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Marco Vinicio Acuña, presidente del ICE, aseguró que no lo sancionaron por aceptar un vuelo pagado por un proveedor, sino por no informar a sus superiores para solicitar autorización. (Rafael Pacheco Granados)
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sigue un proceso penal contra Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por el presunto incumplimiento de deberes en la función pública, en el que habría incurrido al aceptarle a un proveedor del Instituto el pago de un tiquete aéreo en el 2019, cuando se desempeñaba como gerente. El caso se investiga bajo el expediente 22-000183-1218-PE.
Los hechos se relacionan con la supuesta aceptación por parte de Acuña de un tiquete aéreo a la empresa Schneider Electric, firma transnacional proveedora del ICE.
La firma originalmente invitó al funcionario a París (Francia) y a Madrid (España) del 23 al 29 de marzo del 2019 para mostrarle sus desarrollos. El 8 de marzo de ese año, la entonces presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, le autorizó la gira a esos dos destinos, pero con los gastos pagados por el ICE.
Luego; sin embargo, la invitación para conocer su tecnología de redes inteligente de energía se extendió a Bilbao (España), lo que alteró la gira. Acuña no informó del desvío a sus superiores, por lo que este no fue autorizado por Cañas, única funcionaria con poder de decisión sobre esos asuntos.
Por no comunicar el cambio, Cañas recomendó al Consejo Directivo abrirle el procedimiento ordinario disciplinario CD-001-2019. Ella misma se lo notificó el 4 de junio de 2019 en la carta 0060247-2019, según revela el folio 977 del expediente del caso.
“Sobre el tema del viaje, ¡ay! pues eso es algo que … que el Consejo Directivo me abrió un procedimiento para averiguar la … cómo es que se llama … la verdad real de los hechos. Entonces, doña Irene Cañas le recomendó al Consejo Directivo abrirme un procedimiento administrativo”, admitió el ahora presidente ejecutivo en entrevista con La Nación.
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Meses después, el 17 de octubre del 2019, el Consejo Directivo suspendió a Acuña Mora cinco días sin goce de salario y le cobró $633 por la multa y costos derivados de no utilizar un tiquete entre París y Madrid que fue pagado por el Instituto.
Posible falta
A pesar de ese castigo, no se le sancionó por aceptar un vuelo de un proveedor activo y es en esto que se centra la investigación de la Fiscalía, pues como establece la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley no. 8422), los funcionarios están obligados a demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de sus funciones.
El 29 de agosto anterior, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) rechazó en su resolución PEP-RES-254-2022 una denuncia en contra de Acuña Mora por aceptar el vuelo de Schneider Electric.
Al razonar su decisión, la Procuraduría advierte que “a la fecha de redacción de la presente resolución, la Fiscalía especializada correspondiente tiene conocimiento del presunto ilícito y ha procedido a la apertura de las pesquisas de rigor en aquella sede. En este sentido, no puede negarse que las posibilidades de fiscalización conferidas a la PEP por el legislador, se ven subsumidas precisamente por las gestiones que promueve el Ministerio Público para resolver la denuncia”.
Schneider Electric es una transnacional con sede en Francia que entre el 2013 y el 2022 ofreció sus servicios al Instituto en 31 ocasiones, según revela su historial de participación en concursos del Instituto en el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP).
Tuvo éxito en 15 de esas ocasiones entre el 2015 y 2020 brindando servicios, equipamiento y repuestos para mantenimientos preventivos en distintas áreas del negocio eléctrico del ICE por montos adjudicados de ¢385 millones y $574.485.
Cuando la multinacional invitó a Acuña Mora a la gira en Europa, este acumulaba poco más de un mes al frente de la Gerencia de Electricidad, en la que fue nombrado el 1.º de febrero del 2019.
“Entonces formaron un órgano... por una supuesta falta que yo cometí. Bueno después de seis meses de investigación, porque esos procesos duran varios meses, había que acudir a una audiencia, había que presentar pruebas, etcétera, etcétera y pues al final se concluyó que en ningún momento yo cometí una falta. Ahí entonces quedó ese asunto saldado, yo no sé porqué ahora lo están volviendo a sacar”, declaró Acuña Mora sobre la pesquisa interna.
Consultado sobre ese proceso, agregó lo siguiente: “El punto ahí es que no hubo ninguna falta que ameritara un despido o mucho menos. Ahí al final se me sancionó por no pedirle permiso a la Presidencia Ejecutiva por modificar el itinerario cuando era director ejecutivo, porque no me devolvía de un punto sino de otro y era en un viaje oficial del ICE”.
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Reglas internas
En efecto, el folio 49 en el expediente del proceso disciplinario revela que Irene Cañas nunca autorizó que se aceptara ese vuelo. Quien dio el permiso fue Jaime Palermo Quesada, entonces gerente general a.i. del ICE, a quien Acuña Mora sí le informó del cambio de itinerario.
“Se realiza cambio de itinerario, regresando jueves 28 de marzo, saliendo de Bilbao para San José Costa Rica, dado que la ciudad de Madrid queda a mucha distancia de Bilbao”, indicó Palermo Quesada como justificación para el cambio de itinerario.
El 22 de abril de ese año, el despacho de la Presidencia Ejecutiva consultó a Acuña Mora lo siguiente: “...requerimos se justifique el cambio de itinerario, quién lo autorizó y por qué razón. Lo anterior puesto que no quedan claras las razones de dicho cambio…” El entonces gerente de Electricidad reconoció, el 29 de abril, por correo electrónico, que el boleto lo pagó la empresa extranjera.
El expediente agrega, en su folio 122, que el 28 de mayo del 2019 se le informó a Acuña Mora que “en razón de que la liquidación de viaje que se presenta contiene el cobro de un tiquete aéreo no autorizado en el itinerario inicialmente aprobado, el mismo no deberá incluirse en dicha liquidación”.
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Dicha comunicación también precisa que se decidió así con base en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, el cual en su artículo 10 indica: “Al regreso de una gira, solo se aceptarán aquellos gastos de viaje y de transporte que estén debidamente autorizados por el funcionario o el órgano que indica el artículo 7, según corresponda…”.
En el caso específico de viajes de los directores corporativos, según ese Reglamento, únicamente es la Presidencia Ejecutiva quien autoriza las modificaciones de dichos viajes. Una semana después de esta comunicación, se le abrió procedimiento ordinario disciplinario.