Juan Fernando Lara Salas. 6 junio
Personal del ICE el pasado 19 de agosto durante un simulacro de terremoto en su sede principal en Sabana Norte en San José. Foto Jorge Castillo
Personal del ICE el pasado 19 de agosto durante un simulacro de terremoto en su sede principal en Sabana Norte en San José. Foto Jorge Castillo

La presidenta ejecutiva Irene Cañas Díaz y la gerenta general, Hazel Cepeda Hodgson, se plantaron ante los sindicatos del ICE que demandan ajustes en sueldos y en pago de anualidades.

"Apelamos a ellos de que este no es el momento para solicitar aumentos salariales, anualidades u otros sobrepagos”, informó Cañas a La Nación, al indicar cómo más bien les han advertido que si la crisis por la pandemia se agrava, podrían verse obligadas a reducir jornadas y, consecuentemente, las remuneraciones.

“No es secreto que los sindicatos han venido a golpear la mesa pidiendo mejoras en anualidades y aumentos salariales. Hazel Cepeda, en varias ocasiones, les ha dicho que más bien agradezcan que aún tengamos jornadas completas de trabajo porque también les hemos dicho que, si los impactos del covid-19 se profundizan, podríamos entrar a una revisión de jornadas según esa pandemia impacte nuestras finanzas”, manifestó la jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Cepeda confirmó que cuando ha transmitido la posibilidad de revisar jornadas, la reacción de los sindicalistas “ha sido de silencio y hasta caras de susto”.

Cañas y Cepeda evitaron identificar con cuáles de los ocho sindicatos del ICE han tenido estos intercambios.

No obstante, la presidenta ejecutiva fue transparente: “así como el Ministerio de Trabajo ha permitido la reducción de jornadas en el sector privado, quizás en algún momento el Gobierno podría emitir una directriz semejante para nosotros y los sindicatos deben estar conscientes de que ese es un escenario perfectamente posible".

La Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec) afirma que “desde el año 2011 la carrera administrativa en el ICE está estancada, entendiendo por carrera administrativa, los derechos que adquiere la persona para ascenso, cambio de puesto, reasignaciones, etc.".

Así lo manifestaron Sergio Olivares y Jorge Arguedas, dirigentes de ese sindicato, quienes alegan que en la última década se han dado salidas de funcionarios por movilidad laboral, pensiones, despidos y fallecimientos sin que sean sustituidos.

“El personal que queda en la institución debe asumir las funciones de los cesantes. Sin embargo, por el estancamiento de tantos años en la carrera administrativa, dicho incremento en cantidad y complejidad de funciones, no se ha visto compensado salarialmente, por lo que se podría estar dando un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, al recibir prestación de servicios por los que en la realidad, está pagando por debajo de lo que en derecho corresponde”, expresó Anttec.

El ICE, precisamente, logró reducir en el último semestre 1.160 puestos. Así, actualmente, la planilla llega a 15.399 colaboradores (en diciembre eran 16.561). Esa planilla la componen profesionales, administrativos y personal de construcción.

Nada de ‘burbuja cerrada’

Las dos jerarcas del ICE reafirmaron ante el pedido sindical que este no es el momento para ajustes pues declararon que la entidad no puede ser una “burbuja cerrada” independiente de la realidad del país y de las finanzas públicas.

Recalcaron que ni siquiera han calculado o examinado la posibilidad de reducir jornadas, pero recordaron que quien marca la pauta es el Poder Ejecutivo por más autónoma que sea la institución.

En ese sentido se refirieron a la decisión del gobierno de congelar por cuatro años los salarios de poco más de 320.000 empleados de todo el sector público ante el deterioro de las finanzas públicas.

El decreto se dio con base en la ley de reforma fiscal, la cual ordena suspender los incrementos cuando la deuda pública del país supera el 60% del producto interno bruto. Ese porcentaje se superará este año.

La medida extraordinaria anunciada por Casa Presidencial aplicará para los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Fuera del Gobierno Central, esa decisión comprende todos los poderes del Estado e instituciones descentralizadas como el ICE.

