Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/JJ66TKD4MZASXCEGYD2P2YBMPQ.jpg)
Con el créditod el BID se desarrolló la planta Reventazón, obra de infraestructura más grande del país. | ALONSO TENORIO. (Alonso Tenorio)
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) encara una demanda de $32 millones, a consecuencia de un error de comunicación interna.
Se trata de un reclamo planteado ante los tribunales contencioso-administrativos, en el 2015, por la empresa Desarrollo Hidroeléctrico de Parismina S.A. (DHPSA), a la cual el ICE se comprometió a comprar la energía que iban a generar con una planta de 20 megavatios (MW) de capacidad que aprovecharía las aguas de aquel río, en Limón.
Sin embargo, al mismo tiempo que el Instituto firmó una carta de compromiso con esa compañía, el 7 de junio del 2013, se obligó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a no utilizar ese cauce para generación de energía. La medida era un requisito para acceder a un crédito dirigido al Proyecto Reventazón.
Luis Enrique Pacheco, gerente de Electricidad del Instituto, así se lo garantizó al BID en el oficio 0510-1555-2013 del 11 de junio.
Este segundo compromiso lo adquirió apenas cuatro días después de la firma con DHPSA.
La entidad firmó con Desarrollo Hidroeléctrico de Parismina S. A. aun cuando, según Javier Orozco, director del área de Negocio y Planificación de Desarrollo del ICE, desde marzo sabía que ese río no se podía explotar.
Según la norma, se requiere un dictamen favorable del ente contralor para revocar un acto jurídico de una entidad estatal, en este caso, del compromiso adquirido por el ICE con DHPSA.
La Administración del ICE, sin embargo, tomó otra ruta.
Bejarano y Gilberto de la Cruz Malavassi, entonces director general de la Unidad Estratégica de Negocio del ICE, le enviaron una carta a la empresa, en la cual le informaban sobre la rescisión unilateral del compromiso.
En ese oficio 0610-262-2013, del 13 de octubre del 2013, De la Cruz también solicita a la empresa “estimar y documentar costos y gastos” en los que habría incurrido hasta ese momento para el desarrollo de la planta hídrica.
El funcionario informó a la compañía de que, una vez analizadas las facturas que adjuntara, les informarían de la decisión para resarcirlos.
“Se convocará a una sesión de trabajo para discutir los alcances de la indemnización y los términos del acuerdo de finiquito de la carta de compromiso”, señaló en la nota oficial del ICE, de la cual tiene copia este diario.
A pesar de dicho ofrecimiento, el ICE no concretó la indemnización, según Jorge Ross Araya, uno de los socios de DHPSA.
Por esta razón, añadió el empresario, él y sus socios decidieron acudir a la vía contenciosa para reclamar daños y perjuicios que estimaron en $32 millones.
La suma es comparable con lo que costaría la construcción de dos puentes sobre el río Virilla, en la autopista General Cañas.
El caso se tramita bajo el expediente 15-007757-1027-CA del Tribunal Procesal Contencioso-Administrativo.
En este momento está pendiente de señalar fecha para la audiencia preliminar, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Ross explicó que cuando recibieron la carta de compromiso del Instituto, empezaron el proceso de contrataciones porque ya tenían banderazo de salida y fecha de entrega.
“El ICE es una gran empresa nacional y tiene costos operativos más grandes de los que debería . No es que uno quiera aprovecharse, pero hay que hacer valer los derechos”, señaló Ross.
Explicaciones. La Nación solicitó varias veces una entrevista con Bejarano y Pacheco para consultar cómo pudo darse la falla de comunicación interna o por qué la empresa se abstuvo de notificar del asunto a la Contraloría. El ICE declinó la entrevista.
En su lugar, Javier Orozco se limitó a indicar por correo electrónico que el Instituto procuró desde marzo del 2013 realizar ajustes a la exigencia del BID, sin lograrlo.
Al final, según Orozco, la entidad se vio forzada a escoger el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, “sacrificando el Proyecto Hidroeléctrico Parismina”.
Orozco señaló también que al amparo de la ley sobre la resolución alterna de conflictos, “el desarrollador por iniciativa propia, tuvo acercamientos con el ICE, que, desafortunadamente, no llegaron a soluciones satisfactorias para ninguna parte.
”El ICE debe indemnizar al desarrollador del PHP, por un monto justo, que será fijado por un tribunal”, concluyó .
