Dos sindicatos de trabajadores anunciaron una “guerra” contra el Poder Ejecutivo, medios de comunicación y Defensoría de los Habitantes, como fórmula para obligar a respetar los acuerdos suscritos con la CCSS para proteger el pago de sus anualidades y pluses.
Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó: “Nos están dando las armas necesarias desde el punto de vista legal y le dan fuerza a los trabajadores para salir a la calle a pelear por nuestros derechos”.
El sindicalista aseguró que todos los dirigentes se reunirán esta tarde para “tomar las decisiones que correspondan” ante el criterio vertido por la Contraloría General de la República (CGR), la mañana de este jueves, que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cumplir la reforma fiscal y a ignorar los acuerdos suscritos con los sindicatos en este tema.
“Aquí estamos en una guerra. ¿Una guerra con quién? ¡Pues mediática! Hay medios que se han venido encima de los acuerdos. Tenemos 46 diputados en contra de la Caja y en contra de los trabajadores. (...) Esa es la guerra que tenemos en este momento: con Hacienda, con la Contraloría, con la Defensoría”, agregó el dirigente del Sinae.
En una conferencia de prensa sostenida esta tarde, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), informaron sobre la presentación de una demanda en el tribunal contencioso contra las ministras de Hacienda y Planificación, Rocío Aguilar y Pilar Garrido, respectivamente.
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Lenín Hernández, del Sinae, les atribuye un “irrespeto a la legalidad” en referencia a la emisión de varios decretos ejecutivos posteriores a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal (número 9635).
“La ley no puede aplicarse de manera retroactiva. El primer decreto respetaba ese principio de legalidad. El segundo decreto sale de manera atropellada, y fue inconsulto”, aseguró Hernández.
La demanda en el contencioso tiene como propósito principal, dijo, defender los acuerdos suscritos con la CCSS. “Recordemos que lo negociado y pactado es en estricto apego a la ley 9635 y su reglamento”, agregó.
Estos sindicatos, que forman parte de un bloque mayor conformado por 15 agrupaciones más, demandan el respeto a los compromisos firmados con la Caja, el 20 de febrero y el 12 de agosto.
En ambos acuerdos, la institución se comprometió a pagar las anualidades y pluses acumuladas hasta la entrada en vigencia de la reforma fiscal (4 de diciembre) como porcentaje del salario y no como un monto nominal o fijo.
Lo primero, mantendría el crecimiento exponencial de los gastos estatales, mientras que calcular esos beneficios salariales con base en un monto fijo, frenaría ese incremento.
“Prácticamente, estamos en una dictadura en democracia. Estamos viviendo una injerencia política desde el momento en que suscribimos los acuerdos con la CCSS en un marco de legalidad”, aseguró Hernández, quien se hizo acompañar del secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Mario Rojas Vilchez.
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De acuerdo con los sindicalistas, las dos ministras de Gobierno, diputados de la Asamblea Legislativa y hasta la Defensoría de los Habitantes, pretenden cercenarles su derecho a huelga y sepultar los acuerdos firmados con la Caja.
“Los derechos no se mendigan, se arrebatan si es el caso. Y nos vamos a dar a respetar con respecto a los acuerdos firmados”, advirtió Rojas.
Otro dirigente sindical, Marvin Atencio, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), informó, por aparte, de que los trabajadores del sector salud están enojados por el criterio de la Contraloría.
“La gente está sumamente caliente con esto que acaba de hacer la Contraloría. Fueron ocho días de huelga para llegar a un acuerdo equilibrado y legal. Le puedo asegurar que la situación se va a poner bien caliente”, manifestó Atencio.
La última huelga en hospitales de la Caja, dejó a más de 1.600 personas sin la operación que esperaron por meses, incluso, años.
Durante ocho días, también se suspendieron más de 82.000 citas con médicos generales y especialistas, y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos, como ultrasonidos o radiografías.