El Gobierno anunció, la noche de este jueves, que no cuenta con la facultad legal para demandar a los choferes de la compañía Uber, como lo exigían los taxistas formales.
Asimismo, reitera que la aplicación Uber presta un servicio de transporte ilegal en el país, por lo que promete un aumento en los operativos para detectar a los choferes. Según datos brindados por la misma compañía en marzo pasado, estos suman ya unos 16.000 en Costa Rica.
"Se intensificarán los operativos de tránsito, acatando los artículos 38 y 44 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público", indicó el Gobierno mediante un comunicado.
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También señala que se asegurará el estricto cumplimiento de la ley por parte de Uber u otra empresa que brinde el mismo servicio en temas como cumplimiento de derechos laborales, satisfacción de obligaciones tributarias y lo relacionado con la seguridad social.
El Gobierno añade que 'está preocupado porque se le brinde al usuario un servicio de calidad', por lo que establecerá una mesa de trabajo para, de manera conjunta, proponer y ejecutar acciones con la finalidad de mejorar el servicio de taxi público.
Asimismo se explicó durante una reunión, que no se puede dejar sin efecto el acuerdo de Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) sobre marías audibles, luego de que la Sala Constitucional ordenó que todas las concesiones cuenten con esos dispositivos.
Sobre este punto, el Banco de Costa Rica (BCR), por petición del CTP ha establecido condiciones diferenciadas y favorables para los taxistas, a fin de que puedan obtener financiamiento para la compra de taxímetros audibles.
El Foro Nacional de Taxistas ha manifestado en reiteradas ocasiones que ellos han sufrido una caída en la demanda de sus servicios a raíz de la llegada de Uber. Estos han solicitado la salida de la compañía bajo el alegato de que el transporte privado de personas es prohibido, según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, de la Sala IV y del Consejo de Transporte Público (CTP).
Debido a la lucha por clientes, choferes de Uber y taxistas formales han sostenido, durante los últimos meses, una serie de enfrentamientos en diferentes barrios de la capital, lo que ha dejado varios automóviles dañados y personas heridas.