Los generadores privados de electricidad hacen un nuevo llamado al Gobierno para que impulse un plan que impida el cierre de plantas y con este, el cese de trabajadores.
Ese fue el objetivo de una carta enviada este 17 de marzo al presidente Carlos Alvarado, en la cual le recuerdan que desde hace 45 días solicitaron una respuesta del Ejecutivo a la situación que enfrentan, luego de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informara de que ya no renovará nuevos contratos para comprarles energía.
Ya la decisión provocó el cierre de tres plantas hidroeléctricas y una eólica, que generaban energía limpia, mientras que otras dos dejarían de funcionar ese año.
Luego de un primer llamado de los generadores, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, dijo el 2 de febrero que “en próximas semanas”, el Ejecutivo enviaría un plan de ley que les permita a los generadores privados salir a vender su energía al Mercado Eléctrico Centroamericano (MER).
Actualmente, la legislación se los prohíbe, al establecer como único agente al ICE. Por esa razón, se requeriría una reforma para habilitar a los privados a salir al MER.
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“Apelamos a su liderazgo y visión global, para no seguir perdiendo tiempo y que se permita que el proyecto de ley sea conocido, si se desea que la exportación se dé directamente, o bien, que instruya al Grupo ICE para que compre la electricidad para que ellos mismos sean quienes exporten, sin tener que recurrir a la Asamblea Legislativa, lo que es también viable”, señala la nueva misiva de la Asociación de Productores de Energía (Acope).
De acuerdo con esa organización, hasta ahora las afectadas son las plantas Poás I y II, en el cantón del mismo nombre, en Alajuela, las cuales tenían 12 empleados que quedaron sin trabajo tras ser desconectadas de la red eléctrica el 16 de setiembre del 2020 (hace 182 días).
También frenó operaciones la planta eólica PESA (o PESRL), en el cantón de Tilarán, Guanacaste, que tiene 45 trabajadores, que aún esperan una respuesta. Fue desconectada de la red eléctrica el 28 de noviembre del 2020 (hace 109 días).
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“Otras plantas se estarán sumando a esta situación en el 2021 por lo que, bastaría con que el rector de energía ejerciera su autoridad y emitiera una política pública que permitiera que las exportaciones de energía eléctrica se dé para que los efectos sobre la generación privada sean menos gravosos”, añade.
Acope también destaca en su mensaje los resultados de un reciente informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), según el cual, la energía que producen los privados es más barata que la del ICE.
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Según el estudio de Aresep, dado a conocer el 25 de febrero, los costos promedios de cada grupo son: Grupo ICE, ¢125 por kilovatio (kWh); empresas municipales: ¢80 por kWh; cooperativas: ¢80 por kWh; y generadores privados: ¢49 por kWh.
“Nosotros no esperamos subsidios ni condonaciones de deuda, solo pedimos seguridad jurídica para seguir siendo parte de la historia de éxito de este país y de la descarbonización de la que somos parte desde hace 30 años, y de la cual nos alegra que ahora se hable de manera tan determinante. Es hora de ser consecuentes, en particular en momentos donde se anunció el plan piloto de transporte público eléctrico”, añadieron los representantes de los generadores privados.
La Nación consultó a Casa Presidencial la mañana de este jueves sobre avances en el texto del eventual proyecto de ley. Se está a la espera de una respuesta.