Fiscalía investiga posible rastreo de usuarios telefónicos desde del ICE

El inicio de la pesquisa fue confirmado por la fiscal Laura Cordero en una misiva enviada a los diputados Mario Redondo y Patricia Mora, quienes interpusieron las denuncia el 22 de marzo.

Según el documento, la causa por el posible delito de divulgación de secretos, se tramita contra persona ignorada bajo el expediente 18-000078-0033-PE. Está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

En su denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los legisladores del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Frente Amplio, respectivamente, explicaron que hace algunos años el ICE contrató la creación de un programa informático para intervención de llamadas telefónicas, denominado LIG.

Ese programa permitía al Poder Judicial, mediando orden de juez, realizar grabaciones de llamadas y datos (correos electrónicos y mensajes de texto) de sospechosos en investigaciones judiciales. Supuestamente, en el 2015 dejó de estar bajo control del ICE y le quedó a autoridades judiciales.

Sin embargo, según los congresistas, el Instituto siguió utilizando otro software llamado Locatix; el cual se contrató a una empresa externa.

Este otro programa, afirmó Redondo, posibilita conocer y trazar desplazamientos geográficos de los usuarios del servicio de telefonía celular sobre un mapa, mediante el seguimiento de llamadas telefónicas.

"Actualmente dicho software -Locatix- lo gestiona la Dirección de Protección y Seguridad Instituciona (DPSI) para dar apoyo al Poder Judicial en sus labores investigativas", indica el escrito que los diputados enviaron a Wálter Espinoza, jerarca del OIJ.

La Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI) está adscrita a la División Corporativa de Servicios Compartidos del ICE.

Según Redondo y Mora, debido al alto costo económico de Locatix, la DPSI habría creado su propio software llamado Silocel (Sistema de Localización de Llamadas) el cual también permite trazar sobre un mapa los desplazamientos de usuarios de líneas celulares. Este es utilizado por un funcionario, que los diputados consideran, recibió una llamada de atención de la Sala Constitucional.

"No pareciera ser potestad legal del Instituto Costarricense de Electricidad, desarrollar con recursos públicos un software de alcances tan delicados como Silocel y gestionarlo bajo control de un funcionario que ha sido cuestionado por la Sala Constitucional", indica el documento de la denuncia en poder de este diario.

El programa, aseguran los congresistas, podría localizarse en los servidores situados en el bloque C, instalaciones ICE que están al oeste del Edificio DIPOA en Sabana Norte.

Mora y Redondo centran su preocupación en que el 20 de mayo de 2011, la Sala Constitucional condenó al Instituto y al funcionario en cuestión "por incurrir en actos ilegítimos al irrumpir arbitrariamente en la esfera privada de funcionarios inobservado normas constitucionales y arrogándose facultades propias de autoridades judiciales".

Así consta en el voto 6571 del 2011.

Para los diputados, la situación que denuncian podría violentar derechos a l intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones, protegidos por los artículos 24 y 28 de la Constitución Política.

"Parecieran estarse haciendo usos indebidos de dichos programas, ya que podría ser que en algunos casos los mismos se estén utilizando en la DPSI sin que medie orden de juez en todas las ocasiones, lo cual resultaría sumamente preocupante", plantearon los legisladores.

ICE niega intervención en llamadas

Ante la apertura de la investigación, el ICE remitió la mañana de este jueves un comunicado de prensa donde niega “categóricamente” que utilice herramientas tecnológicas sin la debida autorización judicial.

“Por el contrario, el ICE, a través de su plataforma de telecomunicaciones, actúa solamente ante una solicitud de un juez, quien gestiona –formalmente y de acuerdo con sus potestades– el apoyo al Instituto, dentro de un proceso que en todos los casos queda protocolizado y documentado”, señala el comunicado.

La entidad también asegura que es falso que posea o haya adquirido software o equipos para intervenir llamadas telefónicas.

“A la fecha, la Institución desconoce la existencia de alguna causa abierta en su contra por el “delito de divulgación de secretos”, pero está anuente a atender todas las consultas que provengan de las instancias pertinentes“, concluyó.