El proyecto de ley aprobado el lunes por los diputados para despidos en Japdeva y mantener viva la entidad, contiene gastos ocultos. A la vista, se avala un presupuesto de ¢17.896 millones, pero, en realidad, el Estado terminará destinando más de ¢39.000 millones.

Con estos primeros ¢17.896 millones se pagarán prestaciones con bonificaciones de hasta ocho salarios a los empleados que serían liquidados, posiblemente este año.

También se crearía un régimen de prejubilación para los 277 empleados mayores de 55 años.

Estas herramientas, más la posibilidad de trasladar trabajadores a otras instituciones públicas, le permitirían a Japdeva desprenderse de hasta el 80% de su planilla (944 personas), que en total, llega a 1.180 funcionarios.

Sin embargo, el pago mensual de las 277 prejubilaciones a quienes se pensionarán a lo largo de los próximos 10 años, exigirá al Estado el gasto de al menos ¢15.000 millones más en esa década.

Así, cuando el último de los beneficiados cumpla la edad de retiro y las cuotas para incorporarse al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el costo total de la reducción del tamaño de Japdeva ascenderá a ¢39.000 millones, algo que no menciona el proyecto de ley.

Ese monto es el resultado de la suma del auxilio para salarios transferidos en julio anterior a la institución, del presupuesto extraordinario para ejecutar la reestructuración y del costo de las prejubilaciones en 10 años.

También incluye otros ¢5.753 millones que se aprobaron en julio pasado para pagar tres meses de salario mientras se esperaba este operativo de rescate.

Todos estos costos son el resultado de decisiones no tomadas por quienes gobernaron en Japdeva en los últimos años, ni por el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), para evitar la crisis financiera que ahora enfrenta la entidad portuaria.

Para no cometer errores, la presidenta ejecutiva, Andrea Centeno, dice que serán los estudios técnicos los que determinarán la estructura con la que operarán a futuro.

“Es el momento de ponernos a implementar con sumo cuidado y en coordinación con los diferentes actores para que este proceso llegue a buen puerto”, señaló la jerarca de la Junta de Admnistración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.

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Desde el 2020

A partir del próximo año y hasta 2029, el Gobierno deberá incluir en el presupuesto nacional, los fondos para pagar las prejubilaciones a los 277 empleados que se acogerían al beneficio.

Este subsidio estatal busca "no dejar desprotegidos" a empleados mayores que tendrían difícil encontrar trabajo luego de ser cesados de la institución pública, según el proyecto de ley.

El presupuesto extraordinario para salvar la institución solo incluye la creación de este régimen de prejubilación y el pago de los subsidios en lo que queda del 2019, cuando deberá continuar pagando “la protección” a los trabajadores hasta 2029.

A ese año, el Estado habría gastado otros ¢15.040 millones.

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Según la Dirección Nacional de Pensiones, para el próximo año se deberán destinar ¢4.093 millones; ¢3.555 millones en 2021; ¢2.816 millones en 2022... y así hasta que el último de los empleados cumpla con la edad necesaria para pensionarse por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Eso no ocurrirá hasta marzo de 2029.

Los trabajadores beneficiados gozarán de un subsidio promedio de ¢1,2 millones mensuales.

En un criterio técnico sobre el proyecto de ley, la Contraloría General de la República (CGR), pidió a los diputados considerar la delicada situación fiscal antes de adelantar la jubilación de empleados de Japdeva. Sin embargo, los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración –encargados de dictaminar el texto– mantuvieron el beneficio.

Luego, la Sala Constitucional respondió negativamente a una consulta planteada por un grupo de diputados, que advertían de dos posibles problemas de constitucionalidad.

El primero, si se violaba la autonomía de Japdeva con este plan para achicar la planilla, y segundo, si sería inconstitucional el plazo de un mes para que los empleados determinaran su vía de salida de la empresa portuaria.

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La respuesta de la Sala advirtió de que se requerían estudios técnicos solo en caso de despidos de funcionarios del régimen de servicio público, que son básicamente personas en puestos gerenciales. Entretanto, la entidad podría proceder con las destituciones de empleados bajo el “régimen de derecho común”, que son la mayoría.

En este sentido, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva alegó que la convención les dio un espacio para negociar, y sería en ese contexto que pedirían fundamentar todos los despidos.

Urgencia

La entidad portuaria buscará reestructurar la institución a contrarreloj, antes de que consuma los recursos inyectados por los legisladores para pagar salarios.

De no hacerlo a tiempo y no generar los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones, la Junta tendrá que recurrir a un nuevo presupuesto extraordinario.

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Japdeva también enfrentará el reto de recapitalizarse debido a que, ante la crisis financiera, tuvo que consumir en pago de salarios cerca de ¢6.000 millones de reserva, antes de que tuviera que acudir al Congreso por el salvavidas.

Se le consultó al Ministerio de Hacienda si para el presupuesto del próximo año se incluyó alguna transferencia para la empresa portuaria para financiar la operación, sin embargo, no hubo respuesta.