Yeryis Salas. 16 junio
14/03/2018 San José. Fotografías conceptuales de adultos mayores para portada de El Financiero. Foto: Rafael Pacheco
14/03/2018 San José. Fotografías conceptuales de adultos mayores para portada de El Financiero. Foto: Rafael Pacheco

La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) atendió a 99 adultos mayores que denunciaron haber sufrido violencia patrimonial en el 2018.

Este concepto se refiere a engaños o presiones que recibe una persona adulta mayor de parte de algún familiar o allegado, para obtener sus pertenencias, como casas, propiedades, vehículos o joyas.

“En la medida que la persona adulta mayor no presenta problemas de récord crediticio, se convierte en presa fácil de familiares que enfrentan apremios económicos”, explicó Danilo Montero Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

Esta entidad se alió con Ageco para brindar educación financiera a los miembros de la tercera edad, en el marco del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores, conmemorado este sábado.

Ageco también atendió otras dificultades frecuentes que enfrentan los adultos mayores, como problemas de salud, que en el 2018 representaron un 17% de los casos; violencia física, psicológica y sexual, cuyas consultas constituyeron un 12% de los 874 asuntos atendidos; y en tercer lugar, violencia patrimonial, con un 11%.

La violencia patrimonial se suele tramitar judicialmente como delito de estafa, cuyos juicios suelen durar entre tres y cinco años, detalló el abogado penalista Daniel Vega.

Sin embargo, los litigios pueden prolongarse hasta los diez años.

Fernando Morales, quien por 25 años presidió el Hospital Nacional de Geriatría, explicó que muchas denuncias no se continúan, o ni siquiera se presentan, por el desánimo de los denunciantes.

“Esa parte es complicadísima, es un seguimiento que toma toda la vida. Muchos pacientes me decían ‘ya mi vida está complicada, si denuncio se complica más’”, dijo Morales.

“Vos le hablás a un profesional y te dice que hay que proceder, pero no hay sentimientos, no hay cercanía”, afirmó.

También sucede, explicó Vega, que la víctima muera antes o durante el proceso penal.

“Tengo un caso en San José donde había un adulto mayor dueño de un edificio en la avenida central, eran locales muy cuantiosos. El señor era alcohólico y tenía como 90 años, uno de sus hijos lo emborrachó y le sacó la firma, se firmó un poder a favor de él, le traspasó los bienes y los vendió. Cuando la familia se dio cuenta, el señor falleció”, relató el abogado.

Las infracciones por estafa alcanzan penas de hasta diez años. Cuando una persona cede el manejo de su patrimonio, pero el administrador se enriquece con esos bienes, corresponde el delito de administración fraudulenta, cuyos castigos son similares a los de estafa.

Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), informó de que quienes deseen denunciar casos de violencia contra adultos mayores pueden recurrir al Servicio de Orientación Socio Legal de Ageco, en el número 2542-4527.

Además, Conapam tiene consultorios jurídicos en la Universidad de Costa Rica (UCR), disponibles en las líneas 2511-1576 y 2511-1577. Entre enero del 2018 y marzo del 2019 estas oficinas atendieron a 1.010 adultos mayores. Además, desde su creación en el 2016, se mantienen activos 322 casos judiciales.

Fuerte crecimiento poblacional

Aguilar aseveró que el crecimiento acelerado de la población adulta mayor en el país amenaza con que también aumenten las agresiones patrimoniales.

En el 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró que un 8,1% de la población tenía más de 65 años. Para el 2048, este grupo etáreo representará un 19,7%.

“Viene una avalancha que el gobierno no está preparado para afrontar, con todo lo que eso conlleva, en pensiones, en asistencia médica en hospitales, en fin en todo lo que se refiere a la atención de personas adultas mayores”, declaró Aguilar.

Asimismo, existen tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa con los que el Consejo pretende aumentar los derechos de los adultos mayores.