Juan Diego Córdoba.   11 abril
En Costa Rica, uno de cada cuatro hogares recibe ayudas estatales, de acuerdo con la más reciente encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), elaborada en julio del año anterior. Aquí una comunidad en Puntarenas. Fotografía: Alberth Marín.

Transferir el manejo de las ayudas escolares del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fue solo el inicio.

Al menos 16 instituciones públicas, viceministerios y oficinas dedicadas a la entrega de ayudas sociales a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, serían fusionadas en un “superministerio”.

Esta unificación permitiría un mayor control sobre las entregas económicas que hace el Estado, además de que generaría ahorros de recursos que podrían ser usados en más ayudas, según la intención del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

“Lo que buscamos es que haya mayor coherencia y no que haya instituciones exclusivas para atender poblaciones específicas, sino más bien que esto se vea como una política social robusta que tenga intervenciones desagregadas por poblaciones y territorios específicos en un mismo ministerio”, manifestó la jerarca de Planificación, Pilar Garrido.

Este “superministerio” tomaría como base al Instituto Mixto de Ayuda Social, entidad a la cual se le sumarían el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), los Cen-Cinái y otras once oficinas.

Además, la nueva dependencia estaría encargada de entregar las casi 120.000 pensiones del Régimen No Contributivo, que actualmente es competencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Mediante este ministerio se puede facilitar que la oferta de programas que tienen algunas entidades que están muy concentradas en la Gran Área Metropolitana, como Conapdis y Conapam, también encuentren un brazo de alcance a las personas de otras regiones mediante las oficinas regionales del IMAS, por ejemplo”, explicó Garrido.

De igual manera, tres dependencias del Ministerio de Trabajo pasarán a formar parte del “superministerio”. Ellas son el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Programa Nacional de Empleo (Pronae) y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y Movilidad Social (Pronamype).

Para este año, solo el IMAS disponía de ¢160.000 millones para ayudas.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) no serán absorbidas por este nueva entidad, aunque algunos de sus programas sociales sí podrían pasar a sus manos.

El Mideplán afina los detalles de la propuesta, con la idea de presentar un proyecto de ley en agosto próximo ante la Asamblea Legislativa. Esta sería la tercera reforma que plantea el gobierno de Carlos Alvarado, luego de lograr la aprobación del plan fiscal y presentara la semana anterior la reforma al empleo público.

Entre los factores que aún debe definir el Gobierno, se encuentra la cantidad de instituciones que se fusionarán, pues podrían ser más; así como la figura legal que se creará, que podría ser un ministerio o un instituto.

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El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, tendría que liderar el proceso de cambio en el aparato social del Estado, si la reforma llega a aprobarse en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el también presidente ejecutivo del IMAS, es necesario aplicar cambios a la institucionalidad del país, con el objetivo de que las ayudas se entreguen de manera más equitativa y que asegurarse de que beneficien a las poblaciones que realmente lo necesitan.

“Esperamos dejar al sector social con un ordenamiento que nos permita garantizarle a los costarricenses que los recursos se usan bien y que van a llegar a la gente que lo necesita oportunamente”, manifestó Bermúdez.

En Costa Rica, uno de cada cuatro hogares recibe ayudas estatales, de acuerdo con la más reciente encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), elaborada en julio del año anterior.

Este 25% de las familias costarricenses percibe subsidios como becas, pensiones del Régimen No Contributivo y ayudas mensuales diversas, ya sea en efectivo o en especie. El impacto de las ayudas sociales es mucho mayor en las zonas rurales, en donde el 37% de las casas recibe algún tipo de subsidio, mientras que en la región urbana la cifra es del 21%.

Proyecto C.E.R.R.A.R

En la corriente legislativa todavía se encuentra un proyecto de ley similar, presentado por el exdiputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, actual director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Se trata del expediente 19.834, Ley C.E.R.R.A.R, cuyo objetivo principal es disminuir la burocracia de ese sector, eliminar duplicidades y reunificar funciones, redefinir la rectoría del sector, ahorrar recursos y mantener la función de reducir la pobreza.

El excongresista planteaba que se debe cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder, antes IDA).

Para asumir las funciones del IMAS, Solís Fallas plantea la creación de una sola institución: el Ministerio de Asistencia Social (MAS), que también asumiría el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf, hoy manejado por una dirección aparte), el Fonabe y el trabajo del Mivah.

Por otra parte, el fundador del PAC consideraba que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) debe abandonar esas funciones dentro del sector social y quedarse con sus funciones en materia laboral, solamente.