Un nuevo reglamento, que estaría listo esta semana, establecerá cómo calcular las afectaciones y con cuánto se deberá indemnizar a cada exobrero, víctima del rocío del pesticida Nemagón entre 1967 y 1979.
El texto que permitiría los desembolsos registra 13 años de atraso; la Ley 8.130, para indemnizar a los exbananeros, existe desde el 2001, y con ella se conformó una unidad técnica que resolvería los casos. Pero nunca se estableció cómo procedería.
Entre tanto, el pago de pólizas está a cargo del Instituto Nacional de Seguros y los casos los tramita la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, integrada por Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y líderes exobreros.
Hernán Solano, director del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, explicó que están elaborando la normativa desde hace tres años y que esta semana será enviada para la firma de Presidencia.
“Este texto pone en blanco y negro cuál será la metodología para indemnizarlos. Se establece qué tipo de exámenes médicos se harán y dónde hacerlos, de tal forma que la persona sepa sobre el camino legal. Esto es para finiquitar el tema”, dijo.
Además de los afectados directos, el reglamento incluirá el procedimiento para indemnizar a los indirectos: cónyuges y parientes de los exobreros.
El 12 de setiembre, tras acoger un recurso de amparo de la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional ordenó al Estado tramitar las 11.856 quejas de indirectos que esperaban a falta de reglas y le dio un plazo de dos meses para publicarlas.
Para entonces, la Unidad Técnica había recibido –desde el 2001– 37.500 quejas de exobreros y sus parientes, y pagado ¢14.000 millones para indemnizar a 13.974 extrabajadores. Aunque rechazó 11.577 reclamos, aún tenía pendiente indemnizar a 50 exbananeros.
Si se comprueban daños, el monto máximo que recibiría cada exobrero es ¢1,9 millones.
El ministro de Trabajo, Víctor Morales, reconoció lo complejo que es determinar daños morales y fijar los pagos.
Aunque admitió que no hay fórmula para poner precio a la salud, Gustavo Koutsouris, abogado demandante en el caso denominado Exobreros–Bananeras, explicó que un perito médico y uno matemático darían los esquemas.
“Pero será el juez, por disposición doctrinaria, quien defina de cuánto será cada indemnización. Eso, con base en todos los elementos probatorios”, dijo.