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Una de las divergencias entre el Conavi y Soares da Costa ha girado sobre la pertinencia y calidad de la rejilla que se colocó en el puente. | ARCHIVO (Adriana Araya)
El consorcio de capital portugués Soares da Costa, que en principio estaba encargado de reparar la “platina” del puente sobre el río Virilla, en la autopista General Cañas, inició ayer un proceso de arbitraje para que el Conavi le pague alrededor de ¢1.200 millones.
De ese dinero, ¢600 millones son adeudados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a la empresa constructora.
Los restantes ¢600 millones son por intereses, daño a la imagen de la firma y otros, explicó el abogado del consorcio, Francisco Martí.
A inicios de año, el Conavi congeló el pago al consorcio portugués porque tres semanas después de los arreglos en la platina se evidenciaron fallas en la rejilla que se instaló en el puente.
Desde entonces, tanto la empresa como el Conavi se señalan como responsables del fallido arreglo, los cuales le costaron al Estado $3,8 millones y el cierre total o parcial de la General Cañas entre diciembre del 2011 y febrero de este año.
Martí informó de que el requerimiento arbitral –el cual contiene alrededor de 60 folios– fue elevado ayer por la mañana ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Manifestó, además, que el veredicto del proceso estaría listo en unos seis meses.
Ayer se intentó obtener el criterio de José Luis Salas, director del Conavi, pero no fue posible localizarlo debido a que estuvo coordinando los trabajos que se realizan a la General Cañas por un gran hoyo que apareció desde el martes en las cercanías de Real Cariari.
En la tarde de ayer se intentó infructuosamente conversar con el titular del ramo, Luis Llach, quien en la mañana habló con la prensa sobre el bache en la autopista.
De acuerdo con la reglamentación, uno de los árbitros es aportado por Soares da Costa.
El Conavi, que sería notificado entre hoy y el lunes, tendrá tres días de plazo para dar sus alegatos iniciales –sobre por qué no pagó los ¢600 millones– y, además, proponer el segundo árbitro.
La designación del tercer integrante del tribunal recae en los dos árbitros que presenten la constructora y el Conavi, aunque ese tercero será escogido de la lista de mediadores de la Cámara de Comercio.
El veredicto estará listo en 155 días. Según dijo Martí, lo que se resuelva es de acatamiento obligatorio porque al optar por un tribunal de arbitraje, las partes no pueden acudir a los tribunales comunes.
