Por dos años consecutivos, la falta de información impidió verificar la condición de bienes del Grupo ICE con valores de hasta ¢255.430 millones, según señalan dos auditorías externas.
La información consta en los estados financieros consolidados de ese conglomerado de empresas del 2018 y 2017, que realizó la firma de auditoría KPMG, la misma que ha estado a cargo de esa labor durante los últimos ocho años.
El estudio consistía en una revisión profunda del desempeño económico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Cablevisión de Costa Rica S. A., Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y Gestión Cobro Grupo ICE S. A.
Dentro de los aspectos contables que debían evaluarse estaban las cuentas de inventarios y activos, las cuales hacen referencia al listado de todos los bienes y demás posesiones de valor. Incluyen desde suministros para oficina hasta flotillas vehiculares, plantas de generación, maquinaria pesada, materiales e insumos.
Al incluir todos estos bienes, se trata de cuentas con peso significativo que representaron ¢220.996 millones para el 2017 y ¢255.430 millones para el 2018.
Según la firma auditora KPMG, no dispuso de registros auxiliares de dichos inventarios para poder hacer las revisiones contables.
Eso significa, por ejemplo, la depreciación de activos, un análisis mediante el cual se reconoce a nivel contable el desgaste y pérdida de valor económico que sufre un bien (como suministros o materiales) o un activo (maquinaria, plantas) por su uso con el paso del tiempo.
KPMG ni siquiera recibió registros sobre entrada y salida de existencias de equipos, suministros y otros insumos que el Grupo ICE dice manejar, de forma que no pudo reconstruir cuáles eran los valores económicos y cantidades de esos inventarios, revela el estado financiero del 2018.
La consultora incluso elaboró una muestra aleatoria de posesiones del ICE que, como parte de sus activos e inventarios, la empresa debe registrar tanto en cantidad como en valor económico. KPMG se proponía verificar con dicha muestra aleatoria la exactitud del ICE asignando un valor económico a todo aquello que le pertenece. Sin embargo, KPMG no pudo hacerlo.
“La Administración no nos suministró la totalidad de documentación de soporte requerida, por lo que no nos fue posible concluir nuestro trabajo, así como tampoco pudimos aplicar otros procedimientos de auditoría”, indica la consultora.
KMPG agrega que tampoco le fue posible verificar los inventarios de bienes y activos del Grupo ICE ya en operación (ya en uso), ni los inventarios destinados a inversiones (por usar). “No nos fue posible determinar si habrían sido necesarios ajustes contables" , señala.
Para la cuenta “Inventarios de inversión” (valorada en ¢92.449 millones al cerrar 2018), ni siquiera obtuvo del ICE un análisis de obsolescencia o registros que incluyeran información sobre su antigüedad. “Por lo que no pudimos realizar procedimientos de auditoría”, añade.
Jesús Orozco, jefe Corporativo de la División de Finanzas del Grupo ICE, afirmó que esta situación se presentó a partir del periodo 2017, mientras se estabilizaban procesos de reportes ligados a una nueva herramienta de sistemas de información que empezó a implementarse a inicios de 2018.
“Producto de lo anterior y dada la complejidad en volumen de los datos requeridos, el suministro de las bases de datos y auxiliares para los temas reflejados en la opinión se brindaron en tiempos posteriores a los requeridos por la firma para su revisión final”, justificó.
Sin embargo, los reclamos por falta de información en el ICE o dificultades para acceder a datos no es nueva.
Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, alertó en abril del 2016 ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que esa misma situación impidió al ente contralor conocer entonces el estado real de salud de las finanzas del ICE en aspectos clave como solvencia, endeudamiento y rentabilidad.
Ante este nuevo señalamiento realizado por auditores externos, la Contraloría General de la República ve “oportunidades de mejora”.
"En el área de fiscalización de la CGR nos hemos referido a temas financieros al ICE; sin embargo, se trata de información de acceso restringido por sustentarse en información catalogada por el ICE como confidencial de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 8660.
“No obstante lo anterior, coincide el área de fiscalización de Infraestuctura y Telecomunicaciones de la División de Fiscalización de la CGR, en que esa situación que reporta KPMG representa una oportunidad de mejora en procesos de transparencia del ICE, en materia de información financiera relevante para toma de decisiones”, respondió el órgano contralor ante consulta de este medio.
Sanear finanzas
A pesar de estas circunstancias, el ICE ha prometido transparencia dentro de su esfuerzo por salir de los “números rojos”, como manifestó la presidenta ejecutiva, Irene Cañas.
De hecho, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, dijo la semana anterior que el Instituto alista medidas para sanear sus finanzas, incluida una renegociación de su deuda y recortes de gastos fijos que podrían impactar su planilla.
El ICE, en un comunicado, amplió la lista de acciones con alquileres, renegociación de contratos, racionalizar el gasto en adquisición de activos y optimizar sus compras.
“El plan se enfila hacia la contención del gasto, la gestión de la deuda, la rentabilidad de las inversiones, la generación de ingresos y la competitividad tarifaria”, aseguró el Instituto en comunicado.
Los estados financieros consolidados confirman que el ICE cerró el 2018 con un déficit neto contable de ¢256.944 millones mientras un año antes el déficit fue de ¢63.725 millones (¢193.219 millones demás equivalentes a 303% de incremento).
El 2018 figura para el ICE como el de peor desempeño económico según afirmaron directivos de la entidad el 4 de abril en la Asamblea Legislativa.