En momentos en que el país encara un pico de contagios de covid-19 y se requiere de un trabajo intenso de todas las instituciones para tratar de contenerlo, la relación entre el gobierno y las municipalidades comienza a tensarse y mostrar síntomas de desgaste.
El martes anterior, en una reunión virtual con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, más de 70 alcaldes plantearon una larga lista de reclamos, que incluyen falta de comunicación oportuna y de reconocimiento a la labor municipal durante la pandemia.
“Cuando hablan de organizaciones de primera respuesta todo termina en las municipalidades. La comisión municipal de emergencia tiene que ver, ahora, si hay albergues o no hay, quién reparte los diarios, cómo se reparten (...). No se vale que sigan creyendo que no hacemos nada”.
Esa fue la queja que Leonardo Chacón, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencia (ANAI) y alcalde de Dota, planteó durante la cita, de acuerdo con un video del encuentro facilitado a La Nación por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Por su parte, Luis Fernando Mendoza, alcalde de Cañas, echó en cara que muchas de las acciones para atender la emergencia dependen del apoyo de los municipios.
“¿Dónde creen que está llegando la Fuerza Pública, ahora que estamos en esta pandemia, cuando los vehículos están malos, cuando no tienen llantas, cuando no tienen combustible, cuando no tiene batería? ¿A dónde creen que llega la Fuerza Pública? A la muni.
“¿Dónde creen que llega el Ministerio de Salud cuando no puede sacar la tarea por combustible o por personal que los apoye en su trabajo? A la muni”, señaló Mendoza.
Al respecto, Jimmy Cruz, alcalde de Curridabat, aseguró que el Poder Ejecutivo no está dimensionando el rol de las municipalidades en la atención de la emergencia.
“Estoy seguro que si hoy en día van y le preguntan al Área Rectora de Salud, a la Caja (Costarricense de Seguro Social), al Ministerio de Seguridad y a la Cruz Roja, en cada una de sus localidades, les dirían que sin el aporte de los gobiernos locales no podrían funcionar”, comentó.
La Nación solicitó al ministro Prieto una entrevista sobre este tema, pero al cierre de esta información no había dado respuesta.
Licor y albergues
Los reproches de los alcaldes surgen en medio de los diferendos registrados con el Gobierno en torno al control de la venta de licor y la propuesta de las autoridades sanitarias de habilitar albergues en los cantones para vecinos enfermos o considerados como casos sospechosos.
La semana pasada, durante su acostumbrado reporte epidemiológico diario, el ministro de Salud, Daniel Salas, expresó críticas a la labor de los ayuntamientos.
“Tenemos una mesa de coordinación, está el IFAM y la UNGL (Unión de Gobiernos Locales). Ahí se hace la coordinación local, pero quiero reiterar que si yo tuviera que calificar municipalidades en escala de preparación para contener la posibilidad de transmisión comunitaria, tienen puntos menos”, expresó.
Por su parte, el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, también lanzó un fuerte llamado a los municipios para que controlaran la venta de bebidas alcohólicas, ante el incremento de fiestas y celebraciones en casas, las cuales violan las restricciones sanitarias.
Soto incluso solicitó a concejos municipales y alcaldías poner límite a la venta de licor, y evitar que la gente se reúna fuera de supermercados, pulperías o licoreras, donde han detectado grupos consumiendo.
Pese a la solicitud del ministro, Karen Porras, directora de la UNGL, descartó esa posibilidad de regular la venta, porque, según dijo, no tienen las posibilidades legales.
Otro tema que ha generado desacuerdos es la propuesta de las autoridades de abrir albergues en las comunidades para reubicar allí a vecinos de las comunidades que no tengan en sus viviendas las condiciones de espacio e higiene para cumplir un periodo de aislamiento.
De hecho, el alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, se opuso a la instalación de un local de ese tipo alegando que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) podría enviarles luego personas de otros cantones.
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IFAM: sí hay coordinación
Durante el encuentro virtual con el ministro de la Presidencia, Verny Valerio, alcalde de San Rafael y miembro de la UNGL, reclamó que se enteran de las medidas para contener los contagios o atender a afectados de la crisis económica a través de la conferencia diaria que realiza el Gobierno.
Valerio mencionó como ejemplo la solicitud planteada, días atrás, por el ministro de Seguridad, para que los ayuntamientos implementen la ley seca en sus jurisdicciones.
No obstante, los alcaldes respondieron que la petición está fuera de su alcance, pues la legislación solo permite restringir la venta de licor en situaciones muy específicas como festejos cívicos y feriados.
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“En ese tema de licores, tanto los compañeros de ANAI como de la UNGL le habían explicado a los funcionarios del Gobierno Central que eso no se podía hacer, que no nos endilgaran públicamente una responsabilidad porque, simple y sencillamente, no procede por un tema de legalidad”, subrayó Valerio.
Al respecto, Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM, defendió los esfuerzos de comunicación del Gobierno con las municipalidades.
Dicho instituto funciona como el enlace entre el Poder Ejecutivo y los líderes cantonales y, de acuerdo con Guerrero, desde marzo tienen una mesa de gestión municipal para tratar temas relacionados con la pandemia.
La funcionaria fue quien sugirió y convocó el encuentro entre el ministro de la Presidencia y los alcaldes.
“No termino de entender la molestia (...). Hay reuniones tres veces a la semana. Adicionalmente, tenemos reuniones virtuales y puedo enviarle la lista de las reuniones que tenemos. También los oficiales de enlace y nosotros le damos seguimiento, pues, en una emergencia de este tamaño, siempre será insuficiente, vamos a mejorar.
“Hay cosas en las que les hemos dado la razón, les hemos dado la razón cuando señalan que necesitan información más expedita sobre los focos de contagio”, detalló la funcionaria.
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