Unas 30 empresas asentadas entre La Uruca y el cruce a la ruta 32 deberán ceder sus terrenos al Gobierno para así permitir la construcción de cuatro kilómetros del “arco norte” de la carretera de Circunvalación, obra por iniciarse en el 2015.
Pedro Castro, jerarca de Transportes, aseguró que ya se iniciaron los procedimientos para que estas expropiaciones de la primera fase no sean motivo de atraso.
“Se estima que mientras el contrato se refrenda, se ejecute la etapa de diseño y arranque. Es tiempo suficiente para que si los terrenos no llegan a expropiarse completamente, estén entonces (los diseños) encaminados”, expresó Castro.
El dilema de las expropiaciones motivó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a separar en dos tractos el proyecto, que tendrá un costo de $147 millones. El tracto final, de un kilómetro entre el cruce de la ruta 32 y Calle Blancos de Goicoechea, obliga al Gobierno a efectuar más de 100 expropiaciones.
“Se procurará hacer el diseño, el acercamiento con las personas y los planos de catastro para que eso eventualmente pueda ser una adenda de este contrato o se pueda contratar aparte”, declaró Castro.
Las obras en ese tramo preocupan, sobre todo, a quienes habitan en el precario Triángulo de la Solidaridad, en Goicoechea, pues está latente el riesgo de desalojo.
“Para nosotros es una zozobra terrible. No sabemos si nos van a desalojar y el Gobierno no se ha vuelto a reunir con nosotros”, reclamó Cecilia Mora, vecina del precario desde hace nueve años.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) había estimado que se debía reubicar, inicialmente, a 180 familias de ese asentamiento. Esa necesidad se definirá después de junio.
“No se ocupa el 100% del terreno; queda una sección donde, eventualmente, puede quedarse ahí un grupo de familias. Para el resto se ha venido coordinando con el Mivah”, expresó el jerarca del MOPT.
El consorcio La Estrella-Hernán Solís diseñará, en seis meses, los 5,4 kilómetros entre la intersección de La Uruca y Calle Blancos. La construcción duraría 18 meses.
El contrato que lo avala fue firmado ayer entre el representante legal del consorcio, y Cristian Vargas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó en calidad de testigo de honor.
Nota del editor: Información actualizada posterior a su publicación.