La pandemia de la covid-19 ha creado una “gran desconfianza” en los certificados médicos, como lo demuestran las sospechas, denuncias e investigaciones planteadas por la posible falsificación de estos documentos presentadas a lo largo de este año.
Así lo afirmó Cecilia Bolaños, fiscala del Colegio de Médicos, quien explicó que el principal motivo de esta desconfianza es la utilización de los dictámenes para demostrar una enfermedad que permitiera adelantar la vacuna contra la covid-19 o, por el contrario, para no recibirla. Esa es la principal explicación del aumento de investigaciones de cuatro a 20 de un año a otro.
De esos procesos, cinco han sido archivados, dos han sido elevados al Tribunal de Ética Médica y los otros 13 continúan en etapa de investigación. El aumento también se distancia de otros años, ya que en 2019 solo se denunció a siete profesionales y en 2018 únicamente a cinco.
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Cecilia Bolaños, fiscala del Colegio de Médicos, reconoció que en la mayoría de casos aún no han logrado corroborar si realmente los profesionales faltaron a la verdad en sus declaraciones. En todos los procesos se les solicitan las pruebas que se consideran necesarias a los denunciantes y se le exige a los agremiados involucrados que demuestren la veracidad de las patologías que consignaron en los documentos.
Según relató la vocera, donde se comenzó a percibir la “desconfianza” en los certificados fue en la zona norte, principalmente en San Carlos, donde nueve médicos fueron denunciados porque supuestamente daban estos documentos para adelantar la vacunación. Al final, la mayoría de los casos fueron archivados, porque se demostró la veracidad de las declaraciones.
Esas denuncias fueron planteadas incluso por otros médicos de la región, que no confiaban en los certificados que daban algunos de sus colegas, precisamente porque era una zona donde muchas personas de otras partes del país acudían para vacunarse contra la covid-19.
“Muchas de estas denuncias se dieron porque a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente de sedes regionales, consideraron que era muy raro que hubiera mucho aumento de certificados médicos para adelantar vacunación. En la gran mayoría de los casos, los médicos lograron demostrar que eran pacientes conocidos de ellos que no estaban en el EDUS porque nunca habían asistido a consulta pública, sino que solamente en consulta privada.
“Incluso hubo una denuncia porque uno era pediatra y el paciente tenía 20 años, entonces en realidad era que desde niño el paciente era asmático y fue tratado siempre por el mismo pediatra, entonces él hizo la certificación porque desde niño era asmático severo. Esos casos se desestiman y se archivan, pero cuando nos quedan dudas, se elevan a la Junta de Gobierno del Colegio con la recomendación de que sean elevados al Tribunal de Ética Médica”, explicó Bolaños.
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De demostrarse la falsificación, los médicos se exponen a una denuncia penal y de comprobarse, aparte del castigo en esa vía, el Colegio podría suspenderlos seis años para ejercer la profesión.
Monitoreo
Las investigaciones que realiza el Colegio no solo son por denuncias, sino también de oficio cuando se enteran de casos por medio de la prensa o redes sociales, las cuales son revisadas constantemente por tres criminólogos que identifican posibles irregularidades. De hecho, alegó que esa “desconfianza” por los certificados médicos creció luego de que un caso se ventilara por televisión nacional.
“Las investigaciones se hacen no solo por lo de las vacunas, sino también por certificados para licencia de conducir o por un juicio donde no se presentó el imputado por un dictamen médico, por ejemplo”, agregó la fiscal.
Bolaños advirtió además de que estos documentos “tienen que estar hechos en la papelería oficial del Colegio de Médicos, no puede ser que se haga en una receta o en un papel cualquiera”.
Muchas denuncias no terminan en una sanción porque el denunciante no aporta la prueba suficiente o porque no lleva su expediente clínico. Esto último es importante porque, según dijo, el Colegio no puede solicitar ese documento a nivel público o privado, ya que solo se le brinda al paciente por la privacidad de sus datos. La Fiscalía de la organización, entretanto, no tiene ninguna otra forma de agilizar los procesos, porque sería contra derecho.
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“Desde hace año y medio se hizo una página web donde se explica la forma de denunciar y cuando recibimos una denuncia, asistentes legales reciben a la persona y se le explica todo. Siempre se manda a solicitar las pruebas y se sanciona de acuerdo al Código de Ética. Eso es lo que podemos hacer”, dijo.
El Colegio también dispone de la Oficina de Concertación que facilita el proceso si las partes, denunciante y médico, quieren llegar a un arreglo.
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