Diego Bosque. 12 julio
El ferri hacia el Puerto de La Unión, en El Salvador, saldría de Caldera, Puntarenas. Fotografía José Cordero
El ferri hacia el Puerto de La Unión, en El Salvador, saldría de Caldera, Puntarenas. Fotografía José Cordero

En medio de la crisis política que vive Nicaragua, el Gobierno resucitó el plan para abrir un servicio de ferri entre los puertos de Caldera, en Costa Rica y La Unión, en El Salvador.

La idea es que los exportadores utilicen ese medio de transporte como una opción para evadir los bloqueos de vías realizados por manifestantes en Nicaragua. Las protestas en ese país contra el presidente Daniel Ortega han provocado 264 muertes desde el 18 de abril.

Ante esta situación, el presidente Carlos Alvarado declaró, este miércoles, durante una visita a Puntarenas, que “ambos países (El Salvador y Costa Rica) ya cuentan con todas las condiciones” para la operación de ese servicio.

El anuncio del mandatario representa la reactivación de una idea que ha permanecido más de dos años estancada.

En marzo del 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el primer viaje del ferri entre Costa Rica y El Salvador se realizaría en julio de ese año. Sin embargo, eso nunca sucedió.

Ahora, la promesa de abrir los periplos entre ambas naciones dependen de que una naviera se interese y asuma el negocio.

Duayner Salas, viceministro de Comercio Exterior, explicó que en el puerto de Caldera se habilitará un espacio temporal para que laboren funcionarios de la Dirección General de Aduanas, Policía de Fronteras, Migración y Extranjería y el Servicio Nacional de Salud Animal.

Todas esas entidades controlarían el ingreso y salida de mercancías y personas por esa terminal portuaria.

"Lo que estamos anunciando es que todos los procedimientos de control para que funcione el ferri están listos, ahora le toca a las empresas interesadas en operarlo ponerse de acuerdo con el concesionario del puerto", comentó el viceministro.

De acuerdo con Salas, el personal necesario se movería al muelle cuando estén programados los atraques.

Agregó que "a partir de ahora" las empresas interesadas en operar el ferri deberán negociar con la Sociedad Portuaria Caldera, firma a cargo del muelle, para definir los detalles del servicio.

¿Quién quiere el negocio?

La naviera española Odiel S.A. es la compañía que ha mostrado mayor interés.

Incluso, en marzo de 2016 el gerente general de la firma, Javier Villafante, visitó el país para participar de la conferencia de prensa dada por el MOPT.

En esa oportunidad el representante dijo que planeaban dar tres viajes por semana.

En marzo de 2016, Sebastián Urbina (segundo de izquierda a derecha), exviceministro de Transportes, dio una conferencia de prensa para anunciar que en julio del 2016 empezarían los viajes entre El Salvador y Costa Rica. Fotografía: ArchivoLN
En marzo de 2016, Sebastián Urbina (segundo de izquierda a derecha), exviceministro de Transportes, dio una conferencia de prensa para anunciar que en julio del 2016 empezarían los viajes entre El Salvador y Costa Rica. Fotografía: ArchivoLN

Adriana Jiménez, representante de Odiel S.A. en Costa Rca, reiteró las pretensiones de la empresa.

“Ya mandamos un correo (a España) para informarles sobre el anuncio de presidencia, les mandamos una copia del comunicado de prensa enviado por Presidencia (...) Estimamos que en agosto podríamos iniciar operaciones, el problema no es traer la embarcación necesaria o coordinar la logística, el asunto acá es que los usuarios se interesen y alisten sus cargas para este tipo de servicio”, afirmó Jiménez.

Añadió que cada travesía tardaría entre 16 y 18 horas y podrían mover entre 100 y 120 furgones. La proyección es transportar unos 360 furgones por mes.

El ferri zarparía de Costa Rica a El Salvador los lunes, miércoles y viernes. La tarifa proyectada sería de $1.000, aproximadamente.

El viceministro de Comercio Exterior enfatizó que el ferri sería una “alternativa” para exportadores e importadores, pero que solo podría asumir “como máximo” el 10% de la carga terrestre que se mueve desde el país hacia Centroamérica.