Contraloría alerta al IMAS por ayudas a familias que no lo necesitan

La alerta fue dada por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe dado a conocer este viernes.

Según el documento, el IMAS está "potenciando el riesgo de haber otorgado beneficios a quien no cumplía con la normativa vigente".

Solo en el 2016, el IMAS ayudó a 218.220 familias con beneficios que superaron los ₡136.299 millones.

Uno de los beneficios más importantes que otorga es el conocido como "Atención a Familias", el cual representó el 49,59% de ayudas en el 2016 y absorbió el 34,57% (más de ₡47.123 millones) del total de recursos desembolsados.

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Este beneficio, según la Contraloría, implica alimentación, gastos por enfermedad o pagos de alquiler.

Entre los hallazgos del ente contralor también destaca la ausencia de criterios de prioridad para ordenar la lista de espera de familias pobres en espera de beneficios.

Lo anterior podría estar provocando que personas que necesitan con urgencia un apoyo económico deban esperar mucho más tiempo para ver aliviada su necesidad.

Esto sucede, según la Contraloría, por la ausencia de procedimientos para depurar y administrar la lista de espera de beneficiarios, "lo cual puede ocasionar que se otorguen beneficios a personas que tienen menor prioridad que otras".

Además, de acuerdo con la Contraloría, el IMAS supera los 45 días para entregar las ayudas a hogares en estado de pobreza.

Estas conclusiones aparecen en el informe DFOE-SOC-IF-11-2017. La investigación, según la CGR, pretendía determinar si el IMAS tiene mecanismos que promuevan una gestión administrativa transparente en el proceso de selección y otorgamiento de beneficiarios.

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Aunque el informe reconoce los avances realizados en los últimos años por esa institución, plantea varias recomendaciones para mejorar la gestión.

" (...) a pesar de que ha implementado acciones para promover y fortalecer la transparencia en la gestión institucional y en el proceso de selección y otorgamiento de beneficios, actualmente cuenta con tareas y retos pendientes relacionados con diseñar e implementar mecanismos efectivos que promuevan una gestión administrativa transparente particularmente en el proceso de selección y otorgamiento de beneficios de conformidad con el marco constitucional, legal y normativo aplicable", apunta el informe.

Entre los problemas detectados, están los siguientes:

• El IMAS carece de un procedimiento para atender quejas y denuncias. 
• El acceso a la información solo lo promueven por vías digitales. 
• Falta un sistema de rendición de cuentas. 
• No define los tiempos para la entrega de beneficios. 

Mejora en procesos

El IMAS es la institución rectora en el país en el tema de pobreza.

El gerente general de ese Instituto, Gerardo Alvarado Blanco, asegura que las observaciones de la Contraloría se reciben con "total apertura", pero defendió, al mismo tiempo, los esfuerzos realizados desde el 2014 para mejorar la selección de los beneficiarios.

"Estamos absolutamente convencidos de que tenemos un método de priorización al cual le hacen falta más procedimientos, pero tenemos criterios para manejar la lista para que la asignación no sea arbitraria", aseguró el funcionario.

"Siempre, siempre, siempre el IMAS va a establecer este parámetro de priorización atendiendo en primera instancia a las familias en pobreza extrema. Esta priorización que hacemos queda respaldada por la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, donde hemos visto una disminución de las filtraciones a nivel institucional", agregó.

De acuerdo con sus datos, al 29 de octubre, el 97% de todos los subsidios individuales fueron entregados a familias en pobreza extrema y pobreza básica. Solo un 3% ha sido asignado a otros grupos.

Estos últimos son familias que enfrentan una situación de coyuntural (pérdida temporal de empleo, por ejemplo), o enfrentan una emergencia. Estos casos, afirmó Alvarado, deben pasar por una evaluación técnica.

"El informe nos plantea oportunidades de mejora pero no es preciso en lo que corresponde a la valoración de nuestro proceso para la calificación y selección de las familias, el cual consideramos que es altamente robusto", dijo Alvarado.

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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay 305.231 hogares cuyos ingresos mensuales promedio son menores a ¢99.238 y por lo tanto, no cubren las necesidades básicas.

De estos hogares, hay 86.663 en pobreza extrema que son aquellos cuyos ingresos mensuales promedio son ¢46.976 y, por lo tanto, ni siquiera les alcanza para la comida básica.

Lo anterior sitúa el porcentaje de pobreza en el país en 20% de los hogares en el 2017. La pobreza extrema bajó de 6,3% a 5,7% entre 2016 y este año.