El Ministerio de Salud denunciará ante la Fiscalía a los huelguistas que, supuestamente, habrían ocultado información clave para emitir las órdenes sanitarias que habrían puesto fin a las protestas en hospitales de la CCSS.
La información la confirmó la oficina de prensa de ese ministerio ante consulta de La Nación. “El equipo jurídico está trabajando en el documento”, adelantó ese despacho, según el cual, la gestión se presentará la próxima semana.
El supuesto ocultamiento de información trascendió el martes, durante una asamblea de trabajadores, en la cual el secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Rodrigo López, reconoció que gracias a “colaboradores ocultos” evitaron las órdenes sanitarias.
Esos “colaboradores” no suministraron los informes necesarios sobre la situación de los hospitales durante la huelga.
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“Salimos limpios y salimos totalmente gananciosos (...). Ya nosotros teníamos encima lo de las órdenes sanitarias y ya sabemos lo que eso conlleva y es que las órdenes sanitarias, si bien es cierto son una herramienta que utiliza el Ministerio de Salud, la cual hay que cumplirla en 24 horas, en el caso de los líderes sindicales las iban a utilizar para descabezar el movimiento.
“Quiero agradecerle a la gente, que no puedo darle el nombre, porque son colaboradores ocultos, que no quisieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes, lo cual evitó que en el Ministerio de Salud desde el viernes tuviéramos las órdenes sanitarias sobre las cabezas de nosotros, eso es importantísimo, hay gente que ayuda en esa parte oculta”, dijo.
Las palabras del dirigente sindical fueron grabadas en una transmisión en vivo de la actividad. Luego, el video fue eliminado del sitio de Facebook del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (Siprocimeca), donde originalmente fue compartido el martes.
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Por su parte, la Fiscalía Adjunta de San José, del Primer Circuito Judicial, informó de que analizará la noticia publicada “para determinar si hay mérito o no para iniciar una causa penal”. Hasta hoy, aclaró, “no existe causa penal abierta por tales hechos”.
“El Ministerio Público ha dispuesto que se abrirán investigaciones de oficio únicamente cuando estas procedan, pero siempre existe la posibilidad de que las personas o autoridades, en este caso específico, las de Salud, presenten una denuncia formal ante la Fiscalía o el OIJ (Organismo de Investigación Judicial)”, informó prensa de la Fiscalía.
El Ministerio de Salud informó el miércoles de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe alertar cuando un servicio esencial se está viendo afectado, para así realizar las acciones correspondientes.
Desde el tercer día de huelga, explicó Salud, emitieron lineamientos para que funcionarios del Ministerio colaboraran realizaran visitas aleatorias a servicios sensibles.
El único reporte de afectación que recibieron de parte de la CCSS fue en el servicio de limpieza del Hospital San Carlos, en Alajuela, adonde sí se logró girar la orden.
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De acuerdo con el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, la orden sanitaria es un acto administrativo mediante el cual esa cartera hace del conocimiento de la persona interesada, de una resolución o disposición particular o especial en resguardo de la salud y el ambiente, la cual es de acatamiento obligatorio y debe ser ejecutada en el plazo que se indique.
Más de 82.000 citas se dejaron de dar durante los ocho días de huelga en hospitales de la Caja. También se tuvieron que cancelar más de 1.600 operaciones programadas y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos.
La huelga acabó el 12 de agosto con un acuerdo entre Gobierno, Caja y sindicatos cuyo principal compromiso es enviar a estrados judiciales (Tribunal Contencioso Administrativo) la decisión final sobre el diferendo relacionado con el pago de anualidades y otros pluses en la institución.
Mientras se logra un fallo judicial, la institución se comprometió a respetar el acuerdo firmado con los representantes laborales el 20 de febrero, que incluye el pago de anualidades y otros incentivos.