La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) echó atrás la decisión de perdonar el pago de intereses al Estado por la deuda correspondiente a servicios brindados y cuotas atrasadas.
Como medida inmediata, determinó que de los ¢88.759 millones que ha pagado el Estado de una deuda pactada en ¢181.000 millones, ¢40.214 millones serán tomados como intereses.
La posición de la Caja fue asumida en la sesión del jueves tras analizar el hecho de que en la gestión de Eduardo Doryan como presidente ejecutivo (2006-2010) se dejó por fuera el pago de intereses en un convenio firmado en el 2007 con el Ministerio de Hacienda.
La confirmación de que se eximió al Estado de esa obligación la hizo semanas atrás el director financiero y actual gerente Iván Guardia.
En una reciente comparecencia ante el Congreso, Doryan responsabilizó a varios subalternos de aquella decisión durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez.
Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, enfatizó en que las actuales autoridades tienen el deber de corregir medidas tomadas en el pasado.
Debemos tener “total transparencia en las actuaciones y, en caso de que en el pasado hayan existido omisiones, subsanarlas de inmediato porque de ahí depende la sostenibilidad del mayor régimen previsional del país en materia de salud y pensiones”, dijo Balmaceda.
“La Junta Directiva (de la CCSS) tiene suficiente conocimiento de causa para poder tomar las decisiones dentro de su condición de autonomía; la Caja es una de las mayores preocupaciones del Gobierno”, declaró ayer Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.
Si la deuda del poder Ejecutivo era alta, con lo acordado por la Caja el monto crecerá aún más. Y la pregunta obligada es ¿de dónde sacará recursos el Gobierno?
“Ustedes conocen la respuesta pues en el último presupuesto del Ejecutivo la mitad es deuda; todo el mundo sabe del déficit fiscal amplísimo. No hay ninguna otra posibilidad, salvo que entren recursos frescos que hemos venido procurando materializar”, dijo Benavides.
”Pero el interés de todos los costarricenses es que se normalice cualquier situación financiera que afecta a la Caja, así que nosotros no tenemos objeción”, añadió el jerarca de la Presidencia.
Balmaceda agregó: “Se estaría analizando la actuación de los distintos funcionarios, a fin de precisar la existencia de presuntas omisiones en el ejercicio de las funciones y, eventualmente, en caso que correspondan, implementar las acciones punitivas que se requieran en salvaguarda del patrimonio”.