Juan Diego Córdoba. Hace 2 días
Difacom es un pyme radicada en Cartago especializada en la reconstrucción de bicicletas. Imagen con fines ilustrativos. Fotografía: Rafael Pacheco.
Difacom es un pyme radicada en Cartago especializada en la reconstrucción de bicicletas. Imagen con fines ilustrativos. Fotografía: Rafael Pacheco.

El plan para rebajar las cargas sociales a microempresas con menos de cinco trabajadores anunciado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en agosto de 2018, sigue varado.

El gerente financiero de la entidad, Carlos Alfaro, reconoció que la implementación del reglamento con beneficios para incentivar el empleo y combatir la informalidad laboral continúa sin fecha de publicación.

“Se estará implementando en el momento y bajo las condiciones sobre el particular que apruebe la Junta Directiva. No es prudente adelantar criterio”, afirmó.

Al respecto, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, explicó que encontraron posibles vicios en la iniciativa, por lo que deberán agendar nuevamente el reglamento para someterlo a análisis por parte de la Junta Directiva.

“Prevemos que vamos a tener que hacerle algunas modificaciones a este reglamento para que no tenga vicios que hemos detectado", afirmó Macaya.

La Junta Directiva aprobó el Reglamento de Microempresas y Emprendedores en el Seguro de Salud el 30 de julio de 2018. Esa normativa salió publicada en el diario oficial La Gaceta el 13 de diciembre para consulta.

Sin embargo, 10 meses después del anuncio, se desconoce cuándo comenzarían a regir las rebajas en las cargas sociales y ahora también queda la duda si el contenido original se mantendría.

“Este proyecto de reglamento se sacó a consulta pública como procede. Se recibieron comentarios, se hizo un análisis jurídico de los mismos y se han encontrado algunos roces con la ley constitutiva (de la CCSS) en cuanto a los esquemas de cotización relativa entre trabajadores y patronos”.

Cuando la entidad anunció la aprobación del reglamento, celebró que el mismo incentivaría el empleo, mejoraría la tasa de éxito de emprendimientos y ayudaría a reducir la informalidad laboral.

Los empresarios reclaman que la entidad atrasa esa medida en momentos que hay 276.000 desempleados y más de un millón de trabajadores informales.

El director de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Alonso Elizondo, afirmó que la Caja no contribuye a combatir esas estadísticas como debería hacerlo.

“Son medidas que vienen a paliar la difícil situación. No entendemos por qué la Caja no tiene la misma sensibilidad ante el desempleo que tenemos el resto de los costarricenses. Me parece que como ellos tienen trabajo y buen salario, no les está preocupando el resto de los costarricenses”, manifestó Elizondo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, en el 2018 dejaron de operar 56.530 pequeños negocios de menos de cinco empleados.

A pesar de ser golpeados por la marcada desaceleración económica de nuestro país, las microempresas generaron 600.000 puestos de trabajo, casi el 30% del total de los empleos reportados ese año.

Según datos de la Caja, las microempresas constituyen el 86% del empleo informal donde solo el 15% de los trabajadores de microempresas tienen seguro de salud y cotizan para una futura pensión.

La propuesta original

La propuesta original establecía que durante el primer año de aplicación de la normativa los pequeños empresarios aportarían mensualmente al Seguro de Salud 4,25% sobre el salario de cada trabajador, en vez del 9,25% que pagan otros patronos.

Ese monto aumentaría un punto porcentual por año hasta alcanzar el quinto periodo, cuando las microempresas tendrían que pagar el monto total.

Con ese incentivo, por ejemplo, una nueva microempresa con tres trabajadores con salarios de ¢600.000 cada uno, pasaría de aportar ¢166.500 mensuales por sus tres empleados, a ¢76.500 mensuales (también por los tres).

Ese monto se mantendría durante los primeros 12 meses de operación de la pyme, lo que representaría, según este caso hipotético, un ahorro de ¢1.080.000 en el año de nacimiento del pequeño negocio.

Sobre las pequeñas empresas que podrían recibir el beneficio, el reglamento menciona que cubre a las que “se inscriban o reanuden ante la CCSS, con un máximo de hasta cinco trabajadores y que tienen actividades económicas de carácter permanente”.

Además, esos negocios deberán estar inscritos como pymes ante el Ministerio de Industria y Comercio (MEIC), lo que facilitaría su permanencia en el sector formal, contribuyendo con las cuotas patronales para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), los institutos Nacional de Aprendizaje (INA) y Mixto de Ayuda Social (IMAS), entre otros.