La Fuerza Pública entregó este miércoles los puertos de Moín y Limón a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), luego de que volviera el personal que participó en la huelga.
“Es una gran satisfacción para nosotros ser testigos de ver a nuestro personal regresar sin contratiempos a la institución”, dijo el gerente portuario de Japdeva, Marlon Clarke.
El Ministerio de Seguridad Pública había tomado los muelles desde el 9 de setiembre para no interrumpir los servicios portuarios y el suministro de combustible, ante el anuncio del movimiento contra la reforma fiscal, aprobada en primer debate este viernes en el Congreso.
En ese periodo, se atendieron 85 buques mercantes y tres cruceros.
Clarke detalló que en la mañana de este miércoles en Moín los puestos estuvieron llenos, con cuatro buques que estaban siendo descargados y otro en el puesto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Mientras tanto, en Limón había dos buques en el programa de atraque y se esperaban dos más para el resto del día.
“Con esto estamos reduciendo el tráfico que hemos tenido durante todos estos días”, señaló Clarke.
“Retornamos a la normalidad y estamos haciendo los ajustes que tenemos que hacer para la normalización al 100% de nuestras operaciones”, agregó.
En tanto, el control de seguridad del plantel de Recope en Moín se mantiene, pues todavía un grupo de trabajadores continúa en paro, informó el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano.
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La huelga dejó un altercado en Moín el 17 de setiembre, cuando policías que intentaban reabrir el puerto respondieron con gases lacrimógenos a las pedradas de los manifestantes. Los incidentes dejaron tres oficiales golpeados y dos personas detenidas.
Huelga ilegal
El movimiento en Japdeva fue declarado ilegal el 26 de setiembre por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, al considerar que la institución brinda servicios esenciales.
“La paralización de los servicios que brindan los muelles de Limón centro y de Moín conlleva una suspensión esencial para el país, toda vez que se paraliza la descarga y carga de los barcos que contienen una serie de divisas e inclusive hasta alimentos”, indica la sentencia dictada por el juez Francisco Vargas Ramírez.
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Asimismo, el fallo agregó que los sindicatos no agotaron las vías de conciliación previa con representantes del Estado.
Este martes, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap) acordó “una pausa táctica y estratégica” de la huelga.
“Hicimos en San José un documento político de las organizaciones, es el comando de lucha que a nivel nacional hace un documento (...). Estamos levantando de buena fe la huelga, vamos a hacer una pausa y vamos a levantar el movimiento mañana (miércoles) a las 8 a. m.”, apuntó el secretario general del gremio, Antonio Wells.
“Exhortamos a toda nuestra afiliación a continuar participando en todas las actividades que puedan organizarse en todas las regiones de nuestro país”, dice un boletín enviado a los agremiados.
Ya desde el viernes habían regresado a labores los encargados del remolque de barcos, para evitar mayor perjuicio económico a la empresa, lo que podía afectar el dinero de las planillas, pues a falta de estos trabajadores, Japdeva contrató servicios a terceros.
Suspensión temporal de la huelga
Este martes trascendió que la Unidad Sindical y Social redactó un documento para “suspender temporalmente” el movimiento, el cual fue sometido a consulta de los distintos gremios.
Además de Sintrajap, la medida fue acogida por el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), la Unión Médica Nacional, la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) y el Sindicato de Trabajadores Petroquímicos y Afines (Sitrapequia).
Mientras, los afiliados de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) decidieron continuar en paro de labores.
Hasta este martes, la huelga fue declarada ilegal en 19 instituciones, y legal en dos. Quedan pendientes las resoluciones de 11 solicitudes de ilegalidad.