Juan Diego Córdoba. 19 septiembre
Román Macaya afirmó que los cambios en los reglamentos de la reforma fiscal ha generado malestar entre sindicatos y trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Fotografía José Cordero
Román Macaya afirmó que los cambios en los reglamentos de la reforma fiscal ha generado malestar entre sindicatos y trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Fotografía José Cordero

El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, dijo a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de las conversaciones con los sindicatos de salud que buscaban evitar huelgas.

Lo hizo durante una comparencia para dar explicaciones por los polémicos acuerdos que mantenían el pago porcentual de las anualidades y pluses para los 57.000 trabajadores de la Caja, contrario a lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal. Una orden de la Contraloría General de la República, sin embargo, los dejó sin efecto.

“El presidente sabía de las negociaciones, de los detalles de las mismas no. Nosotros no incurrimos en ninguna ilegalidad”, sentenció el jerarca, al sostener que se buscó una salida a la afectación en los servicios de salud.

Esa búsqueda, aseguró, la hizo con la participación de miembros del Poder Ejecutivo, aunque reconoció que nunca se le informó a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

“Me llama la atención cómo usted ha tenido que poner el pecho sobre este tema. No hemos visto a Casa Presidencial asumiendo el costo político de esas decisiones. A uno le vuelve a reiterar la duda de cuándo el Gobierno le zafa la tabla y cuándo se mantiene en sus posiciones”, afirmó Yorlenny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Los acuerdos en cuestión se dieron en febrero y agosto. En este último se decidió acudir a un proceso de lesividad ante los tribunales contenciosos para dilucidar el conflicto relacionado con el pago de anualidades y otros pluses, proceso que podría durar hasta cinco años.

Ante las preguntas de los legisladores, Macaya explicó que fue una propuesta en la que participó él como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social; Víctor Morales, ministro de la Presidencia; y Steven Núñez, ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Para la Contraloría los acuerdos no constituyeron actos administrativos ni son generadores de derechos, razón por la cual, no procedía el proceso de lesividad, mediante el cual el Estado anula actos propios que le resultan lesivos.

Bajo tales circunstancias, la Caja debía aplicar la ley.

Reglamentos

El jerarca de la Caja alegó alegó ante los legisladores, que la Junta Directiva de la entidad ha tenido que enfrentarse a cuatro diferentes reglamentos a la reforma fiscal lo que ha complicado “la paz laboral” con los sindicatos de salud.

“Preguntémonos, por qué hubo una huelga si pareciera que todo estaba resuelto en febrero. Hubo una huelga porque estábamos avanzando hacia la implementación de los decretos que correspondan y si sale un quinto decreto lo vamos a implementar, por eso hubo una huelga”, señaló Macaya.

(Video) Presidente afirma que constantes cambios en reglamentos de reforma fiscal genera conflictos

El Poder Ejecutivo ha emitido cuatro diferentes reglamentos sobre las nuevas normas sobre Empleo Público establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esos reglamentos fueron emitidos en febrero, mayo, julio y agosto. De cada uno presentó los textos, que considera, generaron los conflictos.

Aunque afirma que cumplirá cada reglamento que se emita, esos cambios en las normas “han generado efervescencia” en los sindicatos y trabajadores de la institución.

“Cada decreto tenemos que cambiar el diseño del software con el que vamos a cumplir con el reglamento”, afirmó el jerarca de la Caja.

Estos reglamentos establecían la forma de cálculos de anualidades y otros pluses.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece en su artículo 54: “Cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley esté expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018”.

Los reglamentos no pueden estar por encima de la ley ni modificarla.

‘Acorralada’

Para firmar los acuerdos con los sindicatos de salud, según dijo, primó la necesidad de retomar los servicios de salud “porque las huelgas tienen secuelas humanas terribles", además de que tienen que cumplir con garantizar la salud y la vida, como lo establece la Constitución Política.

“Esto ha sido un entorno regulatorio dinámico y que ha ido en evolución y ese el contexto donde hemos estado implementado la ley y sus reglamentos.

"Resaltó que a la Caja no le compete criticar u opinar sobre estos decretos. Lo que nos toca es implementarlos, pero cuando llegamos al punto de la huelga había que ponerle un fin a una huelga de forma legal, razonable y que retornara los servicios y pudiéramos regresar a darle servicio a todos esos adultos mayores, mujeres y niños que requieren nuestros servicios, y en eso se suscribió el acuerdo de 12 de agosto”, señaló Macaya.

Los datos aportados por la entidad a la Comisión Legislativa, señalan que las pérdidas económicas ascendieron a ¢7.399 millones por la huelga de ocho días.

Ese monto corresponde a más de la mitad de los ¢13.588 millones que se perdieron por la huelga de un mes del año anterior.

Según explicó Macaya, a este movimiento se sumaron médicos especialistas y enfermeros, por lo que los daños eran más graves.

“Es claro que la Caja Costarricense de Seguro Social está acorralada, es rehén por parte de los sindicatos. Y como usted lo señala (Román Macaya) quieren obtener beneficios económicos y por eso sencillamente inician una huelga. Me siento satisfecha que estemos trabajando una ley de huelgas para evitar eso”, afirmó Yorleny León.

El jerarca, sin embargo, insistió en que fueron los primeros en implementar la reforma fiscal, aprobada en diciembre.

“En la Caja el tope de años para el auxilio de cesantía era de 20 años y de un día para otro lo redujimos a ocho años. Si alguien cree que eso es popular, los invito a que conversen con cualquier dirigente sindical porque esto fue el punto de discordia en ese momento, en diciembre”, afirmó el jerarca.

Las aseveraciones fueron criticadas por los legisladores.

“No fueron ustedes. Fue la ley y la Sala los que bajaron el tope de la cesantía. Ustedes lo que tienen que hacer es aplicar la ley”, afirmó Luis Fernando Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).