Sin embargo, el sindicato Anttec afirma que mantiene su pedido de más ajustes por el aumento en la cantidad de trabajo y también la complejidad de las funciones de cada funcionario con la salida de personal.

También, según Sergio Olivares y Jorge Arguedas, la institución “benefició con pluses salariales improcedentes y antijurídicos” a ciertos funcionarios, mientras a “trabajadores rasos” se les negó la equiparación salarial de acuerdo a sus funciones.

“Tenemos conocimiento que, en agosto 2018, la Contraloría General de la República ordenó a la institución, ajustar conforme a derecho, sobresueldos devengados por coordinadores, jefaturas y asesores de alta administración, quienes fueron beneficiados por anteriores administraciones con dichos sobresueldos, aún cuando no tenían personal a cargo, o no tenían ya las condiciones objetivas que dieron lugar a dichos sobresueldos”, dijeron los dos líderes sindicales.

Agregaron: “Es natural que al personal que le están haciendo procesos para retiro de dichos sobresueldos presenten resistencia desde sus respectivos sindicatos, pero Anttec jamás le va a decir a la administración que desacate una orden de la Contraloría”.

Reducción de planilla en detalle

La principal reducción de la planilla en el ICE en últimos meses ocurrió en el área de Infraestructura y Construcción (IC). Allí trabajaban a diciembre 3.710 y salieron 779. Hoy quedan 2.931, confirmó Irene Cañas.

En otras áreas operativas ajenas a construcción las bajas llegan a 381 trabajadores.

En total, 1.160 trabajadores menos para un total hoy de 15.399 colaboradores.

Cañas explicó que la planilla de IC crece y decrece conforme se ocupa según grandes obras constructivas que, a mediano plazo, el ICE ha descartado.

Insistió en que los 2.931 funcionarios de construcción actuales son necesarios para labores de mantenimiento en plantas de generación e infraestructura del ICE y el traslado del traslado e instalación de líneas eléctricas en carreteras nacionales en construcción.

Citó, por ejemplo, la reubicación de líneas de tendido en la ampliación actual de la ruta 32 a Limón.

“Al culminar un proyecto, este personal se va y ese es el comportamiento de la planilla constructiva. Hoy parte de este personal lo utilizamos para expandir más velozmente servicios en telecomunicaciones y hay varias cuadrillas de IC colaborando en ello. En este momento no podría decir si de esos 2.931 nos sobrará alguno. Pero si están ahora, es porque sí se requieren”, explicó Cañas.

La funcionaria recalcó que el énfasis en reducción de personal siempre apunta a una disminución natural en la forma de jubilaciones pero “no descarto una movilidad laboral focalizada a una cierta porción de la planilla”.

Entre enero y diciembre del 2019, el ICE lanzó otro programa de movilidad laboral voluntaria para 3.800 trabajadores que tienen de 56 a 60 años. No obstante, únicamente 223 aceptaron esa salida voluntaria a diciembre.

Cañas comentó que ella y la gerenta Cepeda Hodgson coinciden en que el ICE necesita “un cambio importante y la dirección debe ser otra”.

En esa labor conjunta, agregó, descubrieron que hay personal al cual pondrán hacer nuevas labores según sean las necesidades del ICE.

Ambas enfatizan como “necesario” superar la división histórica de dos negocios (electricidad y telecomunicaciones) y lograr una mayor vinculación entre ambos.

“Probablemente gran parte de nuestros funcionarios habrán de ser capacitados en temas de atención remota y servicio al cliente porque mucho será así. Por esto del covid-19, debimos acondicionar velozmente al personal para asumir ese papel de servicio en forma remota”, mencionó Cañas.

Cepeda declaró que la coyuntura sanitaria ha forzado al ICE a cerrar instalaciones como la Torre de Telecomunicaciones en Sabana Sur, la cual lleva mes y medio sin personal y, 50% de su planilla en sus 142 sucursales de telecomunicaciones, hoy atiende clientes en forma remota.

Agregó que ese cierre de algunas de sus instalaciones ha generado ahorros mensuales de hasta ¢500 millones en rubros como alquileres, consumo de electricidad y combustibles e incluso limpieza de esas instalaciones hoy desiertas de personal.