Costa Rica recurrirá a los recursos bancarios que manejan los habitantes en su vida diaria para implementar el cobro automatizado en el transporte público, a partir de 2021.

Ese modelo es distinto al tradicional en otros países, donde los usuarios deben adquirir una tarjeta de recarga que es exclusiva para viajar en un medio de transporte.

Acá, en cambio, se pretende que los pasajeros paguen con la misma tarjeta de débito o crédito con la que hacen sus compras.

Para que la transacción sea reconocida por el cobrador electrónico en trenes y buses, los plásticos de los usuarios deberán contar con la tecnología contactless —pago sin contacto—.

No obstante, esa no será la única vía para pagar de forma electrónica.

Los pasajeros también podrán hacerlo con sus teléfonos inteligentes. En estos casos, deberán usar una aplicación de monedero virtual autorizada, y presentar un código QR en el panel de cobro.

Esos fueron algunos de los detalles compartidos por el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, durante un foro sobre el pago electrónico en el transporte público, organizado por Lead University.

“La idea es que las personas puedan pagar el bus o el tren con la misma tarjeta que pagan el café o el supermercado, sin ninguna necesidad de cambiar de tarjeta como ocurre en muchos países donde existe un sistema de tarjeta cerrada, donde el método de pago solo sirve para pagar el transporte público”, afirmó Cubero.

De acuerdo con el jerarca del Banco Central, las entidades financieras también ofrecerán productos bancarios para facilitar el pago de boletos y pasajes, con un sistema de recarga.

Plan piloto en trenes

El mecanismo de pago electrónico en el transporte público se implementará primero en los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), en etapa de prueba.

Los usuarios de ese medio de transporte podrían pagar su viaje en 20 cobradores electrónicos, a partir de febrero de 2021, según el cronograma de implementación divulgado por el Gobierno.

Para julio, el servicio estaría disponible en todos los vagones del tren y, en setiembre, se empezaría a aplicar de manera progresiva en autobuses de rutas urbanas en San José y alrededores.

La meta es cubrir primero las rutas de bus de la Gran Área Metropolitana (GAM), para luego extenderse a las del resto del país.

“Iniciar con Incofer nos va a dar la posibilidad de trabajar en un ambiente controlado para afinar la plataforma, que nos lleve a un inicio de operaciones sin mayores sobresaltos.

“El servicio de trenes mueve actualmente a unos 3,5 millones de usuarios al año, lo que nos da un nivel transaccional que nos permite ir probando los sistemas, antes de incursionar a servicio de buses donde esperamos tener niveles operativos muchísimo más exigentes”, afirmó Cubero.

La entrada en funcionamiento de ese sistema; sin embargo, no reemplazará el uso de efectivo, que continuará aceptándose como medio de pago en trenes y buses.

De acuerdo con Cubero, se requerirá de tiempo para familiarizar a los usuarios con el método.

“El sistema de pago en el transporte público implica preparar al ciudadano para poder pagar. Es darle la tarjeta, bancarizar, pero también asegurar que esa tarjeta se pueda usar y recargar de forma ágil y barata.

“Para eso estamos moviéndonos a seguir profundizando el uso de tarjetas contactless y el Sinpe Móvil, que serán los instrumentos fundamentales en el sistema de transporte público”, aseveró Cubero.

LEA MÁS: Pago electrónico en tren empezaría en febrero del 2021

Según datos del Banco Central, en abril pasado, el 94,4% de las tarjetas del mercado financiero nacional ya disponían de la tecnología de pago sin contacto.

Entretanto, el otro 5,6% (unas 495.302 tarjetas) continuaban funcionando con el sistema de banda magnética. Esos plásticos son más propensos al robo y clonado de información.

La misma fuente señala que el 78,6% de los costarricenses mayores de 18 años se encuentra bancarizada, es decir, tiene al menos una cuenta.

El sistema será implementado por el Banco Central, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

No obstante, durante el proceso de diseño y desarrollo de la plataforma también participan representantes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans) y de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus).

El país también cuenta con el acompañamiento y la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Reto logístico

De acuerdo con el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, el principal reto es integrar en una misma plataforma a 300 empresas concesionarias que administran 500 rutas en todo el país y que cuentan con una flota vehicular de 5.000 buses.

“Tener un pago electrónico en una ruta puede resultar un instrumento relativamente sencillo. Se contrata con una empresa que le brinde un servicio, pero aquí es la integración de los servicios de transporte lo que hace algo sumamente complejo, de forma que se requiere de trabajo técnico”, afirmó Méndez.

LEA MÁS: Diseño de plataforma para pago electrónico costará ¢5.000 millones al Banco Central

De acuerdo con el consultor internacional del BID, Fabio Gordillo, debe haber una estrecha coordinación entre el Estado y los concesionarios para la implementación de dicha tecnología. Según su experiencia, esa cohesión sí se ha cumplido durante el desarrollo del sistema en Costa Rica.

“Tenemos que tratar de crear un sistema integrado pero con la realidad de tener muchos privados vinculados en el servicio. La idea es encontrar la manera de que sea un modelo gana-gana porque hay que reconocer la realidad de que es un negocio y de que prestan un servicio a la sociedad.

“La idea es involucrarlos en la solución, no decirles ‘aquí llegó el Estado, ustedes córranse porque ahora vamos a montar algo distinto’. Esto es pensando en el usuario, pero también es una herramienta que va a llevar los privados a una etapa de madurez, donde puedan tener mejor control de dinero y mayor acceso al crédito”, afirmó Gordillo.

El pago electrónico es uno de los componentes del plan de sectorización, que pretende reordenar el transporte público que ingresa a la capital. El proyecto tiene dos décadas en espera.