Ángela Ávalos.   20 marzo
Francisco Delgado Jiménez, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, explicó que será ese ministerio el que tendrá la rectoría de la nueva política nacional de cuidados. Ahí, dijo, se creará una unidad ejecutora responsable de velar por el cumplimiento y coordinar las acciones de un 11 instituciones. Foto: Archivo/Cortesía

Mejor tarde que nunca. Parece ser la frase que más se apega al reciente lanzamiento por parte del Poder Ejecutivo de la primera Política Nacional de Cuidados, aprobada el 10 de marzo anterior.

Tarde, porque las necesidades que enfrenta un numeroso grupo de la población se tenían que aliviar desde hace años.

Son al menos 280.000 personas que necesitan cuidados 24/7 porque no pueden valerse por sí mismas. También está relacionado con sus cuidadores y sus familias, que hasta ahora han enfrentado solos –y con una oferta de servicios limitada y fragmentada–, las demandas de un cuido desgastante no solo en lo físico y emocional, sino también en lo económico.

“Lo que hemos definido es el establecimiento de subsidios parciales o copagos en los que algunas personas podrían recibir un subsidio total (quienes tienen ingresos más bajos), y conforme el ingreso aumenta otras puedan hacer copagos o apoyos puntuales para un sistema de este tipo”.

El viceministro Francisco Delgado Jiménez es uno de los responsables de este primer esfuerzo por sacar una política que permita crear un sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia.

Este es un resumen de la entrevista con La Nación, el 17 de marzo.

– ¿Qué pueden esperar miles de dependientes y sus cuidadores?

– Es una hoja de ruta que nos dice que hay servicios con algunas limitaciones, principalmente de aumento de cobertura. Tendría sentido ampliarla para que abarque a un número mayor de personas. También incursiona en un cambio de enfoque del cuidado institucionalizado. Empezamos a ver qué tipos de servicios se pueden ofrecer para mantener a estas personas el mayor tiempo posible en sus domicilios.

“Estos servicios de base domiciliar no existen en el país. Lo que se tiene es una red de cuido enfocada en adultos mayores en pobreza, que cumple un rol importante pero no se vincula con lo que estaba llamada a ser, que era el tema de los cuidados. Aquí también la política agrega un componente de teleasistencia, uno de asistencia domiciliaria y otro de servicios de respiro (para cuidadores)”.

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– ¿Está llegando muy tarde?

– Lo vemos con cierta preocupación. Hubiéramos querido que estuviera antes, incluso un año antes. Pero parte de estas preocupaciones nos hicieron darnos a la tarea de que la política no solo orientara diez años sino que también tuviera una herramienta operativa para el corto plazo, que es el plan de acción para los próximos tres años.

“Estos servicios de base domiciliar no existen en el país. Lo que se tiene es una red de cuido enfocada en adultos mayores en pobreza, que no se vincula con el tema de los cuidados”.

“La ausencia de un sistema de cuidados en el país genera múltiples vulneraciones a las personas dependientes y a sus cuidadores, y genera costos. El caso más crítico es el abandono en hospitales. Es el resultado de no contar ni con redes familiares ni con sistemas de apoyos sociales que contengan esas estancias tan prolongadas”.

– ¿Esta política beneficiará a quienes no pertenecen ni al grupo de mayores ingresos ni al de más bajos recursos?

– Tiene sentido pensar en un sistema de cuidados si lo imaginamos como un sistema universal. Si no fuera universal no hay corresponsabilidad social de los cuidados, o incorporación de la mujer al trabajo. Esa es la aspiración de la política. La barrera de ingreso a un sistema de cuidados no lo estaríamos definiendo en función de la capacidad adquisitiva sino de la severidad de la dependencia de las personas. Y eso quisiéramos combinarlo con el estrato socieconómico. Lo que hemos definido es el establecimiento de subsidios parciales o copagos en los que algunas personas podrían recibir un subsidio total (quienes tienen ingresos más bajos), y conforme el ingreso aumenta otras puedan hacer copagos o apoyos puntuales para un sistema de este tipo.

– ¿De dónde va a salir la plata?

– La meta que tenemos es tener funcionando para 2031 ese modelo base con cobertura que alcance al 60% de las personas con algún tipo de dependencia, empezando con los más severos. Eso implicará que ese año hagamos una inversión del 0,48% del PIB. Actualmente, las instituciones que ejecutan programas para personas que podrían ser beneficiarias de estos servicios (Conapdis, Conapam, JPS) representan del 0,25 al 0,3% del PIB. Nos queda por cubrir un 0,2% del PIB.

“El caso más crítico es el abandono en hospitales. Es el resultado de no contar ni con redes familiares ni con sistemas de apoyos sociales que contengan esas estancias tan prolongadas”.

“¿Cómo llenar ese faltante? Lo primero, en el cortísimo plazo no estamos contemplando nuevos impuestos. Eventualmente, el país tendrá que tomar la determinación si ante un escenario de un envejecimiento de la población convendría dedicarle mayor financiamiento a programas de este tipo. El otro elemento tiene que ver con incorporar otras fuentes de financiameinto; por ejemplo, el fondo de prestaciones sociales de la CCSS. Y el otro poquito lo llenaríamos con estos aportes que harían las personas que podrían contribuir con el sistema”.