Desde muchos meses atrás, los informes financieros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) revelaban una salud endeble.

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No obstante, fue hasta este viernes que las autoridades del Instituto admitieron que la empresa pública tiene sus números “en rojo”.

El anuncio lo hizo la presidenta ejecutiva, Irene Cañas, durante una conferencia de prensa que, según la jerarca, serán parte de una nueva política de rendición de cuentas y transparencia que quiere implementar.

"Cuando me reuní con el equipo de comunicación a todos les sorprendió que tuviéramos este tipo de conferencia que hace años no se hacía. Hoy estamos aquí abriendo ese canal de comunicación para dar cuentas y ser transparente. Que los números están en rojo, sí están en rojo y tomaremos medidas rápidas para sanear las finanzas”, declaró.

Esos números en rojo se evidencian en las pérdidas proyectadas para este año que ascienden en ¢314.000 millones, según datos suministrados por Javier Orozco, gerente corporativo de Finanzas.

De ese monto, únicamente por variaciones en el tipo de cambio del dólar respecto al colón, están contemplados ¢144.000 millones; 46% del total.

A ese impacto por el precio de la divisa se le suma el escaso crecimiento de la demanda de energía como resultado, principalmente, del tipo de empresas que ahora invierten en el país.

Décadas atrás, dijo la presidenta ejecutiva, las compañías de maquila predominaban en el sector de servicios y su uso de electricidad era intensivo, pero en la actualidad el sector se compone de más servicios digitalizados que tienen menor demanda de electricidad.

“Ya no es la industria anterior. Esa condición afectó el comportamiento de la demanda y el desarrollo de nuevos proyectos de generación privados contribuyeron a estas decisiones que anunciamos hoy”, expresó Cañas.

La proyección de pérdidas también está relacionada con la decisión del Instituto de trasladar a la casilla de gastos los $146 millones que usó para el megaproyecto hidroeléctrico El Diquís que ya no será desarrollado en Buenos Aires de Puntarenas.

"El tema de pasar a gastos el proyecto El Diquís impacta este 2018. Es un gasto que se reflejará este año aunque el dinero se ha gastado con los años. Además, esta previsión responde al tema del diferencial cambiario”, expresó Orozco.

Precisamente, la decisión de frenar ese proyecto es una de las medidas que Cañas anunció para “sanear finanzas”.

La jerarca explicó que salió a dar estas informaciones ante la necesidad de adecuar las prácticas del ICE a las que pide la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual el país pretende ingresar. Aseguró que durante su paso mantendrá actualizaciones públicas de la situación.

Freno a El Diquís

La baja en la demanda se convirtió en uno de los aspectos más importantes para desistir, finalmente, de la construcción del proyecto hidroeléctrico Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas, después de siete años de parálisis.

Aparte, el Instituto tiene actualmente suficiente capacidad para atender las necesidades del país.

Se trataba de una megaplanta de 650 megavatios (MW) de capacidad instalada, el doble que la planta Reventazón, en Siquirres. Su costo se estimaba en $3.694 millones a diciembre del 2015.

Por las mismas razones, también se atrasan tres años el ingreso del proyecto geotérmico Borinquen I, en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste respecto al plan anterior (ahora entraría en el 2026 y no en 2024).

La presidenta ejecutiva del ICE también anunció la clausura de las plantas térmicas San Antonio y Barranca por “ineficientes” debido que llevan años sin aportar energía, afirmó.

Solo esas plantas representan costos operativos fijos, sin generar energía, en el rango de ¢1.800 millones y ¢1.200 millones respectivamente, afirmó la presidenta del ICE.

Según Cañas, la cancelación de El Diquís implica suspender también la consulta a los pueblos indígenas de la zona y el retiro del proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Además, se suspenden la conclusión de la factibilidad ambiental del proyecto y se finiquitan relaciones con comunidades de influencia directa e instituciones regionales involucradas.

Todavía en junio del 2017, el ICE defendía la construcción de la hidroeléctrica, prevista para el 2024, pues alegaba que era necesaria para satisfacer un aumento en la demanda y para crear un polo de desarrollo en una zona económicamente deprimida.

Los recursos provinieron del crédito para el desarrollo que el ICE recibe para invertir en los requerimientos futuros del sistema eléctrico, desde las etapas de planificación hasta la ejecución de las obras. Debido al desplazamiento de El Diquís en el tiempo, los costos de preinversión se trasladarán a gastos del ICE y no impactarán en las tarifas.

