La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Banco de Costa Rica (BCR) están entre las instituciones que menos obedecen las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR).
Estas instituciones aparecen en los últimos puestos del primer Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones de la CGR, al recibir 38 puntos de 100 y quedar en los puestos 169 y 168 respectivamente, de 173 entidades.
En total, 56 instituciones (un 32,4%) tuvieron una calificación menor a 70, por lo cual requieren “acciones inmediatas” según la CGR. Entre ellas están también el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En el fondo quedaron el Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Cartago, la Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas (Fedemsur), y los municipios de Golfito y Abangares.
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Para crear la tabla, la Contraloría evaluó solo a las instituciones que recibieron disposiciones y recomendaciones en el 2016 y 2017, por lo que entidades como la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no se incluyeron en el índice.
Ante la consulta de La Nación, la CNE respondió que la institución “se comprometió de forma inmediata a implementar las medidas correctivas para subsanar las observaciones de la CGR”, como identificar las razones por las que las disposiciones no se cumplieron en administraciones pasadas y crear un plan de mejoras, el cual estaría en una fase final.
Mario Alvarado, vocero de gerencia estratégica del BCR, declaró que “este tipo de reportes nos permite autoanalizarnos e identificar estrategias que nos permitan implementar buenas prácticas”, y añadió que el banco va a “considerar estos resultados del Índice 2018 y definir esas áreas en las que debemos mejorar”.
Elberth Barrantes, alcalde de Golfito, aseguró que su municipio, en el puesto 171 del índice, incumple los avisos del ente contralor porque arrastra problemas de administraciones anteriores.
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Al otro lado del ranquin, solo 11 instituciones (6,3% del total) lograron el puntaje de excelencia determinado por la Contraloría: igual o mayor a 95.
En la cima aparecen el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) con la nota perfecta, seguidos por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Banco Popular.
“Tomando en cuenta lo estricta que es la CGR en la fiscalización, es de gran satisfacción el ser calificados con nota 100”, dijo el director general de Aviación Civil, Guillermo Hoppe.
Por su parte, Róger Porras, director ejecutivo de Jupema, afirmó que su calificación “demuestra que esta es una institución ordenada, con buena capacidad de gestión”.
28 entidades (16,2%) obtuvieron entre 94 y 85, lo que demuestra “un cumplimiento razonable”. Entre ellas están la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Nacional, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Poder Judicial.
Asimismo, son 78 (45,1%) las que tienen “oportunidades de mejora”, al lograr entre 84 y 70 puntos. En esta categoría ingresaron la Asamblea Legislativa, la Municipalidad de San José, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Universidad Nacional (UNA) y Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La tabla completa está disponible en el sitio web de la Contraloría.
La calificación está compuesta por los rubros de eficacia (porcentaje de avance de las disposiciones), eficiencia (cumplir a tiempo) y gestión (seguir la normativa de la CGR en el proceso).
Además, las entidades fueron divididas en grupos de la A a la D según su complejidad, es decir, presupuesto, número de funcionarios y cantidad de disposiciones recibidas. Por ejemplo, el BCR está en el grupo A, con instituciones más complejas, mientras que los comités cantonales de deportes pertenecen al grupo D.
El grupo A fue el que mostró los mayores avances, con nota promedio de 76, pues dichas entidades “cuentan a su vez con estructuras administrativas más consolidadas que les podrían permitir una mejor respuesta en la definición y ejecución de acciones, para subsanar las deficiencias identificadas en las auditorías”, señala el informe.
Por otro lado, la CGR llamó la atención a los órganos del grupo D, cuya calificación promedio de 71 fue la más baja, “pese a que poseen estructuras menos complejas y deben abordar una menor cantidad de disposiciones”.
El informe destaca que solo un 56% de las instituciones consideró que la nota refleja su situación actual.