Miles de conductores saturan cada mes las ocho oficinas que abrió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para tramitar las apelaciones a las nuevas multas de tránsito.
En solo cinco meses de vigencia, la ley de tránsito acumula un total de 18.704 apelaciones de conductores que alegan haber sido sancionados en forma injusta.
Las cifras del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) demuestran que las impugnaciones contra la ley se dispararon cuando empezó a regir un paquete de multas económicas más abultado.
Héctor Monge, director del Cosevi, explicó que entre el 1.º de marzo y el 3 de agosto pasados se levantaron 131.972 infracciones.
Durante ese período, se recibieron 18.704 apelaciones, las cuales equivalen al 14% del total de partes confeccionados.
El año pasado, cuando las multas económicas eran muchísimo más bajas, el porcentaje de partes apelados rondaba apenas entre el 2% y el 3%, relató Monge.
El jerarca reconoció que la enorme cantidad de reclamos los tomó desprevenidos, pues aún no se abren todas las Unidades de Impugnación que requiere el país.
En los primeros tres meses solo recibían reclamos, pero no los resolvían, pues estaban capacitando a los tramitadores y a los abogados que resuelven las impugnaciones.
Eso significa que hoy una apelación tarda hasta cuatro meses en resolverse, cuando la ley establece un plazo de 10 días hábiles.
Monge detalló que, hasta la semana pasada, se habían resuelto solo 3.000 impugnaciones, las cuales representan solo la sexta parte de las casi 19.000 acumuladas.
Apelar por apelar. Eso sí, de los 3.000 recursos resueltos, solo en un 4% de los casos (120) se le dio la razón al conductor y se borró la multa de su expediente.
Tanto Monge, como el ministro de Transportes, Francisco Jiménez, estiman que los choferes están apelando indiscriminadamente, aunque carezcan de pruebas suficientes para librarse de la sanción.
Según el director del Cosevi, los conductores tienen ideas erróneas, pues piensan que con solo apelar se les anulará la sanción, o que se les cobrará menos.
“Incluso creen que ya está vigente un proyecto de ley que impulsa el Movimiento Libertario para que las multas bajen un 50%. Pero lo cierto es que si la impugnación es rechazada, en noviembre o diciembre esa multa se va a acumular al marchamo”, advirtió Monge.
Los intereses por mora empiezan a correr cuando el juez resuelve la impugnación.
El jerarca estimó que a finales de octubre habrán salido de la “presa” de reclamos, pues para entonces ya estarán trabajando a tiempo completo 40 abogados más y 40 tramitadores adicionales.
Las unidades de impugnación están en el Cosevi de La Uruca, en Puntarenas, Liberia, San Ramón y Osa. También en Pérez Zeledón, Alajuela o Guápiles. Colaboró Juliana Barquero