fue lo que se hizo; se toman las declaraciones de estos tres caballeros (...) y de dos testigos que presentan”, explicó Sandí.

El proceso

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, es la instancia de la Iglesia católica encargada de investigar estos delitos y será la que determine los pasos a seguir según el Derecho Canónico.

“Podría ser que digan que ellos asumen el caso, que continúan el proceso, y al final la sanción maxima que podrían dar es un decreto de expulsión del estado clerical”, explicó el canciller.

La otra opción es que pidan ahondar más en el caso o autorizar para que se inicie un proceso administrativo, que se realizaría en la diócesis y que también podría finalizar con la dimisión perpetua del estado clerical.

“No lo podemos mandar a la cárcel, por decirlo así. De hecho, en Costa Rica aunque el abuso sexual es un delito público, es a instancia privada, solo las partes pueden poner la denuncia”, explicó Sandí.

La arquidiócesis de San José congrega a 300 sacerdotes que en casos como estos, son sometidos al procedimiento que dicta el Derecho Canónico.

Caso de Víquez

De acuerdo con el canciller de la Curia, el sacerdote Mauricio Víquez estaba sin oficio eclesiástico desde 2016, después de que una persona mayor de edad manifestara que él realizaba manifestaciones en contra de los homosexuales, aunque supuestamente él también lo era.

“Él (la víctima) no puso ninguna demanda penal ni tampoco una acusación a nivel eclesiástico; sin embargo la Iglesia actuó y lo dejó (a Víquez) sin oficio. Esto quiere decir que no tiene nombramiento de parte de la Iglesia, pero él podía celebrar la misa en algún lugar donde un sacerdote lo convocara”, explicó Sandí.

Con la más reciente medida cautelar de suspensión, Víquez no puede ejercer ningún sacramento o acción que tenga que ver con la investidura sacerdotal.

La fiscala general, Emilia Navas, indicó esta mañana que conocieron el caso por la información en los medios, pero que ninguna de las víctimas se ha acercado al Ministerio Público, al menos hasta el momento.

“Como la víctima no ha ido al Ministerio Público las particularidades del hecho no las conocemos. Tendríamos que atenderlos, entrevistarlos y ver qué tipo de hechos fueron, cuándo fueron cometidos, qué edad tenían y qué edad tienen ahora, para ver si los hechos están prescritos o no”, informó durante una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas.

En junio de 2017, la arquidiócesis de San José recibió otra denuncia contra un sacerdote de apellido Castillo. El denunciante era un hombre de 51 años quien aseguró haber sido víctima de tocamientos y abuso sexual por parte del cura.

Estos hechos habrían ocurrido a principios de 1983, cuando él tenía 17 años y hacía entrega de flores en la iglesia de la Soledad, en el centro de la capital.

“No nos ha fallado Cristo”

Ante estos hechos, Rafael Sandí hizo un llamado a los fieles católicos.

“No nos ha fallado Cristo, el evangelio sigue siendo el mismo, no se le corta ningún pedazo porque la infidelidad del ser humano no transforma las cosas”.

Explicó que en el caso de las personas que fueran posibles víctimas, deben acudir a la curia que le corresponda y comunicar su situación. Realizada esa gestión, serán orientadas sobre el proceso a seguir.

Hasta este momento, añadió Sandí, no se ha girado alguna directriz a los párrocos del país sobre cómo encarar esta situación.

“Yo creo que ya es propio, de oficio casi, que el sacerdote tiene que llevar esa esperanza del evangelio siempre", comentó.

Las acusaciones contra sacerdotes por abusos sexuales sacuden en este momento la Iglesia católica en países como Chile, Estados Unidos e Irlanda. En el primer caso, por ejemplo, hay 158 investigados, entre sacerdotes, obispos y laicos, por hechos ocurridos desde 1960.

Colaboró con esta nota el periodista Carlos Arguedas.