José Andrés Céspedes. 26 mayo
La jurista costarricense fue elegida el 22 de noviembre de 2019 como nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo de dos años, comprendido entre el 2020 y el 2021. Foto: Mayela López
La jurista costarricense fue elegida el 22 de noviembre de 2019 como nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo de dos años, comprendido entre el 2020 y el 2021. Foto: Mayela López

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Elizabeth Odio Benito, dictó este martes medidas urgentes para que el Estado de Panamá asegure, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria La Peñita y Laja Blanca.

Estas estaciones están ubicadas en la provincia de Darién, al sur del país. Además, Odio indicó en su resolución que, debido a la situación actual de pandemia, se debe asegurar la detección temprana y el tratamiento del covid-19 en estos centros.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha notificado el día de hoy al Estado de Panamá sobre la Resolución de la Presidencia que requiere la Adopción de Medidas Urgentes en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá.

“En su Resolución, la presidenta ha resuelto requerir al Estado de Panamá que adopte todas las medidas adecuadas para proteger, efectivamente, los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratoria La Peñita y Laja Blanca en la Provincia de Darién, de conformidad con los Considerandos 13 a 32 de la presente Resolución”, dice el comunicado enviado por la Corte IDH.

El 8 de octubre de 2009, la Corte IDH presentó una demanda contra la República de Panamá en relación con el caso 12.581, Jesús Tranquilino Vélez Loor, originado mediante petición recibida el 10 de febrero de 2004.

La demanda se relaciona con la alegada detención en Panamá del señor Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, y su posterior procesamiento por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser escuchado y de ejercer su derecho de defensa.

También por la falta de investigación de las denuncias de tortura presentadas por Vélez Loor ante autoridades panameñas, así como con las supuestas condiciones inhumanas de detención a las cuales habría sido sometido en diferentes centros penitenciarios panameños, desde el momento de su privación de libertad el 11 de noviembre de 2002, hasta su deportación a la República del Ecuador el 10 de setiembre de 2003.

Ahora, el Estado de Panamá deberá presentar, a más tardar el 10 de junio de este año un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

La presidenta de la Corte IDH indicó que los representantes de la víctima deberán presentar sus observaciones dentro de un plazo de una semana, contada a partir de la notificación del referido informe del Estado.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará sus observaciones a dicho informe del Estado panameño dentro de un plazo de una semana, contado a partir de la recepción de las observaciones de los representantes.

La jurista costarricense fue elegida el 22 de noviembre de 2019 como nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo de dos años, comprendido entre el 2020 y el 2021.

La ex vicepresidenta de la República es la segunda mujer en ocupar la presidencia de la Corte IDH desde que fue constituida, hace 40 años, en 1979.

Odio Benito, de 80 años, es jueza de la Corte IDH desde el año 2016. Este tribunal lo integran siete miembros y tiene su sede en San José, Costa Rica.

Además, fue jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional ad hoc para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia (1993- 1998).

Ella fue ministra de Ambiente y vicepresidenta durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, entre 1998 y el 2002. También, fue la presidenta del grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de la redacción del Protocolo Opcional contra la Tortura, entre el 2000 y el 2002.