EscucharLos magistrados de la Sala Constitucional han confirmado la relevancia de la vacunación contra la covid-19 como medida de salud pública para frenar la diseminación de esta enfermedad.
Un fallo reciente reitera la obligación de vacunarse y legitima las acciones que las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han desarrollado para proteger a la población contra las complicaciones causadas por el SARS-CoV-2, el virus que produce la covid-19.
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Basados en hechos y en normativa vigente, incluido el Código Civil, de Trabajo y la Ley General de Salud, los magistrados dieron un espaldarazo a la obligatoriedad de que empleados públicos se vacunen contra la covid-19. También los patronos privados estarían en la potestad de exigir esa inmunización a sus colaboradores.
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Fueron 13 los recursos de amparo que, tras un serio y minucioso análisis de la Sala IV fueron rechazados por los magistrados.
Aquí no se trata de creer en rastreo de satélites rusos o de manifestar, sin sustento técnico alguno, que la población es un ‘conejillo de indias’ en experimentación de las farmacéuticas, como han diseminado falsamente decenas de personas, en el país y en el mundo.
Los magistrados dieron su palabra. Ahora, para un grupo importante de nuestros habitantes esta vacuna será una obligación, en aras de proteger la salud pública y salir pronto del atolladero en que nos ha metido esta emergencia sanitaria.
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