Semanas atrás, el epicentro de la pandemia en Costa Rica estaba en la zona norte del país. Allí, el SARS-CoV-2 aprovechó el hacinamiento y malas condiciones laborales de cientos de trabajadores agrícolas para propagarse.
Las autoridades sanitarias tuvieron que montar un operativo para revisar finca por finca, hallar personas con síntomas de covid-19, hacer pruebas y procurar el aislamiento de los contagiados. Aunque el foco de la emergencia ahora está en la Gran Área Metropolitana (GAM), persisten cuestionamientos sobre la operación de los empresarios agrícolas.
Ante esa situación, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) ofreció al Ministerio de Agricultura y Ganadería realizar un diagnóstico para determinar en qué condiciones operan los productores de piña.
El 24 de junio, Ricardo Marín, viceministro de Trabajo, manifestó que una de las principales irregularidades detectadas es que algunos empresarios piñeros delegan la contratación de peones a terceros, para no pagar salarios mínimos y cargas sociales.
Abel Chaves, presidente de Canapep, dijo que desde hace dos semanas le propusieron a Renato Alvarado, jerarca de Agricultura y Ganadería, inspeccionar cuáles empresas incumplen con la normativa laboral y ambiental.
De acuerdo con el representante de Canapep, en el país hay aproximadamente 170 productores de esa fruta. Sin embargo, solo 41 pertenecen a la Cámara.
El interés de Canapep es, según Chaves, demostrar que la industria sí cumple con la legislación nacional, poner en regla a las compañías que no lo hacen y no afectar el volumen de exportaciones. En 2019, los envíos de piña al mercado internacional generaron $930 millones.
“Todas las empresas afiliadas a la Cámara deben pasar por un proceso de inspección en el que deben de demostrar la normativa en materia laboral, ambiental y de salud ocupacional. Nosotros, dentro del plan de desarrollo, a lo largo del año, a las empresas se les hacen diagnósticos y esos diagnósticos tienen el objetivo de darle seguimiento a esas áreas.
“De todo lo que hemos pasado con la pandemia, en especial el sector agrícola, debemos quedarnos con lo positivo y, en reuniones que tuvimos de manera virtual con el ministro de Agricultura, ofrecimos hacer, sin ningún costo, un diagnóstico a cada una de las empresas productoras de piña”, declaró Chaves.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, respondió, por medio de su oficina de prensa, que Canapep está habilitada para hacer ese tipo de evaluaciones.
“La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Canapep, está en total potestad de realizar los estudios y diagnósticos que consideren necesarios para corroborar si sus asociados están en regla o no.
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“De parte nuestra agradecemos el ofrecimiento y consideramos que su anuencia a trabajar de forma articulada es de vital importancia para la toma de decisiones; sin embargo, por parte de este ministerio no se ha solicitado, ni pedido de manera expresa a ninguna cámara, organización o asociación realizar estudios de cumplimiento laboral y ambiental”, expresó el jerarca.
El instrumento que utilizaría Canapep para examinar la gestión de los piñeros es el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción de Piña, el cual fue avalado por el Ente Costarricense de Acreditación.
Chaves rechazó que una inspección que realice Canapep no vaya a ser rigurosa, pues les interesa asegurar la reputación de la piña costarricense en el mercado internacional.
Según datos oficiales, en Costa Rica hay 40.000 hectáreas sembradas de piña distribuidas en diferentes regiones y esa actividad genera cerca de 28.000 empleos directos.
Error del Ministerio de Trabajo
Durante las inspecciones hechas, días atrás, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la zona norte se realizaron prevenciones a varias compañías agrícolas por supuestas irregularidades en material laboral.
En una lista enviada a este medio de comunicación, esa entidad mencionó a las firmas Upala Agrícola, Agroindustrial Piñas del Bosque y Bracam Pital entre los infractores. Sin embargo, la semana anterior la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió que cometió un error y esas compañías no presentaron incumplimientos a la hora de inspeccionarlas.
“Aclaramos que, durante esta visita, estas empresas se encuentran a derecho con la normativa laboral tal como se constata en las actas de la visita, en las que se consigna que no se encontró ninguna infracción laboral.
“Extendemos las disculpas correspondientes a estas empresas por la afectación que esta información incorrecta pudiera haberles causado”, afirmó por escrito la institución.
En el caso de Upala Agrícola, remitieron a La Nación copias de las boletas de inspección en las que se puede constatar que superaron la revisión de las autoridades.