La Comisión Técnica a cargo de revisar la calidad de los equipos de protección personal para médicos y enfermeras obviaron uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia de una compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones.
Esos insumos son clave para proteger a los profesionales en salud del contagio del nuevo coronavirus.
Desde el 6 de mayo, Esteban Corrales, Nidia Medrano y Soraya Solano, miembros de la Comisión Técnica, establecieron que los oferentes interesados debían presentar los certificados de calidad y análisis de laboratorios de los tapabocas en español o traducciones realizadas por traductores oficiales.
No obstante, los tres funcionarios reconocieron, este jueves, durante una comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, que omitieron esa condición al evaluar las ofertas que resultaron ganadoras.
Incluso, Corrales, Medrano y Solano no lograron identificar cuál es el idioma de varios documentos presentados por uno de los contratistas adjudicados en este caso.
La adquisición por un total $4 millones, según los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue entregada al contador público, David Landergren Castro y a MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz.
Esas proveedores nunca habían ganado licitaciones con la CCSS, carecen de experiencia en el suministro y distribución de equipo médico e incumplieron con los plazos de entrega de forma parcial y total.
A la fecha, la Caja solo ha recibido el 17,5% de las mascarillas encargadas a esos dos proveedores.
LEA MÁS: Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos
Por este asunto afrontan investigaciones Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS y dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera.
Por esa razón, la Gerencia General de la entidad informó, el martes pasado, que suspendió con goce de salario a esas personas mientras se desarrollan las pesquisas.
El Ministerio Público también abrió una causa al respecto, la cual se tramita bajo el expediente 20-000122-1218-PE.
Desconocen el idioma
“Doña Nidia (Medrano) ¿Usted me podría decir qué dice en la página 820?”, preguntó el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides mientras mostraba la oferta presentada por MR Comunicaciones Políticas.
“Desconozco qué dice, señor diputado”, respondió la funcionaria de la CCSS.
“¿Por qué lo desconoce? ¿Por qué no lo puede leer?”, repreguntó el congresista.
Ante esa situación, Medrano indicó que no era capaz de leerlo porque “viene en un idioma asiático”.
El principal argumento de los tres integrantes de la Comisión Técnica para eludir el requisito de traducciones oficiales fue que aseguraron haber revisado los números de certificados de calidad aportados por el contador y la periodista.
Además, manifestaron que, al momento de recibir las mascarillas en el almacén central, revisarían toda la documentación traducida.
Cuestionados por cambio de criterio
Una pregunta recurrente entre los legisladores fue por qué la Comisión Técnica rechazó las ofertas de mascarillas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas el 13 de mayo, pero luego, el 18 de mayo, a pedido de Hans Vindas Céspedes, las volvió a revisar y cambió de criterio.
La respuesta de Corrales, Medrano y Solano, fue que en la segunda oportunidad las propuestas “sí venían completas”.
Un aspecto relevante es que admitieron que, durante el análisis realizado el 18 de mayo, estuvieron acompañados de Vindas Céspedes a pesar de que asistir a las sesiones de la Comisión Técnica no es una de sus funciones.
Frente a los cuestionamientos de los diputados, los tres integrantes manifestaron que “no es usual” sesionar acompañados de asesores de la Gerencia de Logística.
Ante los titubeos, los legisladores acordaron convocar, la próxima semana, otra audiencia con Corrales, Medrano y Solano para continuar con el interrogatorio sobre la compra de cubrebocas.
Además, aprobaron llamar a Liliana Abarca Fallas, funcionaria que cumple el rol de interlocutor entre la Comisión Técnica y la Gerencia de Logística.
En 2011, Vindas Céspedes fue suspendido por cuatro meses por aparentes irregularidades en la compra de medicamentos, pero el caso fue desestimado por la Fiscalía en 2013.