Sin haber entrado a regir, el Ministerio de Salud se vio obligado a frenar la entrada en rigor de una norma con la cual pretendía actualizar los requisitos para autorizar el funcionamiento de quirófanos en hospitales públicos y privados.
Publicada como decreto ejecutivo en julio del año pasado, la norma se vino abajo con la presión de grupos de médicos, sobre todo de especialistas en Oftalmología, quienes calificaron de absurda la nueva regulación porque, entre otras cosas, los obligaba a instalar bancos de sangre en sus clínicas, a pesar de que estas operaciones no requieren transfusiones.
Para los médicos, la normativa generaría el riesgo de cierre de todas las clínicas, públicas y privadas, dedicadas a operaciones oculares.
Esto, dijeron, tendría un efecto negativo en las listas de espera quirúrgicas en esta especialidad, aunque por la misma causa también se verían afectadas otras especialidades quirúrgicas.
Los mismos requisitos, por ejemplo, se les habrían exigido a otros servicios, como las clínicas estéticas.
El director de Servicios de Salud en el Ministerio, César Gamboa Peñaranda, reconoció la importancia de mejorar el reglamento, pero negó que el proceso de derogatoria se debe a la presión que recibieron.
“No fue por presión. Son ajustes que nos parecen lógicos. La normativa es para generar seguridad y calidad en la prestación de servicio, pero con una lógica de la sostenibilidad del sistema sin que se afecte la calidad”, dijo Gamboa.
El director de Servicios de Salud confirmó que se nombró una comisión, la cual está trabajando en la elaboración de una nueva norma pero no dijo para cuándo estaría lista.
Molestia y presión
El decreto 41384, del 23 de julio del 2018, fue firmado por la anterior ministra de Salud, Giselle Amador Muñoz, y por el presidente Carlos Alvarado Quesada.
Según explicó Gamboa, cada cinco años se deben actualizar normas como esta para garantizar la calidad y seguridad de los servicios.
El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz Cubillo, confirmó que la institución revisará cuidadosamente, con el apoyo de expertos, este tema.
"Lo importante con este tipo de instrumentos, es que se adapten a las condiciones reales del país. La idea es generar un producto que mejore la calidad de la atención pero que sea consensuado.
“Se acordó hacer una comisión interdisciplinaria y multidisciplinaria, con técnicos de Caja y ministerio, para que definan cuáles son los parámetros ideales para la acreditación”, explicó el gerente.
En la CCSS, informó Ruiz, hay 148 quirófanos repartidos en hospitales nacionales (como el México o el Calderón), regionales (San Vicente o San Rafael), periféricos (La Anexión o San Francisco de Asís) y en Centros de Atención Integral en Salud (CAIS), como el de Desamparados o Puriscal.
La mayor preocupación con la norma se concentró en el requisito impuesto para todos del banco de sangre.
El oftalmólogo Carlos Mejía, uno de los médicos que impulsó esta lucha contra la norma, comentó que, de haber seguido adelante con la medida todos los hospitales del segundo nivel (regionales y periféricos) hubieran tenido que cerrar sus quirófanos.
“¡Cómo se les ocurre pedir un banco de sangre! Eso provocó un caos generalizado tanto a nivel de la Caja como privado. El reglamento no tenía ni pies ni cabeza, y no necesitamos de un amparo para traerlo abajo”, comentó Mejía.
Adolfo Rodríguez Chen, jefe de consulta externa en la Clínica Oftalmológica de la Caja, dijo que en este caso hubieran tenido que hacer algún ajuste administrativo para poder funcionar amparados al banco de sangre del Hospital México, su vecino más inmediato.
“Son normas que establecen de manera arbitraria. Yo creo que tenemos que analizar muy bien las cosas cuando ponemos las normas.
"Revisar muy bien pros y contras, y medir el beneficio real que se obtiene de normar, porque lo que se busca es más seguridad y no generar caos o riesgos innecesarios”, dijo Rodríguez.
Por ahora, no se sabe para cuándo estará listo el nuevo reglamento.
“No hay nada que esté escrito en piedra. Una vez que esto se publica, si vemos que hay que hacer algún ajuste, se hace”, dijo César Gamboa quien aclaró que el proceso que conduce a publicar una norma incluye una consulta pública de diez días hábiles a la cual, generalmente, la gente no le da importancia.