Conavi confía en refuerzo del suelo y ordena asfaltar ruta 32

Esperanzados en esa premisa, los ingenieros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dieron ayer la orden de inicio para asfaltar el primer tramo de la vía, entre el periódico La República y el cruce de Llorente, Tibás.

Christian Vargas, director de Conservación Vial del Conavi, confirmó que el refuerzo se realiza en la subrasante (suelo) y en la capa más profunda de la estructura de pavimento (subbase).

En la subrasante se colocaron dos sacos de cemento por cada metro cúbico de tierra removida; y luego se adicionó un saco de cemento por cada metro cúbico de subbase, agregó José Luis Salas, director del Conavi.

Según Pedro Castro, ministro de Transportes, esto garantizaría que el asfalto no se deforme o se resquebraje antes de tiempo.

Así las cosas, ayer empezó la colocación de la primera de tres capas de asfalto, de seis centímetros de espesor cada una.

La primera y la tercera incluyen una mezcla con polímeros para que el material sea más resistente.

Según Salas, las tres capas de asfalto estarán listas a finales de esta semana. Luego se realizará la demarcación de la vía y se trasladará el flujo vehicular en el sentido San José-Guápiles.

Se prevé que, a mediados de la próxima semana, se cierren los dos carriles en el sentido Guápiles-San José para empezar a demoler la vieja losa de concreto.

Antecedente. El Conavi tuvo que reforzar el suelo de la ruta 32 – cuando la reconstrucción ya estaba en proceso– al percatarse de que el material era de mala calidad y se deformaría antes de tiempo.

Ingenieros de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes del Conavi habían advertido de que, en esas condiciones, el asfalto nuevo duraría apenas cuatro años, y no los 12 que están previstos en el contrato firmado con la constructora H. Solís. En el diseño de la estructura del pavimento, contratado por el Consejo a una empresa privada, se sobrevaloró la calidad de los suelos en esa zona.

Aunque el diseño es parte de los servicios que se le pagan a Hernán Solís, no se prevé que haya consecuencias para la empresa por el fallo en el análisis de suelo.

Según Pedro Castro, el caso se analizará legalmente, pero cree que no habrá consecuencias, pues el cambio del diseño se hizo sobre la marcha y no implicó demoler obra terminada. Este proyecto cuesta ¢2.600 millones.