Patricia Recio. 2 noviembre, 2017

Un conductor de Uber recibió una multa de ¢2 millones por infringir la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para la prestación de servicios de transporte público.

Se trata del primer caso en que queda en firme una sanción de este tipo, tras la culminación de un proceso administrativo.

La entidad indicó este jueves que, tras una investigación preliminar, se determinó que la aplicación Uber es más que una plataforma tecnológica, pues crea una oferta de servicio de transporte remunerado y facilita la prestación de un servicio.

24/10/2017 Usuariso de Uber no tienen la certeza si el conductor que los llevará es la persona que dice ser, ademas de la falta de cobertura en seguros en caso de accidente. Fotos: Jorge Navarro
24/10/2017 Usuariso de Uber no tienen la certeza si el conductor que los llevará es la persona que dice ser, ademas de la falta de cobertura en seguros en caso de accidente. Fotos: Jorge Navarro

En ese sentido, añadió que tanto los dueños de los vehículos como los conductores son responsables de este servicio ilegal.

Mediante un comunicado el gerente de Uber en Latinoamérica, Andrés Echandi afirmó que " en todo momento hemos mantenido constante comunicación con el socio colaborador afectado, así como con el resto de los miembros de nuestra comunidad de autoabastecimiento.

"En Uber somos respetuosos de las opiniones de los otros sectores, pero creemos que es importante lograr un consenso para definir una regulación innovadora y apropiada que permita la libre convivencia de todas las formas de movilidad existentes en el país" , dijo.

El representante de la empresa aseguró que los canales de colaboración "siempre están a disposición" de los socios, sin detallar la ayuda que brindarán a este caso en específico.

Otros 30 casos

Mediante un comunicado, la Aresep recordó que para prestar el servicio público se debe tener concesión o permiso del Estado, los cuales son otorgadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).

También mencionó que los resultados de la investigación fueron enviados a otras instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Economía y Ministerio de Comercio Exterior.

Actualmente, la Aresep tiene abiertos otros 30 procedimientos de investigación contra choferes de Uber que fueron remitidos por la Policía de Tránsito. Además, están pendientes de resolver otros 150 casos de taxistas piratas.

Cuando un conductor es sancionado con la Ley de la Aresep (Ley 7593), la multa oscila de cinco a diez veces el valor del daño que, según estime la entidad, se cause con la prestación ilegal del servicio.

En el caso de Uber, al no poderse cuantificar el daño, la Ley General de Administración Pública establece que se aplica una multa que equivale a entre cinco y 20 salarios base de un funcionario del Poder Judicial (entre ¢2 millones y ¢8 millones).

El proceso

El proceso inicia cuando el oficial de tránsito impone un parte a la persona que presta el servicio ilegal. Luego, su vehículo es decomisado y trasladado a los depósitos del MOPT. Transcurrido un mes, la Aresep levanta de oficio la medida cautelar contra el vehículo, el cual puede ser retirado con autorización de la Autoridad Reguladora.

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Mientras tanto, luego de que el MOPT remite el expediente del parte, inicia un proceso administrativo para el cobro de la multa, el cual puede demorar meses e incluso años, pues se deben realizar comparecencias, solicitar pruebas y buscar a las partes involucradas. Luego de que el Órgano Administrativo fije una multa, esta debe ser avalada por el Regulador General.

Por tratarse de una multa administrativa, el cobro dependerá de si aparece el propietario del vehículo para ser notificado, se realizan prevenciones de cobro o se hace una investigación para determinar si tiene bienes a su nombre que puedan ser embargados.