Uno de cada tres ticos financia la atención en salud

Esto quiere decir que poco más de un 70 % de la población nacional recibe medicinas, operaciones y exámenes gracias a las cuotas que el resto paga por ellos.

Lo peligroso es que este 27% se torna cada vez más insuficiente para cubrir los gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que crecen en cantidad y en complejidad todos los años.

La presidenta ejecutiva de esa institución, María del Rocío Sáenz Madrigal, lanzó el dato en el foro ‘75 años de la CCSS’, organizado por La Nación el pasado miércoles 9 de noviembre.

Este foro fue el cierre del proyecto informativo desarrollado por este diario durante el año, debido al aniversario de la Caja.

“El sistema de salud lo estamos sosteniendo el 27% de la población. El resto está protegido por los beneficios familiares.

”Este es un tema que tenemos que revisar, porque, prácticamente, dos de cada tres están siendo cubiertos por esta solidaridad de los que sí están contribuyendo”, manifestó Sáenz, quien participó como panelista junto a la defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, y la investigadora asociada del programa Estado de la Nación, Marcela Román Forastelli.

Según Sáenz, este es un tema que se debe revisar porque, aunque se extiende la protección --que se está volviendo más cara debido, entre otras razones, al envejecimiento de las personas--, ese crecimiento “no viene acompañado con el bollito debajo del brazo”.

“La consciencia de la responsabilidad en el aporte o contribución es el reto más importante que tenemos como institución, porque la atención en salud es cara”, agregó.

Mercado laboral. Mucho de lo anterior se atribuye al comportamiento de la economía, principalmente, al mercado laboral que se caracteriza, entre otras cosas, por la informalidad de gran parte de los trabajadores.

“Tenemos poco empleo y concentrado en pocas actividades. Una de las más generadoras de puestos de trabajo es el comercio: 19% del empleo está concentrado en ese sector, que genera empleo de mediana calificación, con personas que, en promedio, no han terminado la secundaria. Sobre esos hombros recaen las contribuciones a la seguridad social”, describió Román Forastelli.

Para la economista, “hay que repensar el diseño del paquete de prestaciones y el modelo contributivo”.

“Esta cosa que nos inventamos en Costa Rica, de todo para todos, ¡no alcanza! (...) Es una discusión que tenemos que dar y la hemos venido posponiendo durante años”, advirtió.

“Y, además, la demografía no nos ayuda. En el censo del 2000, ya nos avisaron que estábamos en transición demográfica. En el 2015, tenemos una pirámide (de población) donde la concentración de los grupos está en las edades medias. Ya estamos sufriendo los efectos de la transición demográfica. La verdad es que no hemos hecho mucho como país y ya estamos teniendo los primeros efectos”, reconoció la investigadora.

Complejidad. María del Rocío Sáenz visualizó como otros retos para la institución la discusión que el país tiene que dar sobre una eventual universalización de las pensiones; y, en general, los cambios que se tienen que efectuar en el régimen que administra la Caja de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“En promedio, la población va a estar viviendo 83 años, cotizando para la jubilación entre 30 y 35 años. La pensión va a tener que soportarlo por un tiempo parecido o por un tiempo menor al que cotizó para el régimen de pensiones. Este es un tema que tendrá que discutirse en los próximos meses”, adelantó.

La Caja contrató al área actuarial de la escuela de Matemática, en la Universidad de Costa Rica (UCR), para hacer un diagnóstico sobre el IVM, a partir del cual se iniciará la discusión sobre ese régimen de pensiones en 2017.

Sáenz enfatizó en que los cambios a este tipo de sistemas deberían darse cada cinco años, debido, principalmente, al acelerado envejecimiento de las personas que mete presión a los seguros que administra la Caja.

A los desafíos de la institución, de cara a su centenario, Sáenz agregó la calidad y la oportunidad de la atención, vinculada a las listas de espera. También el aumento en la morbilidad y mortalidad de los grupos más jóvenes y productivos de la población, debido a la violencia (accidentes de tránsito, por ejemplo) y estilos de vida (obesidad y sedentarismo).

La defensora de los habitantes planteó el reto de mantener fortalezas acumuladas por la Caja a lo largo de estos años, para usarlas de catapulta para mejorar. Dejó planteada la pregunta de cuál es la institución que el país quiere para los próximos años.

Solano advirtió que las políticas de la Caja no están diseñadas para cumplir la llamada agenda 20/30, donde el derecho a la salud obliga a no dejar a ningún ciudadano atrás. “Es un mandato esencial para el país”, advirtió .