Ángela Ávalos. 3 octubre

Los sindicatos de trabajadores de la CCSS contrataron a un grupo de nueve abogados especialistas en derecho laboral, administrativo y constitucional con la intención de entablar una batalla en los tribunales de justicia por sus anualidades y pluses.

Con ese equipo legal, pretenden objetar la resolución de la Contraloría General de la República que ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ignorar los acuerdos que, entre otros aspectos, mantenían el pago de anualidades y pluses de manera porcentual, contrario a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Según la resolución de la Contraloría, del 5 de setiembre, los acuerdos entre Caja y sindicatos de febrero y agosto no constituyeron actos administrativos ni fueron generadores de derechos, por lo tanto, ni siquiera era necesario activar un proceso de lesividad para dejarlos sin efecto.

Los líderes sindicales rechazan ese criterio y de ahí la contratación del equipo legal, confirmada por el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), Marvin Atencio.

El equipo de abogados presentará demandas tanto en la vía penal como en la vía contencioso-administrativa.

El también exdiputado aclaró que por ahora recurrirán a la vía legal y tratarán de agotar el diálogo con la Caja y el Gobierno, sin que eso signifique que descarten la huelga, pues para él “la paz laboral sigue alterada”.

Además de de los abogados, los sindicalistas contrataron a un matemático para revise los datos de planillas y alerte sobre si hay modificaciones en los sueldos por efecto de la reforma fiscal.

“Estamos en un monitoreo constante desde el 12 de agosto para acá, revisando la planilla para ver si afecta o no. Al día de hoy, no, pero estamos pendiente de la primera quincena de octubre”, dijo el dirigente.

Marvin Atencio, secretario de Siprocimeca, con los dirigentes de Sinae y Undeca, Lenín Hernández y Marta Zamora, respectivamente, en una foto del 6 de agosto, durante la huelga en la CCSS. Foto: Jorge Castillo
Marvin Atencio, secretario de Siprocimeca, con los dirigentes de Sinae y Undeca, Lenín Hernández y Marta Zamora, respectivamente, en una foto del 6 de agosto, durante la huelga en la CCSS. Foto: Jorge Castillo

“Como dirigentes, tenemos que llevar el timón y ver qué es lo mejor para el país y para la Caja. Después de muchas horas de trabajo y estudio, se van a presentar diferentes acciones de tipo legal porque si en algún momento decidimos una huelga tenemos que saber qué se va a esperar de una protesta así. Todavía tenemos gestiones pendientes, ante esto no es pertinente en este momento llamar a huelga”, explicó Atencio.

Otros puntos de los acuerdos

El dirigente informó de que representantes de Siprocimeca, del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) y de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), solicitaron al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, una reunión, con caracter de urgencia. Se desconoce si hubo respuesta.

“Al gremio profesional en ciencias de la salud nos preocupan algunas situaciones. En los acuerdos firmados hay varios que no tienen que ver con la ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal), como el pago de carrera profesional, que se adeuda desde 2011, y el reajuste salarial a los profesionales en ciencias médicas. Esto se debe discutir”, explicó Atencio.

La Contraloría sin embargo invalida los acuerdos en todos sus extremos. Ese decisión fue acogida por la Junta Directiva de la CCSS el 10 de setiembre.

“En cuanto a la Contraloría, pesamos que está violentando la autonomía de la CCSS; actuó de forma dolosa en contra de la ley, diríamos que de forma arbitraria y espuria; por eso, estamos analizando demandarla por prevaricato”, advirtió.

El grupo que representa a los médicos está previendo plantear acciones de inconstitucionalidad y procesos contenciosos administrativos para hacer valer la Ley de Incentivos Médicos.