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La manifestación del viernes se dirigió a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. | ALBERT MARÍN. (albert marin)
Funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le exigieron al Gobierno pagar su deuda con la institución que, según denuncian, asciende a más de ¢120.000 millones en tres años.
El reclamo lo hicieron de manera pública en una manifestación realizada el pasado viernes frente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
La protesta radica en que la ley le asigna al PANI el 7% de lo recaudado por el impuesto sobre la renta, pero, en la actualidad, la entidad únicamente recibe el 1%.
En el 2011, por ejemplo, al PANI le correspondía un presupuesto de casi ¢50.000 millones. No obstante, apenas recibió ¢8.800 millones, equivalente a un 18% del total.
“Desde 1996, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Patronato, si acaso se ha llegado al 1%. Es una deuda millonaria”, explicó Rodolfo Meneses, vicepresidente de la Asociación de Abogados del PANI.
Según los funcionarios, el año pasado quedaron sin atención 13.320 denuncias por falta de personal. “A pesar de la creciente violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, al PANI solamente le han autorizado tres plazas nuevas en los últimos seis años”, señala un comunicado de prensa.
“Uno conoce las dificultades presupuestarias del Estado, pero sí hay que reconocer que tenemos limitaciones muy grandes que se traducen en debilidades para atender la demanda”, indicó el gerente técnico del PANI, Jorge Urbina.
En julio del 2011, la Asociación de Abogados del PANI interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo, pero los magistrados aún no se han pronunciado.
Por ello, el viernes la agrupación planteó un nuevo recurso de amparo contra la Sala Constitucional, al considerar que el tiempo de respuesta ha sido excesivo.
Asimismo, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para obligar al Estado a subsanar la diferencia. “El juicio fue admitido, le dieron trámite prioritario, y en este momento estamos a la espera de que se fije una audiencia de conciliación”, explicó Villalta.
Se intentó obtener el criterio del Ministerio de Hacienda; sin embargo, al cierre de esta edición, aún no había dado respuesta.
Los empleados del PANI también pidieron a los diputados aprobar una reforma de ley que le permita a la institución usar como propios los recursos que recibe del Fondo de Asignaciones Familiares, sin necesidad de revisión.
