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Agencia Espacial Costarricense ‘despega’ sin rumbo y sin presupuesto

Jerarca del Micitt admite dificultades para definir cuáles instituciones públicas financiarán a la nueva entidad y para calzar los plazos de las tareas fijados en la ley, tal y como entró a regir

Sin presupuesto y sin hoja de ruta clara. Así nació la Agencia Espacial Costarricense (AEC) desde de la publicación de la ley que le dio vida, en mayo anterior. Incluso, el Gobierno admite que requiere de más trabajo para echarla a andar.

La primera en advertir dificultades es Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien quedó como presidenta de su Consejo Directivo el 14 de julio anterior.

Ella alerta sobre las falencias de la legislación que crea la AEC y sobre la forma cómo se financiara tomando en cuenta que, desde junio del año pasado, incluso la Contraloría General de la República (CGR) objetó crear la nueva entidad pública.

El ente contralor señaló los riesgos de crear una nueva institución en momentos cuando el país atraviesa una crítica situación en sus finanzas públicas, la cual se ha visto empeorada por la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, las advertencias de la Contraloría no surtieron efecto en la Asamblea Legislativa ni en Casa Presidencial.

Luego de la aprobación en el Congreso, la iniciativa de la diputada Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional (PLN), se firmó el 27 de marzo anterior por parte del presidente Carlos Alvarado incluidos desembolsos, por cinco años y desde diversas instituciones, para construir un centro espacial en Guanacaste.

La Ley 9960 (Creación de la Agencia Espacial Costarricense) se publicó el 28 de mayo anterior en el diario Oficial La Gaceta con una serie restricciones de cuáles entidades pondrán de su cuentas para pagar los gastos de la AEC y algunos plazos para la ejecución de ciertas tareas ligadas a la entidad que, según la ministra Vega Castillo, deberían replantearse.

Fondos

La ley dicta que la AEC se financiaría con un aporte obligatorio de instituciones públicas no financieras, excluido el Gobierno Central, los gobiernos locales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las universidades públicas y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Tal aporte consistirá en 0,4% del superávit libre liquidado al final del período de los cinco años.

Eso sí, la ley advierte que a partir de su publicación en La Gaceta, el Micitt y el Ministerio de Hacienda disponen de un “año improrrogable” para elaborar los estudios financieros para estimar cuáles serán los aportes de las instituciones.

“El tema de cálculo con otras entidades vuelve complicado el tema presupuestario de la Agencia porque hay ciertos plazos que no parecen coincidir”, reconoce Vega, tanto porque la actual administración termina su gestión en mayo próximo, como por la coordinación inicial con otras entidades ahora arrastradas a dirigir la Agencia.

Aparte de Vega, el Consejo Directivo de la AEC lo integran Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Álvaro Vargas Segura, director general de Aviación Civil; y Esteban Carillo Sánchez, representante del sector privado aeroespacial.

El último miembro es Adolfo Chaves Jiménez, uno de los principales impulsores de la ley, quien amarró un puesto para él como representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Plazos fijados

La ministra Vega reconoce además que hay plazos en varios transitorios de la nueva legislación los cuales podrían complicar todo.

Por ejemplo, uno de estos apartados indica que el nuevo Consejo Directivo debe nombrar en el próximo mes de agosto a un director ejecutivo para la AEC, quien luego dispondrá de seis meses para presentar al Consejo un plan estratégico para la Agencia.

Ese plan, debe incluir una propuesta del terreno donde, según la ley, se deberá construir el llamado Centro Espacial de Guanacaste, en Liberia.

Al tiempo que el Transitorio VIII establece que el “Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigencia”.

Así, mientras se nombra un director ejecutivo y se inicia la búsqueda de un terreno para el Centro Espacial, con aportes desconocidos, las actuales autoridades del Micitt y Hacienda deben empezar analizar cuáles instituciones públicas costearán a la Agencia.

Ese proceso incluso lo deberán de concretar las nuevas autoridades del Micitt y Hacienda luego de las elecciones del otro año.

A criterio de Vega, es necesario introducirle enmiendas a la ley pues, tal y como quedó, algunos tiempos previstos para varias actividades podrían malograr el esfuerzo.

“Las mejoras a la ley es un camino por recorrer y son necesarias”, insiste la ministra y ahora rectora de la AEC.

“Lo que sí podemos hacer es ver su planteamiento, sus líneas estratégicas y eso sí se puede hacer mientras se enmiendan estos otros temas”, agrega la jerarca al retomar que el tema de los fondos permanecerá en análisis, ya que tiene que ver con las posibilidades reales de aportes.

“Pero esas discusiones y planes de qué hará la AEC no implican gastos y eso sí lo podemos encaminar y ver cómo se puede ir desarrollando el tema”, concluye.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.