Familias pobres de Desamparados, en San José, están tomando de donde no tienen para enviar comida al centro de cuido de sus hijos con tal de que no paralicen los servicios.
Es una medida extrema pues el Ministerio de Hacienda no ha girado los fondos que le permiten al Centro Creciendo Juntos mantener como se debe a 25 menores que dependen de los subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Esos dineros les permiten comer cuatro veces al día y estar protegidos mientras sus padres trabajan.
La Tesorería Nacional no ha depositado alrededor de ¢12.000 millones correspondientes a diciembre, según cálculos de La Nación a partir de datos aportados por el Instituto.
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Ese monto es el que se necesita para que, entre otros programas del IMAS, funcionen unos 600 centros que forman parte de la Red de Cuido, informó Rodrigo Araya, asesor económico de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared).
A esa red se le adeudan poco más de ¢2.400 millones, el monto promedio que reciben mensualmente. Con este dinero se le dan subsidios de atención a 28.113 niños de 19.431 familias.
Hasta este miércoles, agregó Araya, 36 centros de cuido en cantones como Liberia, Siquirres, Paraíso y Guápiles han tenido que cerrar sus puertas. En total, 1.200 menores se han quedado hasta ahora sin atención.
De acuerdo con información suministrada por la oficina de prensa del IMAS, no se han pagado los montos de diciembre a otros dos programas clave.
Uno es Avancemos, que otorga becas a casi 200.000 colegiales de 152.307 hogares en pobreza. Se le adeudan poco más de ¢5.300 millones.
El otro programa es el de atención a las familias, con el cual 118.871 hogares pobres reciben ayudas mensuales para pagar servicios básicos y alimentos. Hacienda les ha atrasado el giro de poco más de ¢4.200 millones.
En total, 348.101 personas, pertenecientes a 290.609 hogares pobres, están en riesgo de perder sus ayudas por falta de fondos.
Con el agua al cuello
“A los maestros que bloquean calles sí les pagan los salarios. Pero a estos niños de familias en extrema pobreza, no. De un día para otro se da un desabastecimiento total sin un plan de contingencia mientras se hacen los pagos”, denunció Araya.
La única respuesta del IMAS es que todo depende de Hacienda, que se ha visto en problemas para realizar todos los pagos por la historia ya conocida de la crisis fiscal.
El IMAS espera que, una vez reiniciada la normalidad en los servicios públicos, a partir del 7 de enero, Hacienda deposite los dineros adeudados.
La Nación intentó localizar a voceros de prensa de ese ministerio, pero no fue posible que contestaran.
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La Red de Cuido infantil, creada para dar soporte a hogares en extrema pobreza, especialmente aquellos jefeados por mujeres solas, representa casi un 19% de toda la inversión en programas sociales del IMAS.
Rodrigo Araya asegura que, en el caso de la Red de Cuido, un 77% de los centros (462) reportó problemas para operar.
“Nos reunimos el viernes (28 de diciembre) con gente del IMAS, que nos calmaron y prometieron que todo iba a estar bien. Pero llegó el 31 de diciembre y no depositaron. Ahora, no aparecen”, agregó Araya, quien organizó para este jueves en la mañana una manifestación frente a las oficinas centrales de ese Instituto, en Los Yoses, en San José.
Daniela Cantero, directora administrativa del Centro Creciendo Juntos, dice que esta es la primera vez que una situación así sucede en los tres años que tienen de funcionar como parte de la Red.
Ellos necesitan ¢5,5 millones al mes para funcionar normalmente. De esos, ¢3,5 millones provienen de los subsidios que el IMAS paga a los 25 niños en pobreza extrema que apoya.
Este centro también recibe alumnos privados, pero son los menos. El soporte principal de este negocio familiar proviene del pago de subsidios a menores pobres.
"Mañana (jueves para los lectores) tengo reunión con los padres. Muchos han tenido que llevarme la comida que tenían en la casa para la guardería para que no paralicemos el servicio.
“Actualmente, estamos trabajando con la mitad de personal. Al ser esto un negocio familiar, el personal que trabaja son mis hermanas y mi mamá, porque al resto no le hemos podido pagar”, comentó Cantero. Añadió que quienes están laborando representan el 50% del personal.
Problemas de liquidez habían afectado estos giros desde julio de 2017, como lo reconoció al mes siguiente el entonces presidente, Luis Guillermo Solís.
Entretanto, a finales de 2018 hubo atrasos en el pago de aguinaldos para empleados públicos y pensionados.
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