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Caótica expansión de la ciudad amenaza con tapar zonas de recarga acuífera

Senara pide $50 millones para hacer análisis requeridos en planes reguladores

Las tierras de Barva y San Rafael de Heredia que hidratan la Gran Área Metropolitana (GAM) corren el riesgo de quedar tapadas por concreto, casas y edificios.

Son zonas que todavía absorben el agua de lluvia para almacenarla –o que se conoce como recarga acuífera–, pero carecen de una protección clara debido a la falta de planes reguladores.

La guías de ordenamiento territorial son elaboradas por las municipalidades para fijar, por ejemplo, las áreas de desarrollo residencial, comercial, agrícola y de protección de un cantón.

Sin embargo, 57 de los 81 municipios del país carecen de esa herramienta porque no han podido realizar estudios de alta complejidad y costo para precisar, entre otros datos, la ubicación de acuíferos y sus características.

El decreto 39.150, publicado en La Gaceta del 3 de setiembre de 2015, impuso al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) la obligación de llevar a cabo los estudios hidrogeológicos, de los que urgen los ayuntamientos para asegurar las fuentes y reservas de agua.

No obstante, contra esa normativa se presentó una acción ante la Sala Constitucional, la cual está pendiente de resolver.

De cualquier forma, alega la institución, aunque no existiera la acción, faltan fondos.

“Senara se comprometió a hacer los estudios, pero solo si hay recursos”, aclaró Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica de la entidad.

La institución propuso al Gobierno un plan de financiamiento por $50 millones (unos ¢27.200 millones) para investigación en el 30% del territorio, del cual ya poseen alguna información sobre el recurso hídrico.

Esto, sostuvo Romero, acortaría el proceso, pues permitiría efectuar los análisis en esa parte del país en cinco años. La medida depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Mientras las decisiones llegan, la desordenada expansión del urbanismo y de las áreas comerciales e industriales pone en riesgo el agua del futuro.

En algunos cantones bajó el ritmo de la construcción, pero no como una medida para proteger las áreas de recarga acuífera, sino porque sencillamente no hay agua. Tal es el caso de Oreamuno, Alajuela, Barva y Santa Cruz.

Mientras, el Gobierno estudia decretar una moratoria de tres años a la perforación de pozos en Guanacaste para permitir la rehabilitación de acuíferos.

Rezago. Para Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se está perdiendo tiempo valioso para proteger a los mantos acuíferos.

“Sufrimos ingobernabilidad en el tema del agua. El país se rige por una ley de aguas de 1942, cuando Costa Rica era muy distinta”, manifestó.

A ella le preocupan situaciones como la de Barva y San Rafael porque son las áreas de las que depende el suministro del recurso para la GAM, pero hay muchos más en todo el país.

El Instituto tienen en total 511 sitios de aprovechamiento de agua, pero menos de 100 poseen áreas de protección definidas.

Dicho rezago fue señalado por el Vigésimoprimer Informe del Estado de la Nación , pues el último balance hídrico data de 2008.

A esas falencias se suma la ausencia de estaciones hidrométricas, que miden el comportamiento de las nacientes, como dijo a La Nación en enero, Ricardo Sánchez, hidrólogo e investigador de la Universidad Nacional (UNA).

José Miguel Zeledón, director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), considera que al Estado le ha faltado decisión y voluntad política.

“Cuesta mucho hacer las cosas. A veces, en el tema de dinero, es difícil venderle a los políticos, a Hacienda, la necesidad del país en materia de agua”, señaló.

Astorga y Zeledón también criticaron al Congreso por dilatar el trámite de una ley que permitiría reordenar el sector del agua y fije reglas de protección.

Demanda de agua complica vida en cantones. Los cantones de San Rafael, Barva y Santa Bárbara figuran entre las zonas más importantes de recarga acuífera para la Gran Área Metropolitana (GAM). Sin embargo, la creciente demanda de líquido y de permisos de construcción sube la presión sobre sus municipios.

“Sentimos que no preocupa lo suficiente el tema de protección de los mantos acuíferos. Falta una política de Estado”, reclamó Claudio Segura, alcalde de Barva, quien afirma que los acuíferos del cantón están “sobre-explotados”.

Segura agregó que, a falta de plan regulador o estudios técnicos, están rechazando pedidos de construcción de nuevos condominios y urbanizaciones para evitar que el cantón se quede sin agua.

Entre tanto, en Santa Bárbara ya hay cinco distritos con racionamientos diarios de agua debido al faltante, afirmó la ingeniera Suyin Vargas Murillo, encargada del acueducto municipal.

Hace años, explicó, el cantón abasteció a cantones como Belén y Alajuela cuando la producción en las nacientes era mayor. Hoy, aseguró, hay una merma en los caudales.

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“La situación ya es insostenible para la gente y, aunque no es la idea limitar el desarrollo del cantón, preferiríamos no seguir dando permisos constructivos en tanto no tengamos un plan regulador y reglas claras”, comentó Vargas.

Por su parte, Marianela Rodríguez, encargada de gestión ambiental en la Municipalidad de San Rafael, manifestó que el ayuntamiento endureció las restricciones para obras nuevas.

Así, por ejemplo, se dispuso que en algunos sectores los lotes deben tener un área mínima de 650 metros cuadrados y que solo se puede construir el 30% del área en planta baja. Cuanto más arriba esté el terreno, más grande debe ser.

Rodríguez sostuvo que también han tenido que rechazar muchas solicitudes para construcción debido a que el cantón es zona de recarga para el Valle Central.

Señaló que el proceso para elaborar el plan regulador avanza, pero alego que es “muy lento”.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.