Juan Fernando Lara Salas. 28 octubre, 2020
En abril, el gobierno lanzó el sitio proteger.go.cr, para recibir los formularios de los solicitantes del bono por haber perdido su trabajo, tener su contrato suspendido o su salario reducido. Foto: Rafael Pacheco
En abril, el gobierno lanzó el sitio proteger.go.cr, para recibir los formularios de los solicitantes del bono por haber perdido su trabajo, tener su contrato suspendido o su salario reducido. Foto: Rafael Pacheco

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el plan de subsidios a trabajadores afectados por la pandemia, denominado bono Proteger, tuvo escasa gestión de riesgos para evitar fraudes, duplicar pagos a beneficiarios o asegurar que quienes lo necesitaban efectivamente lo recibieran.

Para la CGR hubo una “débil gestión de riesgos” que no asegura razonablemente el cumplimiento de los objetivos propuestos con la iniciativa.

La CGR divulgó este miércoles un informe donde se revela que el otorgamiento de ayudas solo identificó riesgos ligados a la cobertura de beneficiados, asegurar acceso a ellos, identificar fondos disponibles, instruir tecnológicamente a los solicitantes, asegurar una cuenta para depositar el dinero y crear una plataforma en línea para gestionar la ayuda.

Sin embargo, detectó la CGR, no se contemplaron riesgos de fraude por medios remotos de solicitud, de suplantación de identidad, el uso de medios de verificación de identidad no presenciales poco robustos o incluso para evitar la duplicidad en el otorgamiento del beneficio.

El informe de la CGR identifica además que tampoco se diseñó un control, ni se tuvo un parámetro de aceptabilidad ligado a subcobertura.

La subcobertura se refiere a solicitantes en condición de ser beneficiarios que nunca lo fueron por el proceso de selección que gestionaron el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como ejecutores del programa.

No solo eso, tampoco se hallaron controles o parámetros para medir la accesibilidad al bono de personas que solicitaron el beneficio con asistencia tecnológica de instituciones públicas como el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), municipalidades, IMAS y Trabajo.

La auditoría indica que se desconoce “si accedieron o no, a la transferencia monetaria”.

Para el órgano contralor, estos hallazgos son de mucha importancia, considerando que los recursos presupuestarios asignados al 8 de octubre de 2020, según la CGR, ascienden a ¢255.813 millones.

Trabajo responde

Frente a los hallazgos, Geannina Dinarte Romero, ministra de Trabajo, aseguró que se hicieron cruces de datos para identificar quiénes tenían más prioridad, pero aclaró que ese ejercicio “no es un algoritmo de otorgamiento”.

“El porcentaje de eficacia en el otorgamiento supera 99% y, donde hemos tenido dudas, investigamos los casos con toda diligencia, incluso hasta presentamos denuncias penales cuando así ha correspondido y estas llevan el curso judicial respectivo”, afirmó a La Nación.

En junio, Trabajo alertó de aparentes irregularidades en más de 2.000 subsidios entregados a personas que no cumplian requisitos o no necesitaban la ayuda. De 800 casos estudiados, 44 beneficiarios optaron por devolver el dinero para evitar procesos en su contra y 13 se enfrentaban a una investigación administrativa.

Dinarte, añadió que la validación de la información de los beneficiarios se hace con bases de datos enlazadas a la plataforma del Tribunal Supremo de Elecciones, al Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado y al Sistema Centralizado de Recaudación, entre otras.

La ministra enfatizó en que personas con prioridad alta y confirmada no tenían cuentas bancarias al momento de otorgarse el dinero, por lo que no se pudieron incluir en los primeros grupos. En otros casos, el depósito rebotaba por errores en el número de cuenta.

“Sin embargo, es importante aclarar que en el proceso se abrieron más de 193.000 cuentas para este tipo de personas de las más vulnerables en el universo de solicitudes”, agregó.

En cuanto a los riesgos por suplantación de identidad, insistió en que la verificación que hace el sistema es de la más alta seguridad informática pues “se revisa que la cédula de identidad indicada corresponda a la persona y a su vez, que la cuenta bancaria corresponda a la misma persona”.

Dinarte admitió que el tema de seguridad informática no está reflejado en la matriz de riesgos de la herramienta, pero dijo que Trabajo junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha realidado pruebas a la página.

“La plataforma sí tiene las previsiones de seguridad de la información y los datos de las personas, así como de la veracidad de estos. La herramienta cuenta además, con mecanismos para prever que no se den ataques remotos que pongan en riesgo el funcionamiento de la misma”, remachó la ministra.

El bono

El gobierno lanzó el bono Proteger en abril como una ayuda económica temporal por tres meses a trabajadores afectados laboralmente por la emergencia sanitaria.

Personas despedidas, con contrato laboral suspendido o jornada laboral reducida más de un 50%, sean trabajadores independientes e informales, recibirían ¢125.000 por mes.

Trabajadores con disminución de su jornada laboral igual a 50% o menos, recibían ¢62.000 en el mismo lapso.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, a mitad de este mes ya unas 685.000 personas recibieron el beneficio. De ese total, a 522.000 beneficiarios ya se les extinguió el auxilio luego de recibir los tres depósitos.

Entretanto, a 151.000 personas afectadas se les giró el primero de los tres pagos a inicios de este mes.

Otros problemas hallados por la CGR se vinculan con las condiciones en que el Ministerio de Trabajo y el IMAS gestionaron toda la iniciativa.

Por ejemplo, no se calcularon riesgos asociados a la capacidad institucional para dar servicio a la ciudadanía solicitante por falta de personal disponible o aquellos ligados a la calidad del servicio de Internet de estas entidades (por ejemplo, por interrupciones en ese servicio) o previsiones ante el incremento en la demanda de atención.