Hace unas semanas, el ICE solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para sus 780.000 abonados un alza del 13% en sus recibos de luz al comienzo del 2019. La Aresep todavía analiza ese ajuste.

El anuncio del ICE sobre El Diquís fue celebrado por la Cámara de Industrias que durante años ha sido crítica del proyecto por el impacto en las tarifas eléctricas.

“Esta es un golpe de timón, un cambio de rumbo, respecto de lo que la presidencia ejecutiva anterior venía haciendo. El proyecto era una inversión muy grande, que vendría a ponerle un alto riesgo al sistema eléctrico nacional, que viene con una presión por aumentar las tarifas”, expresó Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara, en un comunicado.

Deuda creciente

En los últimos tres años, el pago de la deuda del Instituto reportó un fuerte incremento.

La empresa estatal canceló ¢177.780 millones de intereses y comisiones de sus créditos y bonos de deuda en 2017. Eso es 87% más frente a los ¢95.111 millones pagados en el 2014.

El incremento en el costo financiero provocó que el año pasado el Grupo ICE cerrara con una pérdida de ¢51.706 millones. En el 2016, en cambio, tuvo una ganancia de ¢30.377 millones, según los estados financieros auditados de la compañía publicados el 29 de mayo anterior.

Al cierre del 2017 su deuda financiera era de ¢2,6 billones; una cifra 41% más frente a los ¢1,8 billones reportado por la institución en el 2013, conforme sus estados financieros.

Tales cifras incluyen los resultados de las subsidiarias: Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense (Racsa) y Cable Visión.

De acuerdo con datos revelados en marzo por la agencia Fitch Ratings, la deuda financiera de la empresa se vincula a proyectos de electricidad.

“Cerca de 85% de la deuda está denominada en dólares, lo que expone a la empresa a las fluctuaciones del tipo de cambio”, señaló la calificadora.

La deuda total del Grupo ICE fue 5,5 veces mayor a la ganancia operativa de la empresa en 2014 y se elevó a 6,2 veces más el año pasado, según los cálculos de Fitch.

Nuevas previsiones

Los voceros del ICE explicaron que con la cancelación de El Diquís, la suspensión temporal de otros proyectos y el cierre de instalaciones ineficientes se reducirá el nivel de endeudamiento del Grupo y abre una ventana de tiempo mientras se sanean las finanzas de la empresa.

Por ejemplo, se coordinará mejor el trabajo de Cable Visión con Telecomunicaciones y se harán mejoras en la estructura organizativa de la empresa.

En próximas semanas, aseguró Cañas, el Grupo ICE presentará su estrategia corporativa 2019–2023 centrada en el principio de sostenibilidad de su operación.

Según Cañas, ahora la prioridad del Grupo es fortalecer su transparencia, propiciar la integración de sus empresas y aumentar la calidad de sus procesos.

Para esto, enfocará sus esfuerzos en obtener la estabilización financiera, afianzar su eficiencia operativa y alcanzar la evolución de sus negocios.

Cañas explicó que la capacidad de generación eléctrica instalada en Costa Rica ha crecido 46% del 2008 al 2017; suficiente para atender la demanda por varios años. Debido a esto, el ICE también ajustó su Plan de Expansión en Generación 2018 (PEG 2018); un documento que sirve como hoja de ruta al ICE para planificar sus inversiones.

En el nuevo documento, ya no figura El Diquís pero sí aclara que en los próximos 17 años se irán adicionando hasta 653 MW de nueva capacidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De acuerdo al PEG 2018, el SEN adicionará hasta el año 2034 un total de 280 MW en plantas eólicas, 165 megavatios a geotérmicas, 161 megavatios a solares y 47 megavatios a hidroeléctricas. Además, tampoco se ampliará la capacidad de respaldo térmico; una previsión todavía planteada en versiones hasta el 2016 del PEG.

Adiós a refinería vieja en Moín

Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, también anunció para el próximo año el desmantelamiento de tanques y otros equipos abandonados en las instalaciones de la refinería en Moín (Limón) propiedad de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).

“Como parte de los esfuerzos del país por descarbonizar su economía, reciclaremos esas instalaciones y estamos preparando el cómo. Esto no significará ningún despido porque están sin uso hace años y los técnicos ahora verán qué corresponde hacer con esas instalaciones”, aseguró el jerarca de Energía.