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A la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia asistieron representantes de sectores del PANI. Entre ellos Sonia Manzanares, representante de las trabajadoras sociales; Silvia Rojas, de los profesionales en psicología; Randall Durán, presidente de la Asociación de Abogados; Óscar Lépiz, representante de los promotores sociales; y Óscar Cordero, presidente de la Asociación de Profesionales en Administración. Fotografía: Alonso Tenorio.
Representantes de los empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) demandaron la apertura de más plazas en la institución para la atención de menores en vulnerabilidad, debido a que, según ellos, enfrentan sobrecarga de funciones que provocan “daños físicos y psicológicos” a los trabajadores.
El reclamo fue planteado ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, quienes revisan las circunstancias en que murieron tres niños en presuntas situaciones de violencia familiar.
Sonia Manzanares, representante del gremio de trabajadoras sociales, denunció que “algunas compañeras presentaron enfermedades importantes” por el exceso de trabajo. Ella no dio nombres ni presentó dictámenes médicos.
"Hay que agregar el ambiente de miedo. Trabajamos bajo amenaza de procesos disciplinarios en solitario, esto quiere decir que no hay una correlación en la cadena de mando jerárquico y otras disciplinas involucradas.
“Se le da total responsabilidad al último funcionario, en este caso las tres muertes de los niños a tres trabajadoras sociales, cuando hay una cadena de mando y toda una jerarquía institucional que tiene responsabilidad”, afirmó Manzanares.
La ministra de la Niñez y presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, anunció el 7 de junio pasado que suspendió a una trabajadora social, mientras se investigaba su posible responsabilidad por devolver a su familia a seis menores que eran tutelados por esa entidad. Uno de ellos falleció con aparentes signos de violencia.
Se trataba de un hogar con seis menores de entre uno y 14 años, expuestos, al parecer, a uso de drogas, violencia intrafamiliar, agresión física y un posible abuso sexual.
Esas situaciones derivaron en un proyecto de ley impulsado por Vega, que la facultaría para despedir a los funcionarios cuya negligencia exponga a riesgo a los niños, niñas y adolescentes.
Los empleados también anunciaron su oposición a esa iniciativa de ley.
“Bajo la nueva ley que solicita la señora ministra, también en cuanto a realizar despidos sin el debido proceso, es una cuota más de tensión para nosotros en salud mental y física”, manifestó Manzanares.
El proyecto de ley, según ha expuesto el Patronato, lo que pretende es agilizar el proceso de despido desde el momento en que la presidenta ejecutiva se entere de la posible comisión de una falta. Se llevaría a cabo una investigación sumaria, es decir más ágil, para determinar si se abre un procedimiento administrativo, según lo establece el reglamento.
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Oficinas locales
Los trabajadores también denunciaron una supuesta desatención de la Presidencia Ejecutiva en relación con las oficinas locales de la institución, las cuales atienden casos de violación a los derechos de los menores. Ahí también se tramitan los procesos de alternativas de protección para niños y adolescentes.
“Prácticamente los equipos están avocados a casos prioridad uno. Una oficina puede recibir por semana de siete a 10 casos prioridad uno, pero para una trabajadora social y una psicóloga, que son las que atienden, eso es inhumano. Debe contarse las distancias, las oficinas locales son 52 y se supone que debe haber una en cada cantón, pero no es así”, afirmó Marita Vargas, vicepresidenta de la Asociación de Trabajo Social del PANI.
Según detallaron los agremiados durante su audiencia en el foro legislativo, el Patronato cuenta con 284 trabajadores sociales, es decir, tres por cada una de las oficinas locales que atienden las denuncias en cada uno de los puntos.
“Hay falta de recurso humano para una pronta y oportuna atención, también falta de conductores, solo hay uno en cada oficina local. Cuando se presenta una situación de emergencias debemos definir de qué manera la abordamos. Nos trasladamos a zonas de alta peligrosidad y debido a la alta carga laboral debemos de tomar nuestros espacios para trabajar en las noches y durante fines de semana”, añadió Manzanares.
Por su parte, la representante de las psicólogas, Silvia Rojas, dijo que es común ver a profesionales en su campo asumiendo funciones que no están relacionadas con su profesión,
"Esto ocurre mientras el volumen y la complejidad de las denuncias por diversas formas de violencia en contra de menores de edad, así como demandas de otras instituciones han venido a colapsar las oficinas locales generando en los funcionarios sentimientos abrumadores de frustración, temor y dolor ante la impotencia de no poder responder de forma oportuna a cada una de las situaciones asignadas y con la amenaza del órgano disciplinario listo para acusar, juzgar y castigar en la espalda a cada momento”, afirmó.
La oficina de prensa del Patronato omitió referirse a las declaraciones de los gremios de trabajadores de la institución. La ministra Vega se encuentra fuera del país, según informaron.
